Por Stella CalloniLa decisión del gobierno de Estados Unidos de poner en blanco las bases militares que desde hace años mantiene en Colombia, así como el golpe militar en Honduras del 28 de junio de 2009, donde mantiene la estratégica Soto Cano, en Palmerola y otras instalaciones similares distribuidas en distintos puntos de ese país, dentro del trazado del Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, no debería ser una sorpresa para América Latina.
Lo que sorprende, en todo caso, es advertir que, a pesar de todos los anuncios de los gobiernos de Washington con respecto a sus nuevos planes y diseños militares para control y dominación regional, no haya sido creado en América Latina algo así como un Comité Estratégico de Defensa y Seguridad regional, para dejar de estar bajo el paraguas del Pentágono como simples proyecciones coloniales.
El trazado de Guerra de Baja Intensidad (GBI) no fue un invento de analistas “delirantes”, si no un perfeccionado diseño de renovadas formas contrainsurgentes, que se aplica desde los años 90.
En ese año -conjuntamente con la puesta en acción del Consenso de Washington- se modificó y amplió el entramado del Conflicto de Baja Intensidad (CBI) en los paradigmas de la contrainsurgencia que viene desde los años 60. Otro paso gigante comenzó en los años 2000 para ese proyecto contrainsurgente, cuya misión es mantener a la región bajo control y desarrollar las actividades necesarias para lograrlo.
Desde los años 90, Estados Unidos había decidido también dislocar el Comando Sur y levantar sus bases de la zona del Canal de Panamá, que resultaban obsoletas para los nuevos planes de GBI y otras modalidades contrainsurgentes de recolonización regional. A partir de los años 80 habían analizado que esa concentración de bases era un objetivo muy expuesto de retaliación en cualquier conflicto de alta intensidad.
A esto se añadió otro cambio que fue la formación de las Fuerzas de Despliegue Rápido, lo que requería una red de bases y estructuras militares en toda América Latina.
En octubre de 2001 al plantear la guerra “como una respuesta rápida al terrorismo” el Pentágono definió la necesidad de crear un “Comando para las Américas”.
Al hacer balances generales y definir la estrategias antiterroristas, en una segunda parte de la iniciativa, el Departamento de Estado marcó un eje en lo que llamó entonces “ofensiva contra el terrorismo en las Américas”, señalando que “el narcotráfico es la base de acciones y grupos terroristas”.
Lógicamente esto indicaba la necesidad de “fortalecer” el Plan Colombia, un proyecto geoestratégico de recolonización para toda América Latina, que inauguró sombríamente el Siglo XXI en la región. Estaba diseñado para el combate contra “las organizaciones terroristas en Colombia y sus similares en la Región Andina “.
De allí rápidamente añadieron al plan madre (Colombia) el de la “Iniciativa para la Región Andina”. A los más de mil millones de dólares aportados para el Plan Colombia, se destinaron 730 millones adicionales para la llamada “guerra contra el terrorismo y el narcotráfico en la región”.
Por supuesto Colombia debía aportar la mayor parte del gasto y la “ayuda” de Estados Unidos consistía en un virtual préstamo para la compra de armas y equipos y otros “gastos” en este último país.
Es la misma fórmula con que se trazó en Washington el Plan Mérida destinado a México, país que debe mirarse en el espejo de Colombia.
En esos días de fines de 2001, el Coordinador para el terrorismo del Departamento de Estado en Washington Francis Taylor, aseguró que su oficina estaba “trabajando con las diferentes agencias del gobierno para diseñar una estrategia antiterrorista para Colombia y otros países andinos para complementar el Plan Colombia” que se había aprobado el año anterior y ” la Iniciativa Regional Andina (IRA) que se discute este año”.
Se destacaba que este nuevo plan a gran escala era de importancia fundamental “para el Hemisferio Occidental” después de lo que llamaron la “guerra iniciada el 11 de septiembre” con el atentado a las Torres Gemelas, cuyo verdadero origen sigue hasta hoy en un oscuro cono de sombras.
En esos momentos, en Washington se hablaba públicamente sobre la creación del Comando para las Américas y se informaba que el principal objetivo de “la intervención militar” en Colombia era “el combate contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC)” de ese país, a las que Washington colocó como “el enemigo número uno”, a pesar de que nada tenían que ver con el atentado.
Vale recordar que, como en la más barata novela policial, al preguntar a quien sirvió ese atentado, todos los datos señalan a Estados Unidos, cuyos gobiernos ya tenían preparado el proyecto antiterrorista que se desarrolló a nivel mundial, cuando el ex presidente George W. Bush declaró la Guerra Infinita y sin fronteras al mundo.
El mismo Taylor, retomando el mensaje amenazante de Bush, al advertir que los países que no se alinearan a sus nuevas estrategias de guerra sufrirían represalias y el tratamiento de enemigos, sostuvo que “que nuestro país y el hemisferio ya no son seguros frente al terrorismo internacional”, para justificar las nuevas políticas militaristas.
Aunque dijo estar seguro de que los ataques se originaron en Afganistán, por supuesto encabezados por el ubicuo Osama Bin Laden el ex gran amigo de la familia Bush, y Al Qaida, “debemos admitir que las amenazas contra nuestros ciudadanos e intereses pueden venir desde cualquier frente, incluido el Hemisferio Occidental”.
En esos momentos el gobierno de Estados Unidos continuaba enviando fondos a la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado, y se incluyó un presupuesto, como ’suplemento de emergencia’ que diseñó el Congreso para responder a las nuevas “necesidades”.
Por su parte la Oficina para el Manejo del Presupuesto (OMB) ya planeaba un incremento importante del “paquete antiterrorista” destinado a América Latina en el 2003.
A pesar de que el más importante lavado de dólares en el mundo por narcotráfico se realiza-como está comprobado fehacientemente- a través de la Banca de Estados Unidos, Taylor dijo que esos nuevos fondos estarían dirigidos a “expandir la lucha contra el lavado de activos, que actualmente se concentra en el narcotráfico; a fortalecer los controles en aduanas, puertos y fronteras y financiar el entrenamiento de funcionarios y diversos programas de “intercambio de inteligencia” en Colombia y en el resto de la región.
El proceso de extensión de bases se había iniciado mucho antes del atentado del 11 de septiembre de 2001.
A una serie de instalaciones en diversos países, el 12 de noviembre de 1999, agregaría Washington la firma de un Acuerdo de “Cooperación bilateral” con el gobierno del entonces presidente de Ecuador, Jamil Mahuad para el “uso” -no decía “ocupación”- de la Base de la Fuerza Aérea ecuatoriana de Manta con el objetivo de luchar “contra el narcotráfico”.
Este acuerdo ilegal fue una de las causas -así como el intento de imponer un neoliberalismo a rajatabla, dolarizando la economía- que originó la multitudinaria rebelión popular que terminó derrocando a Mahuad en enero de 2000.
El actual presidente de Ecuador, Rafael Correas, tenía el mandato popular para terminar con la presencia de las tropas de Estados Unidos en Manta y decidió hacerlo, acordando su retiro definitivo antes de noviembre de 2009.
En realidad Estados Unidos llamaba a esa ocupación como “instalación del Puesto de Avanzada” (FOL en sus siglas en inglés), como denomina a algunas de sus bases en otros lugares, mientras continúa en la presión sobre gobiernos para nuevos acuerdos similares al que había logrado en Ecuador.
De la misma manera expandió la presencia de sus servicios de inteligencia, invadiendo silenciosamente con Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, a América Latina. Reinstaló los seguimientos, controles y represión que siempre realizó la CIA y el FBI, con el uso de las dependencias de seguridad de nuestros países y nuevas tecnologías de avanzada, acumulando datos e información altamente clasificada para sus necesidades de control regional.
La introducción de la Agencia Antidrogas (DEA) en los años 80 fue activar otro mecanismo de brutal espionaje, acciones encubiertas y guerra sucia en todo el continente. Una de las mayores víctimas en los últimos 28 años fue Bolivia.
Para entender cómo avanzaría ese proyecto, el Departamento de Estado mencionaba como “peligrosas” a todas las organizaciones sociales de Colombia, además del enemigo número “Uno” las guerrillas de las FARC.
Llegó a tal límite, que para asustar a propios y ajenos, se decía que “hoy día (2002), el grupo terrorista internacional más peligroso basado en este hemisferio es la FARC “.
Mintieron descaradamente cuando informaron que los dirigentes de las FARC “no sólo festejaron” el ataque a las Torres Gemelas, sino que” llamaron a atacar a Estados Unidos” y ante eso se justificaban de que “nuestra única esperanza es limitar la amenaza que plantean grupos como las FARC, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los de origen árabe que operan en la zona(otra asombrosa falsedad) estrechando nuestra cooperación en inteligencia y actividades policiales con nuestros aliados”, como dijo Taylor.
Los Servicios de Seguridad del Pentágono, hacían saber que el Comando para las Américas, encargado de “la defensa del Hemisferio Occidental” se implementaría a partir “del entrenamiento y el despliegue operacional del Comando Sur del Ejército norteamericano”.
Cuando a fines de 1999 el Comando Sur sacó sus últimas instalaciones de Panamá, ya tenían preparadas sus nuevas bases y refugios y se habían extendido por la región Andina en un trazado estratégico, que no era precisamente invisible.
El cerco alrededor de Colombia era formidable y desde esos años se había concretado otro cerco operacional de alta tecnología de guerra sobre la Zona de distensión, donde se llevaban adelante las conversaciones del gobierno con la FARC la famosa zona de despeje de San Vicente del Caguán que tantas esperanzas creó.
Llevaría un tomo de unas mil páginas resumir todo lo actuado por Estados Unidos para impedir la paz en Colombia.
Mientras hipócritamente simulaban alentar la pacificación, enviaban nuevos fondos para el fortalecimiento de bases en Colombia y en otros países donde fueron estructurando esta red, en tiempo de los gobiernos “gerentes” y sumisos y con el silencio de la OEA.
Los Congresistas de Estados Unidos habían declarado que el Plan Colombia significaría la derrota de las guerrillas, pero lo que se evidenció ya desde los años 2002-2003 es que se trataba de un diseño regional de contrainsurgencia con nuevos protagonistas como las empresas privadas de paramilitares y mercenarios.
Colombia estaba ya hace mucho tiempo bajo una virtual guerra colonial que en el marco de la Baja Intensidad y el Plan Colombia se podía extender desde esa sede a todos los países de la región.
Los paramilitares nunca entraron de lleno en la caracterización de “terroristas” salvo aquellos “algo independientes” o díscolos o más exigentes en las ganancias del narcotráfico, que no son tolerados.
De las violaciones y derechos humanos-incrementados en todo el desarrollo del Plan Colombia- la “guerra sucia Interna” y contra los vecinos, como se vio en Venezuela y Ecuador, nada se decía públicamente.
Taylor en 2002 había anunciado a grandes voces que Estados Unidos estaba decidido a utilizar sus fuerzas militares en América Latina, para “combatir el terrorismo”.
Para Washington y el Pentágono, los movimientos campesinos, indígenas, sociales, sindicales, políticos y otros podían entrar rápidamente en el concepto de “terrorismo” que diseñaban sus estrategas.
Nunca se descartó la posibilidad de intervención en América Latina y de hecho había finalizado el siglo XX (diciembre de 1989)con la invasión a Panamá, un país de dos millones de habitantes, que ocupaban sus bases y tropas en una zona que dividía en dos a esa nación.
Para invadir Panamá cruzaron una calle. Es ese el sueño del Pentágono: cruzar una calle o espacios muy cortos, como podría suponer invadir Bolivia desde su puesto de avanzada, el cuartel militar paraguayo en Mariscal Estigarribia, a 250 escasos Km. de la frontera boliviana, donde tienen una pista similar a la de Palmerola, 3 800 metros de largo para aterrizar sus enormes aviones.
El cerco sobre Bolivia incluye a las bases de Estados Unidos en Perú. En ambos países hay tropas de Estados Unidos en maniobras permanentes.
En los años 2002, el general James Hill, como Jefe entonces del Comando Sur advirtió al Congreso de su país que “la principal prioridad para esa institución” debe ser alentar el apoyo regional a la guerra contra el terrorismo mejorando las capacidades de las naciones asociadas, asegurando el acceso operacional de Estados Unidos, y estableciendo socios confiables de la coalición.
Asegurar “el acceso operacional” de Estados Unidos, fue la clave para la siembra de bases e instalaciones estadounidense en la región.
En otros informes de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se afirmaba que entre los objetivos relacionados con los “intereses vitales” de ese país y para los cuáles debía poder asegurarse la posibilidad de una intervención armada, debía incluirse la defensa de la globalización.
Es decir ”el mantenimiento de la estabilidad y la viabilidad de los sistemas globales, como son las redes comerciales, financieras, de energía y del medio ambiente”. Con esto estaba todo dicho.
Han pasado siete años y cada uno de los pasos de ese proyecto de Washington se cumplió y sigue adelante con variaciones para mejorar el avance. Nunca para retroceder. Aunque en estos últimos años han encontrado una barrera inesperada en otro tipo de gobiernos que surgieron en una región donde los pueblos están en permanente acción independentista, aunque muchos no se atrevan a llamar así a una rebelión libertadora, que es lo que está sucediendo.
En defensa del libre mercado, la globalización y las democracias de seguridad, Estados Unidos actuó contra los pueblos de América Latina intentando impedir que llegaran al gobierno presidentes populares y desatando guerras sucias, sicológicas, de Primera, Segunda o Tercera Generación, que en realidad mantienen los antiguos elementos contrainsurgentes, apoyados en enormes avances tecnológicos. Pero la raíz es la misma de siempre.
Golpes Suaves, medianos, fuertes, todo vale, mientras crece y se extiende el número de tropas. Para tener a mano a sus viejos amigos de las dictaduras de la seguridad nacional, Washington se aseguró de librar otra Guerra de Baja Intensidad, tratando de convencer que las “reconciliaciones” era buenas para las “democracias” modernas y que había que dejar atrás el pasado y pactar con los responsables de crímenes de lesa humanidad de las dictaduras. Con eso aseguraban impunidad para sus viejos cuadros militares y policiales en la región, a lo que ahora están utilizando para los nuevos escenarios contrainsurgentes, como se evidenció en Honduras.
Washington tuvo muchos voceros de sus proyectos. En los años 2004, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld advertía: “debemos tener la capacidad de ejercer un poder de disuasión en cuatro teatros de operación…debemos poder derrotar a dos agresores al mismo tiempo. Y simultáneamente debemos poder conducir una contraofensiva y ocupar la capital de un país enemigo instaurando un nuevo régimen”.
Nada mejor para eso que tener una base en cada lugar como sucede en varios países de América Latina, como en Colombia y Honduras.
Fuente: Cuba Debate
