De todo se puede hacer plata en EE.UU., hasta de los inmigrantes a punto de ser deportados. Varias empresas privadas administran prisiones por las que alrededor de un millón de sin papeles han pasado en espera de su expulsión y en condiciones de pesadilla: mujeres y niños violados por los guardianes y muertes causadas por falta de atención médica básica. Las más importantes son la Corrections Corporation of America (CCA) y el GEO Group, las financia el gobierno y gozan del pleno apoyo de Wall Street. No es raro entonces que alienten con fuerza la criminalización y el encarcelamiento de centroamericanos, mexicanos y otros que entraron a la potencia del Norte en busca de trabajo.
La T. Don Hutton, una verdadera cárcel con sede en Taylor, Texas, es un caso que grita: en los primeros días de marzo de 2006 se comenzó a encerrar en ella a los padres y los hijos que iban a ser echados y no tardaron los informes y denuncias sobre el maltrato que el personal de la CCA propinaba a los niños. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) documentó los hechos en una querella judicial y se prohibió alojar a familias en T. Don Hutton, sólo podían ingresar mujeres (www.aclu.org, 26/8/07). El remedio fue peor que la enfermedad: se incrementaron los abusos sexuales y violaciones (www.aclu.org, 20/8/10). La Casa Blanca se ocupa de otras cosas, de guerras, por ejemplo.
Los presos deben pagar su atención médica y que puedan es difícil y aun imposible: en el centro de detención del condado texano de Reeves murieron cinco hombres entre agosto de 2008 y marzo de 2009 –dos suicidios incluidos– por inatención a su salud. El 12 de diciembre de 2008 falleció encerrado en solitario Jesús Manuel Galindo, aquejado de epilepsia, y los guardianes retiraron su cuerpo en una bolsa. Esto desató a mediodía un motín de proporciones: el 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, un hondureño y un mexicano recluidos en un calabozo quemaron un colchón y los demás cautivos obligaron a sus vigilantes a liberarlos (www.texasobserver, 7/10/09). Acudieron Rangers, agentes del FBI, policías y efectivos del Departamento de Seguridad Pública, pero no pudieron sofocar la protesta.
Comenzaron las negociaciones y los intermediarios descubrieron, para su sorpresa, que no se trataba de un enfrentamiento gangsteril, una cuestión racial o un estallido espontáneo de violencia: los presos tenían sus demandas por las pésimas condiciones en que los sume el GEO Group. Exigieron una reunión con miembros del Consulado mexicano, el FBI y los guardianes para exponer sus reivindicaciones. Por la tarde, una delegación de siete detenidos –un venezolano, un nigeriano, un cubano y cuatro mexicanos– denunciaron la comida incomible, el abuso del solitario para castigar a quienes pedían tratamiento médico y, sobre todo y ante todo, una completa falta de atención en la materia. Las autoridades prometieron soluciones y el motín terminó al día siguiente.
Promesas son promesas y menos de dos meses después, el 31 de enero del 2009 los presos tomaron nuevamente el control de la cárcel. Esta vez la rebelión duró cinco días y el valor de los daños causados por la represión y la resistencia ascendió a 20 millones de dólares. El GEO Group fue obligado a pagar compensaciones por los maltratos que su personal había infligidos a los internados en Pennsylvania, Texas, Illinois y Nuevo México –hasta 40 millones de dólares por la muerte de un preso en Raymondville–, pero esto poco dañó sus finanzas: acopia 1700 millones anuales.
El sitio Seeking Alpha, que presenta análisis de mercado muy tenidos en cuenta por Wall Street, reveló que los ingresos de la CCA ascendían a 1600 millones de dólares en 19 estados, con un margen de ganancia del 9,4 por ciento (//seekingalpha.com, 23/3/10). Y no es casual que en el presupuesto federal ocupe cada año más espacio el rubro de la represión a los inmigrantes. Estas empresas practican un lobby muy eficaz en los departamentos gubernamentales competentes: cada dólar que el GEO Group invirtió en dicha actividad en el período 2005/2009 se convirtió en 662 billetes verdes en los contratos que obtuvo por un valor total de casi mil millones de dólares. Por algo la inversión del gobierno en la materia aumentó un 51 por ciento desde 2006 a la fecha.
La Casa Blanca aplica la legislación aprobada en 1995 con más dureza cada vez. El número de operativos para detener inmigrantes en lugares de trabajo, vecindarios y hasta en paradas del transporte público y estaciones del subte se duplicó en 2007 en relación con el 2006, según las últimas cifras conocidas, y la cantidad de los encarcelados pasó de unos 250.000 a más de 310.000 en ese lapso. En tanto, los cerebros de Wall Street aconsejan a sus clientes comprar acciones de la CCA y el GEO Group. Perseguir, detener y deportar inmigrantes es un buen negocio en EE.UU.
