Ya lo señaló hace unos días Noam Chomsky en una entrevista con Amy Goodman en la televisón alternativa estadounidense Democracy Now: “Bush secuestraba y torturaba, Obama asesina”.
Al gobierno estadounidense no le hacen falta ni jueces ni tribunales. El presidente de los EE.UU., como un rey absolutista o un señor feudal planetario, se arroga el derecho sobre la vida o la muerte de cualquier ser humano. Sus asesores lo reconocen a la gran prensa estadounidense y no sucede nada.
El pasado mes de marzo se hizo público el informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En ese documento pide al Gobierno estadounidense que aclare las normas del derecho internacional que considera le dan cobertura para sus asesinatos selectivos puesto que, hasta entonces, se habían limitado a justificarlo jurídicamente con las declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado, algo que el relator consideró, como es lógico, insuficiente. El alto cargo de la ONU insiste en que el Gobierno estadounidense especifique las bases para la decisión de matar en lugar de capturar "objetivos humanos" y si el Estado en el que la muerte se lleva a cabo ha dado su consentimiento. Se debe, dice el relator, especificar las garantías procesales establecidas para asegurar que se respete el derecho internacional.
Por su parte, la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (IADL) emitió un comunicado recientemente coincidiendo con el relator en que la práctica de asesinatos selectivos [justificada por los Estados Unidos] podría sentar un precedente peligroso, ya que cualquier gobierno podría, bajo la cobertura de la lucha contra el terrorismo, decidir matar a una persona en el territorio de cualquier Estado, si considera que dicho individuo es una amenaza. Esta asociación añade que esto supone que un país como los Estados Unidos, con su abrumador poder militar para asesinar a una persona bajo la sospecha de terrorismo en cualquier lugar, socava el derecho internacional, en concreto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos, en el que se plantea que “todo ser humano tiene el derecho intrínseco a la vida” y que “los acusados de un delito disponen de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo por un tribunal imparcial”. Los asesinatos selectivos de Estados Unidos violan ambos derechos.
La Asociación de Juristas considera que los argumentos de autodefensa de Estados Unidos “no puede ser tolerados por la comunidad internacional, independientemente de las atroces acciones de las que sean sospechosas las víctimas. (…) En la medida en Estados Unidos se arroga el derecho de matar a los sospechosos de terrorismo o de sus aliados, se sienta un precedente peligroso para que lo haga cualquier país puesto que el jefe del ejecutivo estadounidense se arroga el papel de jurado, juez y verdugo de las personas sospechosas de pertenecer a Al-Qaeda o ser talibanes”.
Concluye afirmando que “si la comunidad internacional no presta atención a la advertencia del Relator Especial sobre este peligroso precedente y no exigen el final del asesinato selectivo, el respeto de los tratados internacionales y el derecho se verán todavía más perjudicados. El mundo necesita el imperio de las normas del derecho internacional y saber que puede contar con su aplicación y regulación sobre la conducta de las personas en las naciones grandes y pequeñas, ricas y pobres. Los Estados Unidos no está exentos ni por encima de la ley”.
Ninguna de estas voces han sido recogidas en los grandes medios de comunicación. Como afirma el periodista italiano de Il Manifesto Marco D'Eramo, “el más grande horror es aquel del que nadie se horroriza. Y es el que ha llegado a los 'mass media' mundiales sobre la 'kill list' de Obama”. Sin duda, el aplauso de los miserables gobernantes europeos -y de gran parte de la población- al asesinato de Bin Laden en mayo de 2011 mediante un comando que actuó con igual impunidad, le confirmó al presidente estadounidense que podía seguir operando con la misma tranquilidad. Al fin y al cabo, si no necesitó capturar y llevar a juicio al saudí y pudo matarlo y tirar su cuerpo al mar sin que la comunidad internacional se indignara, ¿por qué no lo puede hacer con otras personas?
Pocos imaginaban que cuando Obama anunció el cierre de Guantánamo era porque ya no necesitaba encerrar a los sospechosos de terrorismo, había encontrado un sistema más eficaz y menos polémico. Había unido en un mismo formato los GAL españoles, los escuadrones de la muerte salvadoreños y la Operación Cóndor del Cono Sur latinoamericano. Y, mientras tanto, le estaban dando el Premio Nobel de la Paz. Qué más se puede pedir.
Fuente: Pascual Serrano.net
