Pase lo que pase en las próximas semanas y hasta el 27 de enero, fecha en que Porfirio Lobo Sosa, ganador de las cuestionadas elecciones en Honduras, tomará posesión de un cargo que hasta el momento casi ningún país en el mundo reconoce, resulta cada vez más claro que lo que ha ocurrido en este país centroamericano a partir del 28 de junio marcará un evidente retroceso en el proceso de consolidación de la democracia en el continente latinoamericano. En este contexto, no se pueden obviar las evidentes responsabilidades que tiene el nuevo gobierno de Estados Unidos en su ofensiva para reposicionarse en el continente.
Con el golpe de Estado del 28 de junio, los poderes fácticos hondureños que, junto a las fuerzas represivas y a sus aliados internacionales controlan la economía y la política del país, lograron detener un proceso de emancipación en el que, por primera vez en la historia de Honduras, las fuerzas vivas del pueblo estaban colaborando con el Ejecutivo para imaginar y planear un futuro diferente, aspirando a un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente incluyente y marcadamente popular.
Paralelamente, Honduras había iniciado un camino dirigido a fortalecer la unidad centroamericana y latinoamericana, adhiriendo al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a Petrocaribe y al ALBA.
Demasiado para las fuerzas retrógradas del país y del continente, que veían amenazados sus intereses históricos y el status quo de privilegios conservado por décadas gracias a la violencia y la represión de aparatos militares al servicio de los grupos fácticos y de sus aliados internacionales.
En este contexto no deben sorprender, aunque si indignar, las recientes declaraciones de la titular de política exterior del gobierno estadounidense, Hillary Clinton, durante su informe sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
“Nos preocupan los líderes que son electos de manera libre, justa y legítima, pero que después de ser elegidos comienzan a socavar el orden constitucional y democrático, el sector privado, los derechos de los ciudadanos de vivir libres de hostigamiento, de represión y de poder participar libremente en sus sociedades”, ha dicho Clinton apuntando el dedo acusador contra Venezuela, Nicaragua y, aunque sin mencionarlos, todos aquellos gobiernos que no siguen fielmente los “consejos” de Washington.
Sería interesante preguntarle a la señora Clinton y al flamante Premio Nóbel de la Paz, qué es lo que entienden con estas palabras. ¿O acaso no se percataron de que en Honduras hubo un golpe de Estado y que el Presidente legítimo de este país sigue encerrado en una embajada?
“Lo que me preocupa es cómo volvemos al camino correcto, a uno en el que se reconoce que la democracia no es un asunto de líderes individuales, sino de instituciones fuertes”, sentenció Clinton en su discurso.
¿Cómo clasificaría la administración Obama, que inmediatamente reconoció la legitimidad de un proceso electoral sin observadores, viciado por desarrollarse en medio de la represión, la violencia, en el marco de una ruptura constitucional de la que fue parte el mismo Tribunal Supremo Electoral, el estado de terror en que vive buena parte de la población hondureña que desconoce el actual gobierno de facto y que no quiso ser cómplice de esta burda maniobra para legitimar y asentar el golpe?
Sobre Honduras, la titular del Departamento de Estado dijo que su país trabajó para lograr una “aproximación pragmática, de principios, multilateral, que apuntaba a restaurar la democracia”. Nadie se percató de ello, porque lo único que logró esa “aproximación pragmática” fue tratar de aniquilar todos los procesos y los logros alcanzados en los últimos años, posicionar sus piezas clave, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias antes que todos, para tomar las riendas de la situación, apartando de su camino los esfuerzos hechos desde el primer momento por la OEA, la ONU, los países del SICA, del ALBA y de otras instancias del continente latinoamericano.
Para completar la farsa montada por el gobierno de facto, ahora Estados Unidos pide que se dé cumplimiento al Acuerdo Tegucigalpa-San José, instalando un gobierno de unidad y reconciliación que no prevé la presencia de Manuel Zelaya, ni de sus principales ministros y asesores, en su mayoría obligados a vivir en el exilio. Al mismo tiempo, el gobierno de facto de Roberto Micheletti envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de amnistía, para blanquear a todos los que en estos cinco meses han violado sistemáticamente los derechos humanos.
Una nueva pantomima que persigue el objetivo de legitimar de manera definitiva el golpe de Estado, y que pretende sentar un ejemplo para el resto del continente. Un manual del perfecto golpe de Estado estilo siglo XXI, que envía un mensaje muy claro sobre cuál va a ser la política Obama para Centroamérica y América Latina.
No una guerra directa como en Irak y Afganistán, tampoco a través de amenazas como el despliegue de la IV Flota en el Atlántico, la instalación de las bases militares en Colombia o palabras directas como las que Hillary Clinton dirigió a quienes se atrevan a mantener relaciones con Irán, sino una guerra solapada, de “baja intensidad”, moviendo los hilos más “oscuros” de la diplomacia y de las cadenas de “agencias especiales” preparadas para infiltrar países, gobiernos, procesos electorales y movimientos.
Una “guerra necesaria y justificable”, diría el presidente Obama.
La Resistencia: un bastión necesario
Si hay algo que los poderes fácticos y el mismo Estados Unidos no calcularon fue la impresionante capacidad de reacción del pueblo hondureño.
Después del 27 de enero Honduras entrará inevitablemente a una nueva etapa de su sufrida historia. Concluido el período presidencial de Manuel Zelaya, será el turno de Porfirio Lobo.
Un gobierno extremadamente débil, en medio de una violenta crisis económica, con un escaso reconocimiento a nivel internacional y atado a las órdenes que le dictarán los autores principales del golpe, incluyendo a Estados Unidos.
Ante este escenario, la que ha sido la resistencia contra el golpe, hoy convertida en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), tendrá que prepararse para una nueva fase de la lucha. Y las dificultades ya están en el tapete: la constante y selectiva represión denunciada a nivel mundial por las organizaciones de derechos humanos es una clara señal del temor que genera este proceso.
Los pasados 4 y 5 de diciembre, delegados y delegadas de organizaciones de todo el país que conforman el FNRP iniciaron una histórica segunda fase de la lucha, para fortalecer el proceso organizativo rumbo a la conformación de una fuerza política alternativa a los partidos tradicionales, capaz de conducir el pueblo hacia una Asamblea Constituyente.
Durantes esos dos días se conformaron varias comisiones y mesas temáticas que estudiaron el camino a recorrer en los próximos meses. Terminando la actividad, el dirigente sindical y coordinador del Bloque Popular, Juan Barahona, explicó que “Ahora vamos con un planteamiento ideológico político claro, para que todos los sectores organizados sepan hacia dónde vamos.
Necesitamos conocer nuestro camino, necesitamos una metodología para llegar a los sectores usando la técnica del caracol, de abajo hacia arriba, y tendremos un movimiento que le truene. Hay que mantener el ánimo –continuó Barahona– y proponernos tomar el poder en forma pacífica, antes o en el proceso electoral siguiente.
Sin embargo, hay que trabajar y muy duro, no es cuestión de dormirse, sino de poner en nuestras agendas diarias este proyecto”, concluyó.
Una nueva etapa de la lucha del pueblo hondureño ha comenzado.
Giorgio Trucchi - Rel-UITA
