20.9.10

El club de la pelea (Por Eduardo Aliverti)




La marcha estudiantil y docente del jueves pasado adquiere una significación especial. No es sólo por la notable cantidad de manifestantes, ni por repercutir ya en ciudades del interior, ni por haber carecido del aporte de grandes aparatos, ni porque ratificó el reverdecer movilizador del alumnado adolescente. Se trata, por más obvio que parezca, de cómo sectores populares dinámicos vuelven a apostar al Estado, a las políticas públicas, como motor de las reparaciones sociales. Y de que ahora es una apuesta manifiesta, no vergonzante.

Muy obvio, sí, pero si se lo piensa en términos históricos queda a la vuelta de la esquina aquello de que achicar el Estado es agrandar la Nación. Para constatarlo no hay que remitirse a Martínez de Hoz, ni a la rata, porque, si es por vigencia, rige que la ciudad más importante del país tiene como gobierno democrático a sus huestes sucedáneas. Gabriela Michetti (diputada nacional del PRO: con toda seguridad habrá muchos que perdieron la referencia de qué hace) acaba de decir que es una buena oportunidad para que los estudiantes aprovechen su energía, agarren el pico y la pala y arreglen, ellos mismos, los dramas edilicios de sus colegios. Es un testimonio impresionante esa frase de la ex vicejefa gubernamental porteña; cargo del cual tampoco habrá una mayoría que lo recuerde, incluyendo a quienes la votaron en 2007, porque su rol como tal fue sencillamente nulo. Refleja el pensamiento de derecha con una crudeza pornográfica que debe agradecerse, porque sirve para que nadie pueda hacerse el desentendido. Médicos y enfermeras deberían aprovechar su vocación y proveerse insumos quirúrgicos. Los albañiles de las obras públicas porteñas no tendrían que pensarlo un segundo más y gastar parte de sus salarios en la compra de materiales, para que Buenos Aires esté rápidamente bueno si es que los recursos municipales no alcanzan. Son esos fondos que según Macri bastaban y sobraban para ser Bruselas, sin necesidad de recurrir al erario nacional. Y ya que estamos, los docentes bien podrían hacer valer su espíritu combativo-solidario y colaborar con los inspectores en la requisa de los boliches. El firmante no intenta extremar un absurdo, porque de por sí el desatino de Michetti es insuperable: simplemente sigue la lógica de quien, por razones muy difíciles de digerir al estar tuteladas por la tilinguería, permanece al frente de las encuestas locales tanto en intención de voto como en imagen favorable. Una prueba más de cómo la propaganda mediática, por acción u omisión, es capaz de favorecer no ya a razonamientos reaccionarios sino, derecho viejo, a inútiles corroborados. Porque séase honesto: ¿de qué tipo de eficiencia de gestión estamos hablando si el Gobierno de la Ciudad no puede controlar que los estudiantes secundarios lo pasen por encima? Una pregunta que, tranquilamente, puede ser formulada por la derecha. A Macri lo votaron para acabar con la “vieja política”; para conducir lo público con cabeza de empresario eficiente; por la confianza en los cuadros técnicos que nunca jamás mostró, ni siquiera en campaña, pero se quiso creer que tenía. Y resulta que aparecen unos miles de pibes, dispuestos a demostrar que no son una manga de boludos irrecuperables, y se lo llevan puesto. ¿Dónde está, entonces, esa capacidad tecnocrática que iba a servir para poner en caja a tanto vago, munido de la plata que el PRO dijo le sobraba y de una masa de votantes que adujo su carácter de rico como presunción de que no robaría? ¿Dónde está? ¿Qué dirán ahora los que se encuentran con una metrópolis donde no se puede circular, con derrumbes a la orden del día, y con esas bicisendas ridículas que no se utilizan como única muestra concreta de la eficacia PRO?

Al agradecimiento a Michetti, por la india que le salió del alma sin ambages, se suma el redoble del envite. Macri bajó del avión que lo trajo de su intercambio cultural europeo, en medio de los colegios tomados, con la decisión de correr a un costado el eje inseguridad-boliches. Recibió el consejo de acentuar el combate contra el estudiantado y los docentes quilomberos (único adjetivo que procesa), como forma de refugiarse en su núcleo duro de electorado porteño conservador. Es la gente que lo vota seguro y que –¿increíblemente?– persiste en confiarle atributos presidenciales. Esa gente que no manda a sus hijos a la escuela pública; que quiere sacarse negros de encima; a la que le parecen bien las escuchas ilegales si es para controlar díscolos; creyente de que es el mejor candidato blanco, sea para la Capital o para la Patria toda, negado Reutemann e improbable de desmentir que cualquier radical no vuelva a acabar en helicóptero. Y entonces ponen más fichas ahí, y hablan de sanciones, y de que a los docentes les van a descontar los días de paro, y refuerzan la existencia de una “infiltración” en la que no creen ni ellos mismos. En lugar de no echar más nafta al fuego, acumulan tonterías incompatibles con bajar un cambio para administrar y amenguar el conflicto.

Pese a lo antedicho, sería un error grosero que esta movida se vea como una demanda sólo dirigida al macrismo. El centro, por cierto, es ése. Pero en los alrededores hay un requerimiento global, para el caso sobre el estado de la educación pública, que excede las animaladas del oficialismo porteño. En otras palabras, el liderazgo político kirchnerista y el clima de etapa local y regional –no importaría mucho cuál como causa y cuál como efecto– han liberado un brío que interpela al Poder en general. Estos pibes movilizados, como otros colectivos que ganan las calles y al igual que un proyecto para repartir ganancias con los trabajadores o el de una nueva ley de entidades financieras, son el producto de que las gentes, más gentes, se animan a avanzar contra los congelamientos ideológicos que parecían invencibles. Se adelantó, claro que sí, en haber construido algo o bastante más que otro discurso, opuesto al liberal. Pero ese mismo avance exige ahora profundizar los cambios. El Gobierno puede sentir que es subsidiario de la bronca contra factores emblemáticos de la derecha, y de la misma manera le cabe asumir que ya no es solamente carecer de retorno: las porciones sociales que alentó le piden más Estado, más intervención. Más izquierda, por qué no, así fuere por defección de la derecha antes que por convencimiento ideológico. Es lo que resultó.

A todo esto, el problema de salud vivido por Kirchner a comienzos de semana volvió a reflejar el grado de ansiedad del aglomerado opositor. Algunos aprovecharon la circunstancia para insistir con el fin irreversible de la experiencia kirchnerista. Otros, muchos, se montaron en la advertencia de que la enfermedad arterial del ex presidente es, ante todo, el producto de su carácter invariablemente enojoso, irritante, confrontador. Un cinismo a toda prueba. El mensaje no fue “pare de pelear que le hace mal”. Es “deje de pelearnos, retírese, ya está”. Es lo que les queda para agarrarse de algo, de lo que sea, a falta de la ninguna alternativa que presentan con excepción de sus espectáculos denuncistas. Aparte de ése tienen el problema de que cada vez más gente, y alguna tan impensada como los estudiantes secundarios, se suma a la pelea y no siente que le haga mal.
Fuente: Pagina 12
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Editorial Atlántida y la dictadura ( Por Miguel Russo )


Alejandrina milita hoy en el PTS y en la coordinadora formada en La Matanza por la aparición con vida de Luciano Arruga, secuestrado por la Bonaerense. (VERONICA MASTROSIMONE) || Juan Alejandro Barry y Susana Mata: la única foto que Alejandrina recuperó de sus padres.

Alejandrina Barry Mata denuncia la campaña en la que Gente, Somos y Para Ti la utilizaron como una nena abandonada por sus padres guerrilleros mientras estaba en poder de los militares.

A fines de 1977 no estaba sola ni sus padres la habían abandonado ni era hija del terror. Ni siquiera se llamaba Alejandra. A fines de 1977, Alejandrina Barry Mata tenía dos años y medio y formaba parte sin saberlo, sin quererlo, sin comprenderlo, de una campaña mediática atroz. La que Editorial Atlántida (a través de sus revistas Gente, Somos y Para Ti) había lanzado para apoyar a la dictadura y que demuestra cómo los militares y ciertos empresarios se asociaron en el crimen de lesa humanidad que arrancó el 24 de marzo de 1976.

Alejandrina es hija de Juan Alejandro Barry y Susana Mata, dos militantes montoneros asesinados respectivamente el 15 y el 16 de diciembre de 1977 en Uruguay. Juan Alejandro en la ruta Interbalnearia, cuando intentaba escapar de un retén junto a Jaime Dri; Susana, en la casa de playa de Lagomar. De esa misma casa se llevaron a Alejandrina. A esa nena de dos años y medio que había nacido en la cárcel de Olmos el 19 de mayo de 1975, donde su mamá estaba detenida. A esa nena que recuperó la libertad junto a su madre pocos meses antes del golpe de Estado. A esa nena que siguió a sus padres cuando decidieron cruzar a Uruguay a fines de 1976 luego del secuestro y desaparición del hermano de Juan, Enrique Barry, y su esposa Susana Papik, para seguir peleando desde allá contra el terror que se imponía acá. A esa nena.

“Me crió mi abuela materna –arranca su relato Alejandrina hoy, con 35 años y la misma mirada de saber hacia dónde hay que ir que tenía en las fotos de Gente, Somos y Para Ti hace poco más de tres décadas–. Me entregaron a mis abuelos después de varios días en los que estuve a cargo de las fuerzas armadas uruguayas, apropiada. Luego me entregaron y creo que lo hicieron porque decidieron que yo era más conveniente para hacer esta campaña de prensa.
–¿La entregaron después de hacer las notas periodísticas?
–Las fotos se hacen en Uruguay, mientras me tienen los militares de allá. Y la campaña aparece después de entregarme a mis abuelos. Y tiene que ver con que los hijos de los desaparecidos éramos un botín de guerra. Hoy hay más de 400 chicos de los cuales todavía no sabemos su identidad. Y a mí me usaron como un conejito de Indias. Servía más para que ellos hicieran su publicidad que apropiada. No es que me entregaron sin más a mis abuelos. Fue una decisión política. Me entregaron a cambio de poder hacer esa gran campaña. Me usaron para decir que los subversivos merecían morir porque dejaban solos y abandonados a sus hijos. Para transformar a las víctimas en victimarios.

–¿Cuándo se enteró de que era hija de desaparecidos?

–A los trece años. No tengo recuerdos de lo que pasó en 1977 y después nadie me habló del tema. Yo creía que mis padres habían muerto en un accidente automovilístico. Pero a los trece, la esposa de mi abuelo, muy enojada vaya a saberse por qué, me gritó que yo era hija de terroristas. Hay que entender que mi familia estaba muy dividida: mi abuelo había trabajado con Martínez de Hoz, pero tenía a mi papá y a un tío mío desaparecidos.

–¿Qué le ocurrió a los trece años, cuando se enteró que la realidad de su vida era otra?

–Empecé a investigar. Me enteré por un tío que había salido en algunas revistas como abandonada por mis padres y me fui a la Biblioteca Nacional para tratar de encontrarlas. Cuando las vi fue muy shockeante: todo lo que decían de mis viejos, las fotos de mi cuna llena de armas. Las revistas, claro, ocasionaron lo contrario de lo que se proponían los militares. El odio que sentí al leer esas notas me llevó a reivindicar la militancia de mis viejos. Hubo un antes y un después. Mi búsqueda, entonces, creció: qué había pasado, por qué tanto terror, cuál había sido la lucha de esa generación. Y las respuestas me llevaron a militar.

–¿Cómo imaginaba a sus padres al leer esas notas?

–No los podía imaginar. Pero sí fue muy fuerte recordar una imagen de estar con ellos en una playa. Y allí relacioné que esa playa, que esa casa en la playa era el lugar donde vivíamos, donde mataron a mi madre y de donde me llevaron a mí. A partir de ahí, investigué mucho, llegué a mucha gente, a quienes habían militado con mis viejos, amigos, conocidos. Mi adolescencia estuvo casi destinada a esclarecer ese momento. Y a través de eso me conecté con muchísima gente, aprendí millones de cosas.

En el parte 1380 del 29 de diciembre de 1977, las Fuerzas Armadas uruguayas afirman que la nena detenida en el operativo antisubversivo de la casa de Lagomar fue “entregada por la Justicia Militar a sus abuelos paternos” y que de ese modo se aseguraba su traslado a la Argentina. Como señala la periodista Claudia Acuña en su investigación sobre el caso, el comunicado es reproducido por las agencias de noticias Associated Press y France Press y que los diarios La Nación y La Opinión repiten la información. Pero a la familia Vigil, propietaria de la Editorial Atlántida, las novedades le importaban tanto como la verdad: nada. Hoy, Alejandrina inicia una querella contra la editorial y también contra los responsables periodísticos de los medios de ese grupo: Samuel Gelblung ( Gente); Gustavo Landívar, Héctor D’Amico y Jorge Gutiérrez ( Somos), y Lucrecia Gordillo y Agustín Botinelli ( Para Ti).

–¿Alguna vez trató de hablar con quienes por entonces dirigían esos medios?

–No, hablar no. No podría sentarme a hablar con ellos. Por eso presento esta causa, porque lo único que quiero es que vayan presos. La mía no fue una nota aislada. Todas las semanas salía alguna nota por el estilo. Y deben ir presos como instrumentos esenciales para legitimar el terror. Fueron el brazo mediático de la dictadura. Y hay que mostrar lo que se empezó a discutir: la dictadura no fue una obra de militares locos, sino que fue una dictadura cívico militar. Algunos medios, no sólo el Grupo Clarín y La Nación, y los grandes empresarios fueron los que idearon, financiaron y organizaron el golpe militar. Esto es esencial denunciarlo, porque ninguno de ellos está procesado, mucho menos preso y siguen ganando millones en la Argentina de hoy, posicionándose como el poder real. Yo presento mi causa junto con la de Thelma Jara de Cabezas: una causa donde se muestra la complicidad enorme de la Editorial Atlántida con la dictadura.

–¿Ninguno de ellos intentó hablar con usted?

–No. De todas maneras no lo hubiera aceptado. Personas que hicieron eso con una nena de tres años y que tenían tal grado de relación directa con la dictadura, no tienen mucho remordimiento. Se sienten impunes, tienen el poder que brinda la impunidad.

Alejandrina presentó la querella esta semana, pero su pelea lleva años, tanto en Hijos, donde trabajó mucho tiempo, como en su militancia en el PTS y en la coordinadora de La Matanza (donde vive) que se formó por la aparición con vida del joven Luciano Arruga, desaparecido por la Bonaerense. “En la Argentina se produjo un cambio enorme en 2001: una rebelión popular que cambió la conciencia de la gente. Y junto con la lucha de los organismos, se posibilitó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Es el momento justo. Y quiero que vayan presos los responsables. Pero también que este caso sirva como un lugar de denuncia a toda forma de impunidad, como el caso de la desaparición de Julio López. La forma de reivindicar la militancia de mis viejos es militando. Denunciando que hay sólo cien genocidas condenados; que todavía sigue impune el 95 por ciento de los responsables. El mejor homenaje que puedo hacerles a mis viejos es terminar con esa clase social que ideó, planificó, organizó y financió el golpe militar. Es pelear para que no siga habiendo en la Bonaerense los 6.000 policías de la época del terror. Esta causa es una forma de poder decir esto, de pelear para que se abran los archivos de la dictadura: es lo que permitiría terminar con la impunidad, sacarían a la luz todos los datos que intentan mantener escondidos quienes fomentaron el terror de la dictadura.

*Gente (enero de 1978), Somos y Para Ti (diciembre de 1977): las revistas del grupo Atlántida aprovecharon los días en que las Fuerzas Armadas uruguayas mantuvieron secuestrada a Alejandrina luego de matar a sus padres y antes de ser reintegrada a sus abuelos. Los medios repitieron la historia armada entre los militares y el grupo empresarial. Hoy, la querella incluye a los titulares del grupo y a los periodistas involucrados.

Fuente: Miradas al Sur
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5.9.10

Alianza para el crímen: Magnetto, B. Mitre y P. Perlata Ramos con la Dictadura de Videla

Hasta ahora todos los juicios y las condenas que merecieron los genocidas de la dictadura de Videla, Massera, Agosti y otros... fueron justamente a los que se ensuciaron las manos con sangre en las mesas de tortura, pero nunca habían sido tocados los verdaderos responsables e instigadores de semejante locura asesina: los civiles.

A raíz de los "hijos adoptivos" de la dueña del Grupo Clarín (Ernestina Herrera de Noble) y ahora, con la investigación de la apropiación por ese grupo y por La Nación y La Razón de la empresa Papel Prensa, se comienza a develar la vinculación directa entre militares y civiles y los negocios absolutamente oscuros que perpetraron juntos y para lo cual necesitaron de represión salvaje, tortura, asesinatos y la desaparición de 30 mil personas...

Cada vez queda más claro.

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Papel Prensa: la alianza entre los tres diarios y las tres armas

Las pruebas que vinculan a Magnetto con el interrogador de los Graiver

Tiempo Argentino accedió a expedientes secretos del Ejército: la burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba “los interrogatorios” a los detenidos en los campos de exterminio. Todos los documentos.

Ya nada será igual, nada, después de la publicación de estos documentos secretos a los que Tiempo Argentino accedió de manera exclusiva. Se trata del epílogo a una intensa labor de este colectivo de trabajo periodístico que durante seis meses investigó el robo a los Graiver de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Ya no quedan dudas sobre el despojo accionario. Tampoco, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los beneficiarios en esta dolorosa historia. Pero había, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la justicia. Faltaba algo que uniera al implacable torturador de Lidia Papaleo de Graiver en Puesto Vasco con los impolutos ejecutivos que en la City porteña decidían silenciar las atrocidades del genocidio que se devoró a una generación de argentinos. Faltaba, es cierto.
Hasta hoy.
Los cuatro documentos clave que se publican en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año. [1] La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar –la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti– también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles. [2]
Para entonces, los primeros 25 cuerpos mutilados de opositores a la dictadura ya habían aparecido en las costas uruguayas, dejando la huella inicial sobre los “vuelos de la muerte”, en que a los detenidos se los arrojaba vivos al Río de la Plata desde aviones militares. También se había descubierto un cementerio lacustre en el Lago San Roque de Córdoba. Nada de eso, sin embargo, informaban Clarín, La Nación y La Razón, los diarios oficialistas del terror. Tenían sus razones. No eran, como se quieren presentar ahora, los custodios de la libertad de expresión: eran socios de los verdugos.
Junto a Videla, habían puesto en marcha la primera y única fábrica de papel para diarios de todo el país, la más importante productora de pasta de celulosa de Sudamérica. La que le habían robado, por medio de presiones y humillaciones, a los Graiver. [3] La maniobra quedó registrada en documentos secretos. La burocracia criminal era eficiente.
El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.
Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el “Operativo Amigo” –complemento del despojo accionario de Papel Prensa–, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. (Los detalles de la designación de Gallino quedaron impresos en la página 18 y 19 del libro de Camps, El poder en las sombras, publicado por RO. CA, en 1983.)
En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió –con la anuencia de Videla– que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el “oficial instructor”, es decir, en el interrogador del caso Graiver.
Vale aclarar que los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, sólo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel, puesto a dedo por el propio Gallino.
Con ese tan eficaz como implacable jefe de torturadores se reunían, según los documentos que se reproducen por primera vez, “los directores de Clarín, La Nación y La Razón”. Dicho así, con la frialdad del papel sumarial, también se oculta algo. ¿Quiénes integraban el directorio de esos diarios para la fecha en que la que los represores vejaban sexualmente a Lidia Papaleo de Graiver? Tiempo Argentino fue a buscar la respuesta al Boletín Oficial. Allí, para la Historia, quedaron registrados los nombres de los que participaban en las amigables tertulias con Gallino: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. [4]
En el otro documento, el del 9 de abril de 1977, es decir, producido dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”. ¿Cuál era el objeto de esas reuniones? Gallino lo dice: “Producir sendos informes.” ¿Para qué servían esos “sendos informes”? También Gallino responde a eso. Da escalofríos reproducir su respuesta: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.” Lo dice el represor, el oficial preventor, el jefe de los torturadores de Puesto Vasco. Magnetto, Mitre y Peralta Ramos se reunían con el represor para “producir sendos informes” sobre Papel Prensa y luego, el militar Gallino elaboraba las preguntas que debían soportar los Graiver en los camastros de tortura.
Otro documento secreto del Ejército Argentino revela cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver. Le interesaba conocer los detalles del vínculo con su cuñada Lidia Papaleo, la minuta de las transacciones comerciales y, principalmente, obtener la información que necesitaran para destrozar a su grupo económico. Lo mismo ocurrió con Eva Gitnach de Graiver, la mamá de David, a quien sentaron frente al Consejo de Guerra para interrogarla: “¿Participó en la venta de acciones de Papel Prensa?” “Sí”, contestó. “La llevaron a firmar la venta, pero no participó en las reuniones previas en que se decidió dicha venta.
–Preguntado: ¿Actuó en el movimiento pro liberación de Cuba?
–Contestó: No sabe qué es.” [5]
¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reunía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les “tomaba declaraciones” a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una “prevención sumarial”, es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por “el Oficial Superior Preventor” (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo –cuando la ocasión se presentara– ante el fuero judicial. En el caso de los Graiver, el operativo de “legalización” lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). [6] Así de ilegal, así de perverso.
La maquinaria asesina se entrelazaba con la económica. Además de controlar el movimiento, la información y hasta a los vendedores de Papel Prensa, a quienes tenían secuestrados, Gallino tuvo tiempo de abrir una cuenta en el banco para depositar los millones del botín de guerra. No sólo torturaban: además se quedaban con la plata de las víctimas.
Así quedó establecido en una carta que el propio Gallino le envió al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina. “Una investigación de carácter reservado, que por orden de las autoridades superiores del Ejército, se encuentra a mi cargo”, [7] empezó explicando. Se refería a la causa Graiver. Y por ese motivo, aseguraba, necesitaba la apertura de una cuenta a su nombre, en la que se depositaran los cheques y se aceptaran los títulos y bonos. Fue el 13 de abril de 1977. Pretendía que los “resultantes de amortización y rentas sean depositados en la cuenta”.
Hasta ese momento, los Graiver estaban desaparecidos. Por eso, Gallino no podía explicar cuál era la investigación a su cargo. Sabía que, en poco tiempo más, la Junta ordenaría los papeles y haría coincidir las fechas y los pedidos con sus delitos.
Por eso, para terminar la carta, Gallino advierte que “una vez promulgada la Ley correspondiente a la investigación señalada se incluirá en la cuenta el número de la misma”. Primero se ejecutaba, y después se hacía encajar una ley a medida del despojo. ¿Esta es la “seguridad jurídica” que esgrimen los diarios oficialistas del terror?
El general de brigada Gallino se depositó $ 2.130.000 en efectivo y, en cheques (entre ellos del Banco Comercial de La Plata), $ 1.042.356,26; un total de $ 3.173.356, 26. Y hay más: les arrebató a los Graiver más dinero en efectivo, por U$S 21.071, 37; títulos y acciones en diferentes empresas. Para el ’77, una hectárea en la región de La Pampa Húmeda –la zona más rica del planeta en materia de ganadería y agricultura– valía en promedio U$S 3300.
Al día siguiente, el acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA”, devela la estrategia final de la dictadura y los tres diarios: “Evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión.” [8]
El 12 de abril secuestraron a Rafael Ianover, el último eslabón del grupo. Ya toda la familia estaba en el limbo de las desapariciones y el entramado empresario desarticulado. La Junta Militar sabía que tenía que evitar que el dinero producto de la venta terminara siendo administrado por el juez de la sucesión, abierta tras la misteriosa muerte de David Graiver. ¿Cómo podían lograr que la justicia no interviniera? Determinando un poder superior al judicial: el del secuestro y la interdicción (privación de un derecho civil). Así lo hicieron el 19 de abril. La Junta Militar reconoció, finalmente, tener detenidos a los Graiver y su entorno. Se les aplicó el artículo 2 del acta del 18 de junio de 1976, incisos “a”, “d” y “e”: perdían la ciudadanía y se les prohibía “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos”. La CO.NA.RE.PA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, lo haría en su lugar. El delirio del régimen llegó al paroxismo ese día, cuando la imputación fue realizada a dos personas ya fallecidas: David (cabeza del grupo) y Jorge Rubinstein (su mano derecha).
Todo esto parece surrealista. Inexplicable. Pero así ocurrió. La contundencia de los documentos elaborados por la burocracia asesina es inapelable. Se sabía que los represores no tuvieron límites y llegaron a los más bajo de la condición humana.
Pero no descendieron a esos infiernos en soledad.
Acá están las pruebas.

Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso

Fuente: Tiempo Argentino
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Contra la irracionalidad discursiva de los asesinos de palabras (Por Hernán Brienza)

La otra gran bastardeadora de la palabra es Elisa Carrió. Las palabras están allí para generar títulos para el diario Clarín o La Nación. No tienen peso en sí mismas.

Cómo se mata una palabra? Casi todos responderemos que se mata con el silencio. Pero no es cierto. Cuando un dictador impone el silencio, lo que está haciendo en una forma dialéctica es dándole vida, otorgándole una importancia que antes no tenía.
Es por eso que hay que prohibirla. Irónicamente, los tiranos aman y temen a las palabras. Los verdaderos criminales de las palabras son aquellos que hacen un uso irresponsable de ellas, los que producen su banalización, los que la vacían de sentido.
Carlos Menem, por ejemplo, fue un gran asesino de palabras. Las utilizaba a su gusto. Las mentía, las deformaba, las cambiaba. Daba lo mismo leer un discurso o el otro. Total, nunca era importante lo que uno podía llegar a decir. Lo sustantivo era otra cosa: el mundo de los negocios, de lo fáctico, de lo terrenal.
La otra gran bastardeadora de la palabra es Elisa Carrió. Las palabras están allí para generar títulos para el diario Clarín o La Nación. No tienen peso en sí mismas. Pueden decir o desdecir, pueden profetizar pariciones que nunca se producen o despertar huracanes que jamás arriban a la realidad. Están allí para generar impacto mediático. Recientemente, Carrió profundizó su hobby de banalizar las palabras: acusó a Néstor Kirchner de “fascista”, al gobierno de “dictadura” y citó a Bertolt Brecht para realizar la operación de equiparar al ex presidente con Adolf Hitler.
Hay que tener cuidado con las palabras. Porque no son inocentes. Y están cargadas de recuerdos, de dolores, olores, sufrimientos. Cuando Carrió asegura que el gobierno actual es una dictadura, está burlándose de los 30 mil desaparecidos, de los millones de silenciados, de los miles de exiliados, de los miles de detenidos. Cuando compara a Kirchner con Hitler, con una sonrisa prepotente y burlona, con la soberbia de quien sabe que tiene licencia para usar el micrófono –¿cuánto hace que Carrió no debate con alguien; cuánto hace que Carrió no hace otra cosa que hablar para un auditorio mediático que sólo está allí para aplaudir sus iluminaciones proféticas?– no hace otra cosa que humillar a los 6 millones de personas –judíos, gitanos, marxistas, homosexuales– que fueron masacrados en los campos de concentración nazis.
Las comparaciones remiten. Y son un recurso metafórico. Y como dice Vicente Huidobro: “Un adjetivo, cuando no da vida, mata.” Carrió asesina a las palabras. “La conducción política es persuadir”, explicaba Juan Domingo Perón a todo aquel que quisiera escucharlo. La palabra es la herramienta del consenso, la argumentación. Es la materia prima de la política. Si se bastardean las palabras, se bastardea la política.
¿Abandonó Carrió la política?
Norberto Bobbio ha escrito en su célebre Diccionario de Ciencia Política que la “dictadura” moderna se caracteriza por “la concentración y la ilimitabilidad del poder; las condiciones políticas ambientales constituidas por la entrada de grandes estratos de la población en la política y el principio de la soberanía popular, y la precariedad de las reglas de sucesión al poder”. Hasta el lector más dormido este domingo podrá darse cuenta de que el gobierno de los Kirchner dista tanto de ser una “dictadura” como Carrió de ser una heroína de la “Resistance” como Ingrid Bergman en Casablanca.
Sencillo: a) Si bien el estilo de conducción de Néstor Kirchner es férreo, no es absoluto. Además, es imposible ningunear el carácter de mayor institucionalidad que le imprimió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a su gestión; b) El poder de la presidenta no es ilimitado. Tiene fecha de conclusión y lo dispone la Constitución Nacional; c) No existe un aparato de control y de coerción sobre la población (en este sentido es más dictatorial el espionaje telefónico y las listas de estudiantes “rojillos” que realiza Mauricio Macri en su gestión y que Carrió disimula que, por ejemplo, la decisión de no matar un solo manifestante en la calle por parte del gobierno nacional); d) Los Kirchner no han movilizado políticamente a la sociedad; e) Su legitimidad es electoral y no corporativa ni plebiscitaria ni de relación líder-masa; f) La sucesión de los Kirchner está garantizada por el juego democrático y el límite que impone la Constitución Nacional. En última instancia, quien va a decidir quién es el sucesor es el pueblo argentino en elecciones libres.
Hablar de “dictadura”, entonces, no es error metodológico de “estiramiento conceptual” como diría Giovanni Sartori, es decir, utilizar un lenguaje difuso y confuso para poder aplicar la categoría “perro” a animales que claramente son perros, gatos, cebras, rinocerontes o gansos salvajes. Lo que hizo Carrió es un acto de irracionalidad discursiva. Porque, además, jugó con el contenido simbólico y emocional que tienen las palabras “dictadura” y “nazismo”.
Pero hay algo interesante que hizo Carrió esta semana. Además de despolitizar su discurso, “impolitizó” –fue en contra de la política– su práctica cotidiana. En su más que sospechosa defensa a capa y espada del Grupo Clarín y de Héctor Magnetto expresó algo que desnudó su verdadera situación política: “Magnetto es, con todos sus defectos y sus errores, un contrapoder”, afirmó.
A ver, a ver…
¿Qué dijo exactamente Carrió? Simple: la oposición política, democrática, republicana no tiene ni la menor posibilidad de producir un contrapeso contra el poder del oficialismo. Es inútil de toda inutilidad posible. No puede ni siquiera hacer de oposición. Y esto la incluye, claro.
Pero hay algo más grave, todavía, que se desprende de sus palabras. Y es que con tal de que haya un contrapoder, si es necesario, hay que ir a buscarlo por afuera de la política, es decir, a las corporaciones económicas como el Grupo Clarín, pero que también pueden ser la Sociedad Rural o la Asociación de Empresarios Argentinos, por ejemplo. Para Carrió, hay que apoyar a los grupos económicos concentrados en su lucha contra los políticos y la política.
Y es lógico, después de todo, Clarín y La Nación son la Argentina. ¿Pero qué Argentina? La que defendió la campaña del desierto y el fraudulento reparto de tierras, la que apoyó los golpes militares de 1930, 1955, 1966 y 1976, la que festejó la apropiación cruenta de Papel Prensa, la que legitimó la brutal transferencia de riqueza de los sectores populares a los grupos concentrados en los ’90. Esa es la Argentina que defiende Carrió.
Por suerte, hoy, las Fuerzas Armadas no son grupo de presión importante. Si lo fueran, Carrió estaría celebrando a ese contrapoder armado. Si lo fueran, ¿Carrió estaría golpeando las puertas de los cuarteles?
Los políticos elaboran las palabras. Y la sociedad las consume como el trigo, como su pan discursivo. Blas de Otero escribió alguna vez: “Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.” Era una límpida defensa de la palabra como muralla de contención contra la brutalidad del régimen franquista, era la palabra como un arma –como Gabriel Celaya decía de la poesía: un arma cargada de futuro– capaz de enfrentar al brutal silencio de muerte que imponía la dictadura franquista. La palabra de Otero estaba compuesta de sentido, tenía densidad, era pesada.
En la Argentina de hoy, con sus discursos banales, sus metáforas rimbombantes y estrafalarias, algunos políticos creen estar haciendo disparos letales. No reparan en que, para gran parte de la sociedad, sus revólveres están cargados con balas de cebita.
Fuente: Tiempo Argentino
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"Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista" (Libertad, amiga de Mafalda)