31.12.11

Las cosas simples (Por Eduardo Aliverti)

Se suponía que el gran tema de fin de año –a más de una voracidad de consumo ¿patológica?– habría de ser el paquete de leyes ingresadas y sancionadas por el Congreso. En principio, se supuso mal. Pero merece análisis si los reemplazantes son acaso grandes temas.

Entre las nuevas herramientas de legislación se cuenta el manejo sobre Papel Prensa, que en rigor debe definirse como lo relativo a la prensa de papel. Al estar involucrados los dos diarios más importantes del país, toda la discusión se remite a la ofensiva de ambos contra el presunto intento gubernamental de quedarse con la empresa. Polémica que, por si fuera poco, ya venía acompañada por las revelaciones acerca del trámite horrible –terrorífico, más bien– que en la dictadura permitió a Clarín y La Nación alzarse con el monopolio de la producción y distribución de papel. Encima, llegó la guinda del operativo ordenado por la Justicia Federal mendocina en Cablevisión. El comando mediático opositor, con proporciones similares de deterioro y alto poder de fuego, puso en rango de gravedad institucional al conflicto de negocios entre el Estado y un grupo de comunicación con (muchas) adyacencias. Hay que apurarse a separar pajas de trigos. Y lo primero, asaz pedagógico en torno de cómo se manipula la información, es que el caso Papel Prensa parecería ser la única protagonización trascendente del Congreso y de la vida política. Además de que Hugo Moyano se convirtió para los medios dominantes en un sensible y justiciero rubio de ojos claros, ni los cambios en el régimen esclavizante para los peones agrícolas, ni las modificaciones a la ley penal tributaria, ameritaron apreciaciones considerables. Sólo se dejó lugar para que la denominada “ley antiterrorista” sea cuestionada a izquierda y derecha, en orden cuantitativo inverso. Hacia izquierda ganó líneas que el instrumento pueda disponerse para criminalizar protestas sociales, aunque las modificaciones de último momento retraigan ese riesgo. Hacia derecha se blande el peligro tremendo de que anoticiar cualquier cosa pueda considerarse como un acto de terrorismo. Y un número inmenso de cómplices y pelotudos se plegó a las urgencias corporativas de sus patronales, para redondear el combo citado: vienen por “nosotros”, como si esa primera del plural fueran los intereses o las necesidades populares. Están en su derecho de creerlo pero, ¿lo creen realmente? ¿Un conflicto de ya larga data entre el oficialismo y un grupo mediático debe ser tomado como persecución generalizada a la prensa? Repugna a la inteligencia un concepto como ése, pero no es novedoso. Este periodista, por razones tan íntimas como ideológicas, prefiere no cargar tintas alrededor de colegas que están sirviéndose del adversario explícito (ya le pasó: estuvo a punto de tipear “el enemigo”) para congraciar su ego a costa de lo que sea. Es decir: su ego o la imposibilidad de alinear en forma más adecuada a acción y conciencia. Toda encuesta que se quiera sobre la opinión de los periodistas, además de lo sabido en nuestro ambiente, revela que la gran mayoría de ellos muestra preocupación por las presiones internas de sus medios, las condiciones laborales, las contradicciones entre interés corporativo y uso de la información. Pero sólo una ínfima minoría cita como real que exista acoso oficial contra el periodismo.

El papel tiene todavía alcances potentes. Es el vehículo de grandes inversiones publicitarias, de oferta de empleo y de transacciones comerciales. Y agenda lo que reproducen los medios electrónicos. Lo que está impreso, lo que se toca, lo que se ve en los kioscos, lo que llega a las producciones de las radios y señales televisivas a primera hora de cada día, determina qué se genera mediáticamente. A quiénes llamar para poner al aire lo que se retroalimentará horas y jornadas enteras. Eso está más cerca del fin que del principio, por supuesto que observado a gran escala. La batalla por quién produce, distribuye e importa papel tiene una relación inversamente proporcional con el futuro decadente del producto, que no está cerca pero es irreversible. Es un cambio de paradigma cultural, civilizatorio, del que no importa estar a favor o en contra. Es, y punto. La cantidad de gente conectada a redes socio-cibernéticas, su preponderancia de clase, su impacto, es lo que debe interpretarse. Papel Prensa, o la prensa en papel, es de esos temas que, al margen de su importancia política coyuntural, suenan más viejos que jóvenes. Un sentido similar puede aplicarse a la contingencia de que algún juez vaya a valerse de vericuetos legales para perseguir periodistas, o maniobras mediáticas. Todo terminaría en una Corte Suprema que no come vidrio o, mejor, en últimas instancias judiciales que en ningún caso se animarían a la condena de la prensa. Si debatir sobre papel impreso es hacerlo sobre un insumo decaído –vale insistir que en miras de largo plazo– hacerlo alrededor del allanamiento en Cablevisión resulta patético. Es probable que haya habido exageración ejecutante, sobre todo por la participación de gendarmes. Por cierto, son o serían más confiables que la Federal. Está claro que hay ante todo un enfrentamiento de corporaciones. Pero la base es todavía más profunda. Si el Gobierno se decide a impulsar la conectividad aérea, con los decodificadores que –sin publicidad, curiosamente– están entregándose en forma masiva para acceder a las señales digitales, el negocio del cable quedará entre magullado y groggy. Chau Cablevisión y alrededores, siempre que termine habiendo oferta atractiva.

Y vaya un sentido homenaje al título central de La Nación del último jueves, si se trata de hallar explicaciones o señalamientos respecto de los intereses en juego. Uno creía que ese día ya había visto todo con un destacado de Crónica. Ubicó a cabeza de página la fiebre de ricos y famosos por hacerse enemas, en Capilla del Monte, para limpiar los intestinos de objetos y elementos contaminantes diversos. La capacidad de asombro siempre se reserva un sitio. El diario de los Mitre, según la definición clásica que ya no se conserva tanto, le ganó a Crónica. Y mandó de cabeza que “Dan más poder al Gobierno para manejar la economía”. La nota remitía a las leyes aprobadas en el Parlamento, pero importa nada más que la construcción de sentido simbólico de ese título. ¿Quién, si no el (un, cualquier) Gobierno, debería manejar la economía? Ellos. Una entidad tan difusa y concreta como aquella que se referencia al hablar de “los mercados”. Esos mercados nunca tienen nombre. Son bancos, fondos de inversión, compañías de seguros, buitres financieros, consultoras, calificadoras de riesgo. Gurúes y operadores del tipo Bernard Madoff, el estafador de Wall Street que subyugó a los tarados del sueño americano.

Ese título de La Nación del jueves simplifica todo. Gracias. Infinitas gracias. Su lógica es que nunca jamás debe ser un gobierno, una voluntad popular, quien maneje la economía. Deben ser, para siempre, ellos. El “ellos”. La esclarecida vanguardia de clase de derecha, que le denuesta a la izquierda aspirar a lo mismo que practican ellos. Reiteramos: “Dan más poder al Gobierno para manejar la economía”. Listo. Un título como ése exime de cualquier comentario respecto de qué está en juego. Y dónde ubicarse.

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¿De qué terrorismo hablamos? (Por Eduardo Anguita)

La reciente sanción de una reforma del Código Penal bajo el pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha sido motivo de preocupación de muchos sectores defensores de los Derechos Humanos. Las razones surgen, básicamente, porque se introdujo, a pedido del Poder Ejecutivo, una difusa figura de “terrorismo”. A último momento el proyecto original agregó un párrafo que, a la hora de ser interpretado por un juez o por un gobierno futuro, puede resultar intrascendente. En efecto, basta ver la letra del artículo 41 para comprender que la falta de debate previo llevó a una imprecisión que no conforma ni a tirios ni a troyanos.

Así es la redacción del artículo en cuestión: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.” El párrafo que se agregó en Diputados indica que “las agravantes (duplicación de penas) previstas no se aplicarán cuando el o los hechos tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Hoy, con la historia abierta desde el 25 de mayo de 2003, está claro de qué se habla, pero desde la óptica del Poder Ejecutivo Nacional.

No puede decirse –sólo por tomar dos casos entre muchísimos– que el gobierno de Mauricio Macri tenga la misma lectura, ni que la jueza que ordenó la represión del Indoamericano hace un año tenga la misma óptica respecto de no reprimir la protesta social.

Todo indica que ser miembros del G-20 tiene un costo de admisión y una cuota societaria y que el GAFI (un foro intergubernamental que reclama normas de persecución al lavado de activos y financiamiento al terrorismo) tiene una manifiesta fidelidad hacia la gran banca privada internacional y al Departamento de Estado estadounidense.

No extraña la calificación que hizo del GAFI el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni: “Es un organismo de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas.”

Esta ley aparece en el contexto de la utilización de las sanciones financieras de Israel, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Canadá contra un banco público iraní –el EIH, con sede en Hamburgo– porque según la prensa israelí, norteamericana y británica “esta entidad bancaria apoya la proliferación de armas de destrucción masiva”. ¿Se refiere a que fabrican bombas que son usadas por terroristas para atacar un blanco civil, como todo indica que sucedió con la sede de la AMIA en Buenos Aires en 1994? No, se refiere a que el EIH es un banco en el que, además de transacciones por el gas y el petróleo iraní, también se hacen pagos a empresas que participan del programa nuclear iraní.

Y aquí conviene hacer varias consideraciones. La primera: ¿No hacen terrorismo mediático los diarios de los países centrales que señalan a la bestia de Teherán después de haber matado cientos de miles de iraquíes con la excusa de que la bestia de Bagdad tenía armas químicas y biológicas, cosa que nunca se probó? La segunda: ¿Nadie se acuerda que ingleses y norteamericanos dieron un golpe de Estado en Irán en 1953 y colocaron a un monigote llamado Reza Pahlevi, porque los iraníes estaban a punto de estatizar el petróleo y el gas controlado por empresas norteamericanas y británicas? La tercera: Irán no reconoce tener un programa de fabricación de bombas atómicas, permite las inspecciones de la Agencia de Naciones Unidas para la Energía Atómica y no están probadas las acusaciones.

EL ÁRBOL Y EL BOSQUE. José Nun –honrado por el gobierno como secretario de Cultura pero desaprovechado en su trayectoria como destacado politólogo con diversos doctorados en Economía– acaba de publicar La desigualdad y los impuestos (Capital Intelectual) en el que cita fuentes del Banco Mundial para hablar del lado oscuro de las finanzas.

“Entre 1 y 1,6 trillones (1 trillón: 10 elevado a la 18, NdR) de dólares (es) el dinero mal habido que circula anualmente por el mundo.” Uno de los mayores especialistas de lavado de dinero en el mundo es Raymond Baker, presidente de Global Financial Integrity, quien después de haber estudiado los movimientos financieros de 60 naciones, cree que las cifras del Banco Mundial deberían multiplicarse por tres. Lo impresionante es que, según Baker, la mitad de ese dinero proviene de las naciones en desarrollo –o periféricas–. Y cualquiera podrá preguntarse si esa es plata sucia de los carteles de droga o de políticos corruptos. Sí, pero en una proporción que deja helada la sangre: “entre el 60 y el 65% (se debe) a las maniobras ilícitas de muchos particulares y grandes empresas”, mientras que el llamado “crimen organizado” sería responsable del 30% del dinero ilegal y sólo el 3% de la “corrupción política”.

En la Argentina, los delitos de “financiación al terrorismo” estaban contemplados en figuras ya existentes en el Código Penal, pero lo que no está debidamente entendido en la sociedad –y parece que también en buena parte de la dirigencia política argentina es la cantidad de maniobras que hacen las grandes empresas transnacionales para burlar el pago de impuestos. En este sentido, tuvo mucha menos repercusión el tratamiento y sanción en estos días de otra ley que incorpora delitos económicos y financieros para prevenir el lavado de activos, una figura que se había incluido en el Código Penal a mediados de este año. La nueva norma penaliza, por ejemplo, acciones destinadas a afectar el orden económico o financiero. La presidenta habló hace poco de haber conjurado cinco corridas bancarias que, según ella, llevaron al Banco Central a tener que vender 15 mil millones de dólares, una cifra impresionante. Es valiente de parte de la presidenta dar a conocer estos movimientos desestabilizadores, pero sería vital para la sociedad argentina conocer los detalles de todo esto. Se dice –pero nunca se dan los datos concretos con nombres, apellidos y entidades bancarias– que hay más de 100 mil millones de dólares de argentinos en circuitos ilegales, posiblemente la mayoría reciclados fuera del país.

Cuando muchos periodistas y académicos reclaman la urgencia de una ley de derecho al acceso de la información no se refieren a los detalles íntimos de una reunión en un ministerio sino a la posibilidad de sostener y alimentar debates públicos con información fundada y no en base a estimaciones. Eso ayudaría al Estado, además, a recaudar más impuestos y también permitiría mejorar las normas tributarias.

No sólo la palabra “terrorismo” pone en guardia a quienes conocen las historias de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y la soberanía de las naciones. “Task force” es otro término, casi complementario de las lógicas de avasallamiento. Es decir, primero la gran prensa aterroriza diciendo que hay terroristas por todos lados y luego llegan las fuerzas de tareas. Es decir, Vietnam, Panamá, Irak, Afganistán. Raymond Baker preside además la curiosa Task Force on Financial Integrity & Economic Development (Fuerza de Tareas para la Integridad Financiera y el Desarrollo Económico) que explica en su página web cinco prioridades para transparentar las finanzas: la reducción y manipulación de los precios de las importaciones y exportaciones; la contabilidad de las ventas, de las ganancias y de los impuestos pagados por las compañías multinacionales país por país; confirmación de los registros bancarios de las ganancias declaradas; información automática cruzada entre los impuestos y las (declaraciones de) aduana; y por último, la armonización de la legislación sobre lavado de dinero (acá podría llamarse fuga de capitales en dólares) focalizada en la transparencia.

Una mirada al respecto desde un punto de vista nacional y popular podría advertir que una serie de académicos y economistas especializados en normas impositivas participaron en el trabajo dirigido por José Nun, uno de ellos es el filoso Jorge Gaggero, del Plan Fénix. También podría decirse que Raúl Scalabrini Ortiz ha dejado una extraordinaria enseñanza respecto de cómo los ferrocarriles y los bancos ingleses limaron la soberanía argentina. Y también que Daniel Aspiazu y Eduardo Basualdo explicaron con claridad en los últimos 25 años cuál es el grado de concentración y transnacionalización de la economía argentina. Nada debe empañar la impronta de este Congreso que sancionó una docena de leyes en tiempo récord.

Pero, en algunos casos, velocidad no significa profundidad. Y estos temas merecen debates y también merecen información pública confiable.

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27.12.11

Pentágono recibe luz verde para la guerra en Internet

Las dos cámaras parlamentarias de Washington DC han dado luz verde a los militares para que puedan realizar eso que llaman “kinetic military actions” y que no es más que un lamentable eufemismo para decir “guerra”.

Como siempre en estos casos, el anuncio no ha venido con bombo y platillo, si no mediante un corto párrafo en el presupuesto militar para 2012. Se puede ser más rastrero, pero no más claro.

El presupuesto militar, que se aprueba con rango de ley, reza lo siguiente:

El Congreso afirma que el Departamento de Defensa tiene la capacidad, y bajo la dirección del Presidente puede llevar a cabo operaciones ofensivas en el ciberespacio para defender a nuestra nación, aliados y demás intereses, de acuerdo con 1) los principios y sistemas legales que el Departamento sigue para las capacidades cinéticas, incluyendo la ley de conflictos armados; y 2) la Resolución de Poderes de Guerra.

Tan escueto como poco claro, y encima recochineo con las “capacidades cinéticas” y los “principios y sistemas legales” ya que, por si alguien no lo recuerda, la intervención del ejército norteamericano en Libia, en la guerra que inició la debacle de Gaddafi, no fue una “guerra”, si no una “acción cinética militar”.

¿Y por qué fue una “acción cinética” y no una “guerra”? Pues porque para que el Presidente de los Estados Unidos pueda declarar una guerra, tiene que pedir permiso al Congreso, y que éste se lo otorgue. Y no pasó nada de eso en Libia.

De éste modo, el Presidente de los Estados Unidos y Comandante en Jefe de su ejército tiene ahora vía libre para declarar, también, la guerra en Internet cuando le venga en gana y sin necesidad de seguir los “principios y sistemas legales” procedentes pidiendo permiso al Congreso.

También quedan más cosas en la oscuridad, como por ejemplo qué se considera una “acción ofensiva”. Pero aunque ahora no se especifique, la Estrategia del Pentágono para la Seguridad en Internet (y segunda parte), otro bonito eufemismo, ya se ocupaba de decirlo hace unos meses.

Habrá que contar que las “acciones ofensivas” puedan incluir el lanzamiento de virus y gusanos, troyanos, ataques de denegación de servicio o incluso penetrar en los sistemas de control de energía de terceros países y deshabilitar las redes eléctricas para dejar todo un país a oscuras.

Y decimos “pueden incluir” porque no existen precedentes en el aspecto de la net war o guerra cibernética, aunque desde el Pentágono ya dejaron claro que se tomarán en serio cualquier ataque, y que el mismo puede recibir respuestas con fuego real, además de lo listado en el párrafo anterior.

Todo esto viene empujado por el sector de la ciber-paranoia, que viene profetizando una suerte de ciber-apocalipsis, ciber-Pearl Harbor y demás ciber-bazofia para promover el miedo.

No existe constancia de ningún ataque hacker, de ninguna acción que haya puesto en peligro, ni si quiera en riesgo, ninguna de las “infraestructuras altamente dependientes de Internet”.

Es más, el único caso que podría relacionarse con esto fue el de la depuradora en Illinois, que fue “victima” de las conexiones de uno de sus responsables, mientras se encontraba en viaje de negocios.


Fuente: Cubadebate
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¿Por qué quieren atacar a Irán? (Por Pedro Brieger)

Para cualquiera que no sea un experto en energía atómica es muy difícil opinar sobre el nivel de desarrollo nuclear de cualquier país o de su capacidad para utilizar dicha energía con fines militares. Los planes suelen ser secretos y lo poco que se sabe son rumores y trascendidos que difunden supuestos expertos a los medios de comunicación, muchas veces con objetivos políticos no declarados. Es lo que sucedió con Irak en la década del noventa y ahora se repite con la República Islámica de Irán. Lo de Irak es historia conocida. Con la excusa de que el régimen de Saddam Hussein estaba desarrollando “armas de destrucción masiva” se creó un consenso internacional para apoyar la invasión a Irak. Cómo olvidar la exposición de Colin Powell en Naciones Unidas mostrando un pequeño tubito como ejemplo de lo que tenía Saddam Hussein para destruir el planeta. Cualquier persona honesta que seguía con atención la prensa norteamericana tenía motivos para desconfiar y pensar que se estaba urdiendo una trama cuyo objetivo era derrocar a Saddam Hussein. No hubo que esperar mucho tiempo para que se supiera que se había inventado una fabulosa mentira con la complicidad de algunos de los medios de comunicación más prestigiosos del planeta, y en primer lugar el New York Times, que un año después (26.05.04)) tuvo que disculparse.
¿Cómo no sospechar que se esté urdiendo una trama similar respecto de Irán? Hace poco tiempo Mohamed Baradei, ex presidente de la Comisión Internacional de Energía Atómica y premio nobel de la paz en 2005 dijo que no había pruebas de que Irán estuviera desarrollando tecnología nuclear con fines bélicos y que no era lo mismo buscarla que tenerla.
La demonización de Irán es un hecho, pero tampoco es nueva. En realidad, comenzó el día después de que cayera Reza Pahlevi en 1979, uno de los principales aliados de los Estados Unidos en Asia y con influencia en todo el Medio Oriente. Además, no hay que olvidar que Irán es uno de los países que poseen las mayores reservas petroleras.
No es ningún secreto que los tambores de guerra suenan en Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. A los cuatro vientos dicen que hay que impedir el desarrollo nuclear de Irán como si este país fuera una amenaza para la humanidad, lo mismo que se decía respecto de Saddam Hussein. Es muy llamativo que quienes levantan el dedo acusador sean justamente quienes han comenzado varias guerras, invadieron países que todavía ocupan o violan sistemáticamente resoluciones de Naciones Unidas. ¿E Irán? Se pueden decir muchas cosas del régimen iraní, pero no invadió ningún país, no comenzó ninguna guerra y no tiene bases militares o tropas por doquier. Pero desafía a la primera potencia mundial. Y eso no se perdona.

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La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo

Un atajo para luchar contra la impunidad

A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.

La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista, una lista con las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre 1936 y 1977, año en que murió el dictador Francisco Franco. El requerimiento se enmarca en la causa iniciada por víctimas y familiares de fusilados y desaparecidos radicados en Argentina, que denuncian al Estado español, basados en principios de justicia universal. Fue a través de esos mismos términos internacionales que el juez Baltasar Garzón logró abrir investigaciones sobre los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. En ese momento, la intervención judicial significó un enorme aporte a las causas de los organismos de derechos humanos de los dos estados americanos.

Mientras en España temen por el silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato de Francisco Franco, la jueza federal argentina rechazó una presentación del país europeo que sostiene que puertas adentro se investigan esos delitos y solicitó medidas probatorias concretas.

Pero lo que se hace hacia afuera, no se replica hacia adentro. Mientras desde el extranjero Garzón es aplaudido, en España lo espera un juicio que le inició el mismo Estado por haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por La Falange, el partido que encabezaba Franco. “Yo actué como juez interpretando las normas nacionales e internacionales, como en otros casos”, dijo en declaraciones radiales recientes. Lo que pasa, en su opinión, es que “el franquismo en España todavía está vivo”.

En ese marco, organismos de derechos humanos españoles manifestaron que temen que, con la llegada de la derecha al poder, de la mano del jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, se retroceda en los derechos adquiridos. “Existe un peligro de regresión, porque la crisis económica es la excusa para que caigan las ayudas que recibimos”, apuntó Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos, referente de la asociación Memoria Viva. En julio último, además, el Parlamento español ratificó la Ley de Amnistía vigente desde 1977, que bloquea el procesamiento de los militares involucrados.

Por eso, para Garzón es “complicado” que otro juez español investigue los crímenes de la dictadura franquista. Paradójicamente, en ese contexto, la Fiscalía General del Reino de España realizó un informe, a pedido de Cubría, destinado a responder si España investiga los crímenes del franquismo. La respuesta fue que “se han tramitado y se están tramitando numerosos procedimientos judiciales”. Algunas de las causas en curso citadas por la autoridad española se referían a los procesos desprendidos de las acciones de Garzón. “Esas causas se archivan automáticamente por prescripción o por una cuestión de competencia, ya que los jueces buscan que se haga cargo el Tribunal Superior de España”, explicó el abogado querellante Máximo Castex.

Con el exhorto de ayer, Servini de Cubría derrumbó la endeble torre de argumentos. Solicitó los “nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” que actuaron durante el franquismo –comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977– con la “certificación de los que hayan fallecido”.

Además, pidió el número de personas desaparecidas, con sus nombres completos, y la fecha y el lugar de sus desapariciones; la cantidad de personas asesinadas y torturas por “persecución política”; y la cifra de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura. Las agrupaciones que luchan por la memoria aseguran que son al menos 30 mil los bebés robados.

También se requiere informes sobre las fosas comunes encontradas, la cantidad de cuerpos recuperados a la fecha y la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. Para Castex, ese último punto del exhorto librado el 13 de diciembre último es fundamental. “Con las enormes distancias y diferencias, puede tener las repercusiones que acá tiene el tema de (la empresa que durante la dictadura militar pasó a manos del Grupo Clarín) Papel Prensa.”

Todas las medidas pedidas por Servini de Cubría corresponden a las peticiones solicitadas por el equipo de abogados de los familiares o españoles radicados en Argentina. En su última presentación, el 25 de noviembre último, la querella solicitó además que la jueza se constituya en la embajada nacional en España para recibir en persona nuevas denuncias y testimonios de víctimas. La magistrada podría dar lugar a este pedido una vez que recabe los datos solicitados.

“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia –sostienen los abogados argentinos en el último documento entregado a Cubría–, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad (si no que) no hay un solo niño a quien se le haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos.”

Informe: Rocío Magnani.

Fuente: Pagina 12
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"Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista" (Libertad, amiga de Mafalda)