5.6.16
Prohibido informar sobre los evasores que se "blanqueen"...
27.12.15
Combo PRO: Despojo + bloqueo informativo + control social
Tratando de encontrar un tema puntual para comentar aquí me dí cuenta de que son demasiados y que en apariencia serían inconexos. Eso hace que me maree por momentos y no sepa en qué concentrar la atención. Tal es el bombardeo de medidas espantosas y de declaraciones y hechos entre ridículos y perversos que genera el macrismo por estos días. Sin embargo, aunque no parezcan tener una relación directa unas con otras, tienen un hilo conductor que en una punta tiene el revanchismo y el odio de clase y en la otra punta, la rapiña. Una suerte de orgía de apropiación de la mayor parte posible de la torta para su beneficio y el de sus patrocinantes y socios extranjeros. ![]() |
| Momento en que colocan la faja de "CLAUSURADO" en la entrada de la AFSCA |
5.2.12
New York Times: "Procesar a Garzón es una ofensa a la justicia y a la historia"
Para The New York Times, el Tribunal Supremo "nunca debió haber aceptado este caso", abierto, recuerdan, tras la denuncia de "dos grupos de extrema derecha".
El diario llama también la atención sobre el hecho de que en España, "donde los procesos contra magistrados son poco frecuentes", un solo juez tenga tres causas abiertas, lo que "podría frenar la independencia judicial".
"El juez Garzón se hizo famoso por sus procesos contra los terroristas vascos, torturadores argentinos, el dictador chileno Augusto Pinochet y políticos españoles. Sus poderosos enemigos ahora ven la oportunidad de terminar con su carrera. El juez Garzón es a veces innegablemente ambicioso, pero procesarle por excavar en los crímenes de la era franquista es una ofensa a la justicia y a la historia. El Tribunal Supremo debe absolverle", concluye el periódico
Fuente: El País (España)
16.1.12
Otro genocida que muere con el beneficio de la impunidad...
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Francisco Franco saluda a Manuel fraga Iribarne. EFE |
Uno más de esos tipos deleznables que a lo largo y a lo ancho de este mundo, termina muriéndose de viejo, libre e impune de tanto crímen cometido.
Solamente con leer la nota que aparece en el diario español Público.es es más que suficiente para tener una idea sobre la calaña de este personaje. Alguien que como los genocidas de estos lares, no sólo no se arrepintió jamás de lo hecho, sino que siguió hasta último momento reivindicando la dictadura de 40 años encabezada por Francisco Franco. Por el contrario, como afirma el diario, fue un "Gran defensor de la dictadura franquista, que nunca llegó a condenar de forma expresa —tampoco lo ha hecho el partido que fundó, AP, transformado luego en el PP—, inicio su carrera política subido a la ola del golpe de Estado de 1936."
Sí... el mismo PP de Aznar y del presidente actual, Mariano Rajoy...
Hace unos años me alegraba cuando un tipejo como este moría. Pensaba que era un poco menos de escoria en el mundo. Hoy me da bronca, porque viendo que cuando hay voluntad social y política para juzgar los crímenes y a los criminales y para perseguir con la ley y la justicia a los genocidas, no sólo la satisfacción es mucho mayor porque deja bien en claro lo que fueron, lo que son y lo que hicieron, sino que repara la memoria de sus víctimas y llena de legítimo orgullo y le devuelve la dignidad al pueblo que consigue hacer justicia...
Qué pena! Murió Manuel Fraga Iribarne...
31.12.11
¿De qué terrorismo hablamos? (Por Eduardo Anguita)
Así es la redacción del artículo en cuestión: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.” El párrafo que se agregó en Diputados indica que “las agravantes (duplicación de penas) previstas no se aplicarán cuando el o los hechos tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Hoy, con la historia abierta desde el 25 de mayo de 2003, está claro de qué se habla, pero desde la óptica del Poder Ejecutivo Nacional.
No puede decirse –sólo por tomar dos casos entre muchísimos– que el gobierno de Mauricio Macri tenga la misma lectura, ni que la jueza que ordenó la represión del Indoamericano hace un año tenga la misma óptica respecto de no reprimir la protesta social.
Todo indica que ser miembros del G-20 tiene un costo de admisión y una cuota societaria y que el GAFI (un foro intergubernamental que reclama normas de persecución al lavado de activos y financiamiento al terrorismo) tiene una manifiesta fidelidad hacia la gran banca privada internacional y al Departamento de Estado estadounidense.
No extraña la calificación que hizo del GAFI el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni: “Es un organismo de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas.”
Esta ley aparece en el contexto de la utilización de las sanciones financieras de Israel, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Canadá contra un banco público iraní –el EIH, con sede en Hamburgo– porque según la prensa israelí, norteamericana y británica “esta entidad bancaria apoya la proliferación de armas de destrucción masiva”. ¿Se refiere a que fabrican bombas que son usadas por terroristas para atacar un blanco civil, como todo indica que sucedió con la sede de la AMIA en Buenos Aires en 1994? No, se refiere a que el EIH es un banco en el que, además de transacciones por el gas y el petróleo iraní, también se hacen pagos a empresas que participan del programa nuclear iraní.
Y aquí conviene hacer varias consideraciones. La primera: ¿No hacen terrorismo mediático los diarios de los países centrales que señalan a la bestia de Teherán después de haber matado cientos de miles de iraquíes con la excusa de que la bestia de Bagdad tenía armas químicas y biológicas, cosa que nunca se probó? La segunda: ¿Nadie se acuerda que ingleses y norteamericanos dieron un golpe de Estado en Irán en 1953 y colocaron a un monigote llamado Reza Pahlevi, porque los iraníes estaban a punto de estatizar el petróleo y el gas controlado por empresas norteamericanas y británicas? La tercera: Irán no reconoce tener un programa de fabricación de bombas atómicas, permite las inspecciones de la Agencia de Naciones Unidas para la Energía Atómica y no están probadas las acusaciones.
EL ÁRBOL Y EL BOSQUE. José Nun –honrado por el gobierno como secretario de Cultura pero desaprovechado en su trayectoria como destacado politólogo con diversos doctorados en Economía– acaba de publicar La desigualdad y los impuestos (Capital Intelectual) en el que cita fuentes del Banco Mundial para hablar del lado oscuro de las finanzas.
“Entre 1 y 1,6 trillones (1 trillón: 10 elevado a la 18, NdR) de dólares (es) el dinero mal habido que circula anualmente por el mundo.” Uno de los mayores especialistas de lavado de dinero en el mundo es Raymond Baker, presidente de Global Financial Integrity, quien después de haber estudiado los movimientos financieros de 60 naciones, cree que las cifras del Banco Mundial deberían multiplicarse por tres. Lo impresionante es que, según Baker, la mitad de ese dinero proviene de las naciones en desarrollo –o periféricas–. Y cualquiera podrá preguntarse si esa es plata sucia de los carteles de droga o de políticos corruptos. Sí, pero en una proporción que deja helada la sangre: “entre el 60 y el 65% (se debe) a las maniobras ilícitas de muchos particulares y grandes empresas”, mientras que el llamado “crimen organizado” sería responsable del 30% del dinero ilegal y sólo el 3% de la “corrupción política”.
En la Argentina, los delitos de “financiación al terrorismo” estaban contemplados en figuras ya existentes en el Código Penal, pero lo que no está debidamente entendido en la sociedad –y parece que también en buena parte de la dirigencia política argentina es la cantidad de maniobras que hacen las grandes empresas transnacionales para burlar el pago de impuestos. En este sentido, tuvo mucha menos repercusión el tratamiento y sanción en estos días de otra ley que incorpora delitos económicos y financieros para prevenir el lavado de activos, una figura que se había incluido en el Código Penal a mediados de este año. La nueva norma penaliza, por ejemplo, acciones destinadas a afectar el orden económico o financiero. La presidenta habló hace poco de haber conjurado cinco corridas bancarias que, según ella, llevaron al Banco Central a tener que vender 15 mil millones de dólares, una cifra impresionante. Es valiente de parte de la presidenta dar a conocer estos movimientos desestabilizadores, pero sería vital para la sociedad argentina conocer los detalles de todo esto. Se dice –pero nunca se dan los datos concretos con nombres, apellidos y entidades bancarias– que hay más de 100 mil millones de dólares de argentinos en circuitos ilegales, posiblemente la mayoría reciclados fuera del país.
Cuando muchos periodistas y académicos reclaman la urgencia de una ley de derecho al acceso de la información no se refieren a los detalles íntimos de una reunión en un ministerio sino a la posibilidad de sostener y alimentar debates públicos con información fundada y no en base a estimaciones. Eso ayudaría al Estado, además, a recaudar más impuestos y también permitiría mejorar las normas tributarias.
No sólo la palabra “terrorismo” pone en guardia a quienes conocen las historias de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y la soberanía de las naciones. “Task force” es otro término, casi complementario de las lógicas de avasallamiento. Es decir, primero la gran prensa aterroriza diciendo que hay terroristas por todos lados y luego llegan las fuerzas de tareas. Es decir, Vietnam, Panamá, Irak, Afganistán. Raymond Baker preside además la curiosa Task Force on Financial Integrity & Economic Development (Fuerza de Tareas para la Integridad Financiera y el Desarrollo Económico) que explica en su página web cinco prioridades para transparentar las finanzas: la reducción y manipulación de los precios de las importaciones y exportaciones; la contabilidad de las ventas, de las ganancias y de los impuestos pagados por las compañías multinacionales país por país; confirmación de los registros bancarios de las ganancias declaradas; información automática cruzada entre los impuestos y las (declaraciones de) aduana; y por último, la armonización de la legislación sobre lavado de dinero (acá podría llamarse fuga de capitales en dólares) focalizada en la transparencia.
Una mirada al respecto desde un punto de vista nacional y popular podría advertir que una serie de académicos y economistas especializados en normas impositivas participaron en el trabajo dirigido por José Nun, uno de ellos es el filoso Jorge Gaggero, del Plan Fénix. También podría decirse que Raúl Scalabrini Ortiz ha dejado una extraordinaria enseñanza respecto de cómo los ferrocarriles y los bancos ingleses limaron la soberanía argentina. Y también que Daniel Aspiazu y Eduardo Basualdo explicaron con claridad en los últimos 25 años cuál es el grado de concentración y transnacionalización de la economía argentina. Nada debe empañar la impronta de este Congreso que sancionó una docena de leyes en tiempo récord.
Pero, en algunos casos, velocidad no significa profundidad. Y estos temas merecen debates y también merecen información pública confiable.
27.12.11
La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo
A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.
La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista, una lista con las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre 1936 y 1977, año en que murió el dictador Francisco Franco. El requerimiento se enmarca en la causa iniciada por víctimas y familiares de fusilados y desaparecidos radicados en Argentina, que denuncian al Estado español, basados en principios de justicia universal. Fue a través de esos mismos términos internacionales que el juez Baltasar Garzón logró abrir investigaciones sobre los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. En ese momento, la intervención judicial significó un enorme aporte a las causas de los organismos de derechos humanos de los dos estados americanos.
Mientras en España temen por el silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato de Francisco Franco, la jueza federal argentina rechazó una presentación del país europeo que sostiene que puertas adentro se investigan esos delitos y solicitó medidas probatorias concretas.
Pero lo que se hace hacia afuera, no se replica hacia adentro. Mientras desde el extranjero Garzón es aplaudido, en España lo espera un juicio que le inició el mismo Estado por haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por La Falange, el partido que encabezaba Franco. “Yo actué como juez interpretando las normas nacionales e internacionales, como en otros casos”, dijo en declaraciones radiales recientes. Lo que pasa, en su opinión, es que “el franquismo en España todavía está vivo”.
En ese marco, organismos de derechos humanos españoles manifestaron que temen que, con la llegada de la derecha al poder, de la mano del jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, se retroceda en los derechos adquiridos. “Existe un peligro de regresión, porque la crisis económica es la excusa para que caigan las ayudas que recibimos”, apuntó Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos, referente de la asociación Memoria Viva. En julio último, además, el Parlamento español ratificó la Ley de Amnistía vigente desde 1977, que bloquea el procesamiento de los militares involucrados.
Por eso, para Garzón es “complicado” que otro juez español investigue los crímenes de la dictadura franquista. Paradójicamente, en ese contexto, la Fiscalía General del Reino de España realizó un informe, a pedido de Cubría, destinado a responder si España investiga los crímenes del franquismo. La respuesta fue que “se han tramitado y se están tramitando numerosos procedimientos judiciales”. Algunas de las causas en curso citadas por la autoridad española se referían a los procesos desprendidos de las acciones de Garzón. “Esas causas se archivan automáticamente por prescripción o por una cuestión de competencia, ya que los jueces buscan que se haga cargo el Tribunal Superior de España”, explicó el abogado querellante Máximo Castex.
Con el exhorto de ayer, Servini de Cubría derrumbó la endeble torre de argumentos. Solicitó los “nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” que actuaron durante el franquismo –comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977– con la “certificación de los que hayan fallecido”.
Además, pidió el número de personas desaparecidas, con sus nombres completos, y la fecha y el lugar de sus desapariciones; la cantidad de personas asesinadas y torturas por “persecución política”; y la cifra de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura. Las agrupaciones que luchan por la memoria aseguran que son al menos 30 mil los bebés robados.
También se requiere informes sobre las fosas comunes encontradas, la cantidad de cuerpos recuperados a la fecha y la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. Para Castex, ese último punto del exhorto librado el 13 de diciembre último es fundamental. “Con las enormes distancias y diferencias, puede tener las repercusiones que acá tiene el tema de (la empresa que durante la dictadura militar pasó a manos del Grupo Clarín) Papel Prensa.”
Todas las medidas pedidas por Servini de Cubría corresponden a las peticiones solicitadas por el equipo de abogados de los familiares o españoles radicados en Argentina. En su última presentación, el 25 de noviembre último, la querella solicitó además que la jueza se constituya en la embajada nacional en España para recibir en persona nuevas denuncias y testimonios de víctimas. La magistrada podría dar lugar a este pedido una vez que recabe los datos solicitados.
“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia –sostienen los abogados argentinos en el último documento entregado a Cubría–, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad (si no que) no hay un solo niño a quien se le haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos.”
Informe: Rocío Magnani.
Fuente: Pagina 12
12.12.10
Sur, descontrol y después... (Por Mario Wainfeld)
Cuesta organizar el relato y el análisis de todo lo sucedido. Quizás el mejor punto de partida sea hablar de las víctimas fatales. No son las únicas, pero sí las más graves. Al cierre de esta nota, como dato adicional sobre el descontrol y la ausencia del Estado local y el nacional, se debate si fueron tres o cuatro. Como fuera, los muertos y heridos graves pertenecen a un mismo sector: el de los ocupantes del Parque Indoamericano. Humildes, mayor aunque no exclusivamente inmigrantes de países hermanos. Personas, familias que, compelidas por la necesidad extrema, ejercitan una (tan riesgosa como racional) estrategia de supervivencia que incluye la usurpación de terrenos. Ocupan el espacio público, como lo hicieron otros colectivos sociales (los asambleístas entrerrianos de Gualeguaychú, los familiares de las víctimas de Cromañón, las patronales agropecuarias) porque, como ellos, saben que la acción directa “paga”. Pero se arriesgan mucho más que los otros en cada movida, porque moran en el último peldaño social. Están “jugados” porque así les cabe defender sus derechos y porque (aunque suene paradójico con tanta sangre fresca) tienen “poco que perder”.
Brutalidad policial, pasividad ulterior, racismo de arriba ejercitado por el jefe de Gobierno Mauricio Macri, racismo “de abajo” de vecinos intolerantes, bandas organizadas que impusieron su ley durante casi dos días. Todo se pudo ver por televisión, un espectáculo macabro en el que los medios dominantes se alinearon con la derecha porteña, obsesionados con cargar acríticamente todas las responsabilidades sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La parte del león de la culpa, sin embargo, le cabe a Macri. Las policías bravas (ambas) están en el banquillo. El gobierno nacional también tiene responsabilidades por excesos policiales y omisiones políticas, que (mejor tarde que nunca) decidió rectificar drásticamente. Tratemos de desbrozarlas.
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Todo lo que es PRO: La enunciación de los errores, manipulaciones, inoperancia, intolerancia, actos de barbarie y racismo del macrismo es contundente. Repasemos los más notorios, en orden cronológico.
- Una gestión orientada a la “gente linda” y a “sus” espacios públicos. El Sur, los pobres, son el último orejón del tarro. Palermo Viejo o las plazas de zonas de clase media se ven bien. Afrenta llamar “espacio verde” al Indoamericano.
Hay cosas peores, claro, entre tantas la subejecución record del presupuesto de vivienda y la desatención durante tres años de las demandas de los ocupantes de villas o barrios carenciados.
- La promesa chanta de titularizar dominios, acollarada con la idea de llevar las elecciones al inminente marzo. Se volanteó ese planteo irrealizable, induciendo a los que ahora tilda de “ocupas” a rebuscar un modo de acceder a ese derecho.
- Con la toma realizada, obsesionarse con la salida represiva, como único medio imaginado.
- La falta de profesionalismo y capacitación de la Policía Metropolitana. El PRO alardeó sobre ese cuerpo de excelencia, que fracasó en toda la línea. El 18 por ciento de ejecución del presupuesto de vivienda es una cifra que supera otras referencias. Los números de la Metropolitana, también. Tiene 1800 o 2000 integrantes, según distintas versiones. En el brutal desalojo participaron menos de cien. Unos pocos quedaron a cargo del parque y no fueron capaces de mantenerlo desocupado. Luego, Macri confesó impotencia y dejó una guardia testimonial, un puñado de patrulleros. El líder de PRO explicó que fueron desbordados.
La Metropolitana, se pretendía, era una “policía presencial”. Cuando hizo falta para separar a grupos ciudadanos antagónicos no destinó el 10 por ciento de sus efectivos y Macri clamó por la presencia de la Federal. El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, fue más específico: quería la Infantería. La represión otra vez, arrogándose la potestad de conducir una Policía ajena, en parte para tirarle a Cristina Kirchner eventuales “costos” de desbordes.
La Metropolitana está, además, acusada de haber asesinado a Juan Castañeta Quispe. La culpa penal es rigurosa, debe probarse. Esto dicho, la voz de las víctimas merece escucha. Y el cargo es consistente con las bravatas lanzadas por la policía porteña, escuchadas por centenares de sus destinatarios: “Bolivianos de mierda, váyanse de acá que los vamos a matar”.
- La nula disposición a negociar con los ocupantes y el damero de organizaciones sociales que representan a una buena fracción de ellos, que no a todos.
- Por último, sólo a los fines enumerativos, las declaraciones xenófobas (y un consecuente programa de acción, casi una plataforma electoral) culpando a los inmigrantes y coqueteando con militarizar la acción policial. Una estigmatización cruel, de densa raíz ideológica. Claro que hay ciudadanos que piensan parecido, eso potencia la gravedad de la palabra de un gobernante democrático. Atizar las peores pasiones y prejuicios puede, incluso, ser un exitoso imán de ciertos votantes. Pero es un discurso repudiable que, en medio de la incertidumbre y del fragor, acicateó respuestas feroces, indignas de la mejor tradición argentina. Hipócrita, Macri les pidió a “los vecinos” que no apelaran a la “justicia por mano propia”, incongruencia insalvable con su descripción del “otro”: ventajero, vago, privilegiado por leyes antipatrióticas, cómplice de los narcos.
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Mauricio y el conflicto: En todos los conflictos que afronta, el macrismo sigue un derrotero similar. Con los docentes, con los alumnos, con los gremios y artistas del Teatro Colón, sobreactúa intransigencia, niega mesas de negociación. Acusa a sus interlocutores de politizados, de desmedidos sean estos maestros, estudiantes o bailarinas de ballet. Los conflictos se radicalizan, espiralizan y eternizan. Culpa entonces a algún demiurgo externo, en algún punto retrocede y zurce mal.
En promedio, es incapaz de internalizar que en los conflictos la contraparte agudiza sus reclamos y busca sacar tajada. Ese es el contexto obvio, en una sociedad pluralista, combativa y reivindicativa. Ignorar su abecé descalifica a Macri como gobernante.
Sus adversarios, empezando con el kirchnerismo, le atribuyen objetivos aviesos. El cronista no niega del todo teorías sobre mala fe de Macri pero cree que su incompetencia es innegable.
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Entre la represión y la pasividad: El gobierno nacional también cometió errores serios, que ahora comienza a desandar. La conducta de la Policía Federal osciló entre dos extremos aciagos: la represión desbocada y la pasividad. Da la impresión de no haber puntos intermedios.
El desalojo fue una pésima operación. El operativo conjunto entre las dos Policías es una táctica desaconsejable, que siempre termina en cortocircuitos. No hay precedentes de cooperación ante una situación tan delicada y peligrosa. Tampoco hay protocolos vigentes que pauten modos de obrar.
La Federal fue violenta en su accionar, golpeó a mansalva a los ocupantes, disparó balas de goma con saña. Dos muertos consagran el fracaso y abren sospechas enormes. El fiscal a cargo de la pesquisa, Sandro Abraldes hizo lo debido: apartar a los federales de la investigación. El tema se comenta con más detalle por separado (ver nota aparte en Página/12).
La inacción policial ulterior, por manda del poder político, también es una falta grave. Las usurpaciones, según las normas vigentes, son competencia de los tribunales porteños. Pero cuando un hecho deriva en crímenes comunes, cometidos a la vista de la ciudadanía, se exige intervención inmediata.
En verdad, se ha producido un resquebrajamiento respecto de una encomiable línea maestra del kirchnerismo, eficaz y virtuosa en los primeros años: no reprimir la protesta. Los actores le han tomado la mano, tiran de la soga a niveles extremos, la recurrencia del obrar estatal subleva a otros ciudadanos. En menos de dos meses, colmo de colmos, han muerto cinco personas en movilizaciones, lo que habla de una pérdida sensible de eficacia.
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La Presidenta reaccionó con demora, pero en el mejor sentido. Organizó un encuentro con Macri y organizaciones sociales. Lo convocó de arrebato y se esmeró en concretarlo, una anécdota lo ilustra. Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), recibió la urgente invitación estando en González Catán. La Casa Rosada lo hizo buscar con un helicóptero para que pudiera llegar a tiempo. El encuentro fue solicitado por la CCC y otras organizaciones como el Frente Darío Santillán. Suelen igualar, en sus planteos, al kirchnerismo y al macrismo. Pero, cuando actúan, reconocen diferencias: con el gobierno nacional se puede hablar, con el porteño no.
La propuesta de salida fue pura iniciativa de la Rosada y abarcó presencia de Gendarmería y Prefectura, combinada con un “desembarco social” que incluye censos, propuestas para los reclamantes, búsqueda de soluciones. Los ministros Aníbal Fernández y Florencio Randazzo ofrecieron una solución habitacional con esfuerzo compartido: la nación conseguiría terrenos para edificar viviendas, que sufragaría la Ciudad. Macri se negó, argumentando no disponer de fondos. De cualquier manera, la necesidad primaria de “paz social” parece encauzarse aunque cualquier chispa puede echarlo todo a perder.
Crear un Ministerio de Seguridad es reconocer, implícitamente, que el esquema previo fracasó. Desde el vamos, cree el cronista, era un error una megacartera que aunaba Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Demasiadas competencias y contiendas posibles, porque las mayores violaciones de derechos humanos provienen de las fuerzas de seguridad. De facto, Aníbal Fernández seguía teniendo a su cargo la Seguridad, relegando al ministro Julio Alak a un rol secundario. Un nuevo ministerio, con tareas ciclópeas pero necesarias, es un paso adelante. La trayectoria de Nilda Garré la califica como promisoria para el cargo. Se trata de poner bajo control político a las fuerzas policiales que, en los hechos, se autogobiernan. Las consecuencias son palpables. El de-safío es mayúsculo.
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La Presidenta expresó, en público, su cuestionamiento a la “mano dura”, reproche que concierne a la propia Federal. En la Rosada se la reivindicó en exceso, durante demasiado tiempo.
Los asesinatos de Ferreyra, Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Castañeta Quispe revelan que esa confianza era inmerecida y equivocada. El Jefe de Gabinete fue uno de los mayores defensores de la Federal y de su titular, Néstor Vallecca. Llegó a pronunciar declaraciones apresuradas y descolgadas después del crimen de Ferreyra. La Presidenta recibió a la familia del joven militante asesinado en estos días. Los acogió con calidez y les garantizó que se investigaría a fondo. Los asistentes no le habían pedido nada especial salvo que sondeara sobre el comportamiento de la Federal.
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Hechos terribles e irreparables ya sucedieron. De cara a ellos Macri, su mentor, nada hizo salvo atizar el fuego. La Presidenta eligió rectificar sus errores, buscar una solución pacífica y negociada, privilegiando la faceta social del conflicto. Y tomar el toro por las astas para saldar largas deudas sobre política de seguridad.
El saldo de la semana es, más vale, desolador y doloroso. Los reflejos racistas de un prominente líder opositor, con el que concuerdan muchos ciudadanos y comunicadores, agregan su cuota de hiel.
4.12.10
Marcela Noble y la historia de Matilde
Detrás de un macabro titular publicado en la tapa del diario Clarín el domingo 5 de septiembre de 1976, puede ocultarse una de las claves en torno a la identidad biológica de Marcela Noble Herrera, la hija adoptada de manera irregular por la propietaria del multimedios. Aquel día de 1976, el diario de Herrera de Noble recogía la crónica de un supuesto enfrentamiento que nunca existió –al menos–, en los términos descriptos por el diario: “Tras un prolongado tiroteo, las fuerzas de seguridad abatieron a cinco extremistas que se resistieron a desalojar una finca en San Isidro, donde se realizaba una reunión…” La crónica de Clarín omitía mencionar que tres de los cinco supuestos extremistas abatidos por el Ejército Argentino eran niños en edad preescolar: Roberto tenía cinco años, Bárbara cuatro y Matilde era una beba de apenas seis meses. El destino de esa bebita ha permanecido ligado –durante más de tres décadas–, al misterio que envuelve la identidad de Marcela Noble Herrera.
Doscientos efectivos del Ejército y la policía, equipados con una bazooka y un jeep con ametralladora antiaérea, atacaron la vivienda donde residían los militantes Montoneros, Roberto Lanuscou, su esposa Bárbara Miranda junto a sus tres hijos.
Las acciones comenzaron “a las 21:30 con una continua detonación que finalizó a las dos de la mañana, casi cinco horas después”, recuerda el vecino Marcelo Turdo, que entonces tenía 11 años y se escondió en el baño de su casa ubicada al lado de la vivienda atacada.
Según los relatos de varios testigos presenciales, el enfrentamiento que relata Clarín no fue tal: la inexistencia de impactos de bala en las viviendas de enfrente, en cuyos techos se habían apostado los soldados, demostró que no hubo una resistencia significativa por parte de los ocupantes de la casa ubicada en la esquina de las calles Asunción y Catamarca, de Boulogne.
Según los diarios de la época, el Comando Militar Zona 4 informó que cinco “subversivos” murieron en el intenso enfrentamiento que obligó a los vecinos a llamar a los bomberos voluntarios de San Isidro para sofocar el incendio, pero se les impidió acercarse a la casa.
Sin embargo, aquel falso enfrentamiento formaba parte de una historia mucho más macabra. En enero de 1984, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró las tumbas de los cinco miembros de la familia Lanuscou-Miranda, los supuestos extremistas que habían sido enterrados como NN en el cementerio de Boulogne. Tras la exhu-mación de los cadáveres, el EAAF, “comprobó que todos los cráneos encontrados tenían perforaciones de bala”, lo que indicaba que habían sido rematados, pero además, el jefe del equipo, el estadounidense Clyde Snow, denunció que “en el ataúd de Matilde, la beba de seis meses supuestamente abatida, no había restos óseos; sólo un chupete, un osito de peluche y unas ropitas.
El certificado de defunción lo firmó el doctor Roberto Bettale, pero hay razones para sospechar que la muerte de Matilde fue simulada, y desde ese momento los familiares del matrimonio Lanuscou-Miranda sospechan que la beba puede haber sido apropiada y que podría tratarse de Marcela Noble Herrera.
En su casa de Villa Devoto, el ingeniero Carlos Miranda revuelve en las cajas de fotos familiares buscando un buen retrato de su hermana Bárbara, a quien encuentra singularmente parecida a Marcela Noble. “La forma de la cara, los ojos y las cejas. El parecido es impresionante... pero resulta absurdo que nos tengamos que guiar por las fotos de las revistas cuando esto se debe resolver de manera tajante con un simple pinchazo en el dedo”, dice Miranda, que es uno de los querellantes en la causa contra Ernestina Herrera de Noble.
“Mi cuñado y los dos chicos murieron al instante, pero a mi hermanam que protegió a Matilde con su cuerpo, la remataron y se llevaron a la bebita”, rememora Carlos Miranda, mientras espera el cotejo de las muestras de ADN ordenados por la jueza Sandra Arroyo Salgado.
La abuela de Matilde fue integrante de Abuela de Plaza de Mayo y murió soñando el encuentro con su nieta. Hoy su tío David Lanuscou, músico y hermano de Roberto, sigue la búsqueda. Asegura que “son muchos los datos y testigos que vieron salir con vida a su sobrina Matilde, de 6 meses, del operativo que sus padres resistieron”. Aun así, el querellante señala que hasta que no se haga el estudio de ADN quedará la sospecha que “puede o no ser mi sobrina, pero lo que es evidente es que son hijos de desaparecidos”.
Un fragmento de la canción “Matilde de seis lunas” compuesta por David Lanuscou reza “El sol araña las sombras, con sus espinas de tiempo, vuela, Matilde, paloma, a un horizonte de encuentros.”
Por Walter Goobar
Fuente: Tiempo Argentino
26.10.10
Los que conocemos todos (Por Eduardo Aliverti)
Pedraza es un miserable. No hubo dos bandos enfrentados sino uno solo. Las policías Bonaerense y Federal son sospechosas tanto por el hecho en sí como por sus antecedentes. La intervención de barrabravas asienta la mirada sobre el matonismo de la patota sindical. Si el bando fue uno solo no hubo enfrentamiento, como apuntó alguna prensa canalla, sino emboscada. La Unión Ferroviaria debe hacerse cargo de la conducta de sus encuadrados, y de todo cuanto se desprenda de los negocios que implementa. Las empresas tercerizadas son socias del gremio, y por tanto de la patota. El Gobierno tiene responsabilidad porque queda expuesto, en episodios como éstos, que apaña o tolera la precarización laboral y a los sindicalistas que la fomentan, promoviendo enfrentamientos por vía directa o indirecta. Se impone intervenir la Unión Ferroviaria. La tragedia vuelve a plantear cuánto no se avanza en la democratización sindical, porque los trabajadores quedan presos de empresarios inescrupulosos y de matones. Las empresas involucradas, dicho sea de paso, no abrieron la boca. “Un zurdito menos”, se le escuchó decir a uno de los agresores de acuerdo con el testimonio de un fotógrafo de Clarín. Algunos otros canallas, o los mismos, mienten que volvió el clásico histórico derecha sindical peronista versus izquierda radicalizada, como si hubiera una izquierda en armas. ¿Cómo puede ser que haya hecho falta un asesinado (y otra militante que al momento de escribirse esta columna sigue entre la vida y la muerte) para que las autoridades tomen el compromiso decidido de revertir despidos y precarizados? Constatación notable pero nunca insólita: los grandes medios descubrieron o amplificaron, abruptamente, el ultraje de la precariedad laboral. ¿Y cómo puede ser que al Gobierno se le haya escapado controlar mejor lo que el propio miserable de Pedraza dice que le avisó, al anunciarle que el miércoles irían los zurdos? Si su gente no iba a intervenir, ¿para qué avisó? ¿O lo que avisó es que su gente sí intervendría para imposibilitar el corte de las vías, como trascendió de sus primeras declaraciones? El Gobierno intentó involucrar a Duhalde. Moyano quedó salpicado porque su imagen es asimilable al patoterismo y, justo cuando viene de hacer una demostración de fuerza prokirchnerista, la salpicadura alcanza entonces al oficialismo. La prensa hegemónica no dudará en aprovecharlo para afectar al Gobierno como sea, según ya lo hace desde los negocios y negociados que le perjudicaron.La lista precedente condensa no toda, es probable, pero sí la mayoría de los señalamientos producidos tras la barbarie, desde diferentes sectores e intereses. ¿Algunas de esas indicaciones y preguntas son formalmente incorrectas? No. ¿De manera que son todas aceptables, por lo menos? Sí. ¿Y hay que darles un orden de importancia? Claro, pero lo establece cada quien de acuerdo con su postura y horizonte ideológico y político. ¿Y faltaría algo? Sí y no: faltaría el modo en que se construye sentido. Por un lado, ese modo está involucrado en el orden que quiera dárseles a los componentes de la lista. Pero por otro, no hay la explicitud concreta, sino solapada, de qué se juega en esta tenida de módulos que son o parecen contradictorios porque, alternativamente, sirven para cuestionar a unos y a otros. Debe, en consecuencia, recurrirse a una vieja amiga, la dialéctica, en tanto mecanismo para (intentar) resolver las contradicciones. Y como se sabe, o debería saberse, las contradicciones se dividen entre principales y secundarias. ¿Cuál es la principal en este drama? Que lo que se intenta imponer es el discurso de que sucedió porque se alienta un clima de confrontación. ¿Y cómo sería que no se lo alentara? Sería que ya basta de ley de medios, y de Papel Prensa, y de juzgar a los represores, y de proyectos de participación obrera en las ganancias empresarias, y de matrimonio homosexual, y de los hijos de Ernestina, y de tendencias abortistas, y de Estado un tanto meterete en sus festines. El listado sigue, no mucho pero sigue. Cuando atacan por las barbaridades y deficiencias del Gobierno, llámese el bochorno del Indek o los privilegios para los empresarios amigotes, no atacan por eso. Agreden por lo que los jode en los/sus símbolos estructurales. Y lo que los jode es tan enorme, aun tratándose de casi elementales detrimentos en sus eternas inmunidades de clase, que si tienen que usar a un pibe asesinado no lo dudarán ni un segundo. Es una frase hecha pero de puntería muy difícil de desmentir: a este Gobierno le caen encima por lo que hace bien, no por sus defectos reales. Y la misma barbarie de Barracas lo demuestra: preguntan por qué no se reprimió, bajo el vomitivo cinismo de que atrás de esa pregunta exigen salir a gatillo fácil contra cuanto negro vago o delincuente asome un pelo o corte una calle, mientras no fuere un desclasado o una tilinga que sale a defender las franquicias del campo. Así piensan, así lo ocultan, así construyen.
Hay que decir una obviedad: al pibe nadie le devuelve la vida. Pero, en nombre de haber sido un luchador social, también debe decirse que para evitar su muerte como vana no alcanza, ni de cerca, con el descubrimiento de su asesino material, ni de sus instigadores. El pibe militaba a pie firme contra las condiciones que generan a los hijos de puta que lo mataron. Y en lo tocante a la parte más directa de su tragedia, contra un modo de representación sindical y sus sucedáneos de mafias, esbirros, mercenarios, negociados, que son igualmente una tragedia subsistente para los valores democráticos. El gobierno nacional, al que otros hijos de puta de apariencia atildada pretenden enrostrar culpabilidad por el asesinato, tiene la tarea de no conformarse con la identificación de los homicidas. Tiene la obligación de erradicar la criminalidad de las pandillas sindicales, que vienen desde el fondo de los tiempos y que conocemos todos, so pena de que en caso contrario terminen por licuarse moralmente su discurso y destrezas progresistas. Como dijo la Presidenta, hace rato que querían un muerto. Sin embargo, así como no debería haber espacio para una épica sacrificial oportunista, a izquierda, ni para el regodeo electoralista de medios de comunicación y despreciables figurones opositores, a derecha, menos debe haberlo para darles excusas. Hay que acabar con los que conocemos todos. Por el pibe, por tantos otros y en defensa propia, al fin y al cabo. Suena a mera retórica, a consigna de sentido común, pero ¿acaso se puede decir y, sobre todo, esperar otra cosa?
Mientras haya Pedrazas no habrá paz, aunque la cultura de la violencia, de este tipo de violencia, sea casi un patrimonio cultural argentino. Se los enfrenta con militancia y con denuncia persistente. Pero la avanzada, la ejemplaridad, empieza por el Gobierno. Por lo que el Gobierno demuestre como vocación política para defenestrarlos. Si la tuvo y la tiene en la decisión de no reprimir, que es quizás uno de sus logros liminares precisamente porque le puso freno a la muerte, debe anotar que hace falta igual disposición para quitarse de encima las lacras que –a título de defender al oficialismo, como si fuera poco– le tiran un muerto de todos modos.
Fuente: Pagina 12
7.10.10
Fallo de la Corte: "en la búsqueda de armonía y equilibrio en la decisión" (Gustavo Arballo)

En mayo 17 dijimos que la Corte iba a hacer lo que hizo, revocar la cautelar de la familia de casos (r) "Diputado Thomas" y mantener la concedida a Clarín por el tema del plazo de desinversión (art. 161 Ley de Medios: un año corrido para vender las licencias que se tienen en exceso de las parmitidas). Lo primero lo hizo en junio (comentamos entonces "el fin de las cautelares suspensivas erga omnes"), ahora hace lo otro.
Hemos escrito mucho sobre Ley de Medios, incluso hicimos una vista previa de este fallo de Corte acá, arengando por una resolución más jugada que el latiguillo de en cautelares no intervengo. El fallo es en líneas gruesas eso, aunque hay alguito más que eso, un matiz, que es potencialmente operativo.
Editandose el caso.
Antes de resolver el caso, la Corte fue precisa y explícita en decir qué es lo que va a resolver. Distingue tres temas: (1) ¿están bien los límites de acumulación de las licencias? (2) Suponiendo que sí: ¿está bien que se obligue a desinvertir? (3) Suponiendo que sí: ¿está bien el plazo de un año?.
La Corte Suprema arrincona la cautelar al punto en el que fue trabada, vale decir, el (3). Es una forma de esquivar lo más posible el contacto físico con los espinosos temas (1) y(2), sobre los que calla. Calla no significa ni bien, ni mal: es silencio.
Podrá decirse que "callar" no fue una decisión, que no tenía competencia para hacerlo. Pero no es tan así: existen muchos casos de Cortes ansiosas, que obiter dicta o por mera intención resolutiva hubieran extendido su pronunciamiento y dicho, o insinuado, cosas sobre los otros puntos.
Esta no, sigue el minimalismo de Cass Sunstein, digamos. Aunque no sé que diría Cass Sunstein si pensara su minimalismo en el escenario de medidas cautelares.
El título de este post
"En la búsqueda de armonía y equilibrio en la decisión". Así empieza el considerando 7º.
No creo hacer una lectura muy retorcida si digo que hay algo vagamente culposo, que sólo se busca, de algún modo, lo que no se tiene. Alguien en la Corte pensó que un mero rechazo "en seco" del recurso del Gobierno (lo que firmaron Petracchi y Argibay) podía ser algo injusto, especialmente si la cautelar quedaba petrificada.
Por eso en ese considerando 7º la Corte hace algo que no estaba en el guión de los camerlengos informantes que pronosticaban resultados y firmas. Que parece inconsistente con la idea base del fallo de que el Tribunal no es órgano de apelación para pasos provisorios del proceso, como cautelares, y que sólo puede hablar en sentencias definitivas o equiparables a ella.
Bien, pero no: manteniéndola, la Corte dijo algo sobre la cautelar, o mejor dicho, sobre un posible escenario futuro de la cautelar. Es algo novedoso en casos de este tipo.
Pero que es muy adecuado. Es como si dijera: hoy no hay gravedad institucional, pero puede llegar a haberla si esto dura la vida. Dice:
“En efecto, si la sentencia en la acción de fondo demorara un tiempo excesivo, se permitiría a la actora excepcionarse por el simple transcurso del tiempo, de la aplicación del régimen impugnado obteniendo de esta forma por vía del pronunciamiento cautelar, un resultado análogo al que se lograría en caso de que se acogiera favorablemente su pretensión sustancial en autos”.
Y
"Que por esta razón, y para evitar ese efecto no deseado, se considera conveniente la fijación de un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar. Si el tribunal de grado no utilizara ex oficio este remedio preventivo, la parte recurrente podría promover la solicitud de la fijación de un plazo."
Es el nacimiento las cautelares con fecha de vencimiento a determinar. "Un límite razonable", ajustado al proceso. De paso, tengo para mi que si la Corte hubiera tenido una predisposición particularmente sensible prima facie sobre la entidad de los puntos (1) y (2) de más arriba, no le hubiera importado demasiado la posibilidad de una cautelar suspensiva ilimitadamente vigente.
En nuestro post de ayer decíamos de la importancia decisiva que tienen las cautelares en la práctica por el tiempo que insumen las causas, ello explicado por el plausible desinterés del actor "cautelado" a impulsar la acción "de fondo" (para qué, si ya la cautelar lo puso a salvo). Esto ocurre no sólo en casos de primera página, sino en muchos casos donde la justicia de sentencia definitiva queda primereada por esa versión bosquejada del pido gancho, escrita con lápiz negro, que es la resolución sobre la cautelar.
El bendito tiempo prudencial se cuenta aparentemente desde el 7 de diciembre de 2009. ¿Cuanto es un tiempo prudencial para un proceso? No sabemos. Por ahí la causa es de "puro derecho" y no hay prueba que producir, en cuyo caso un año debería bastar sobradamente. De momento el considerando 7º le da a la demandada margen para obtener levantamientos o acotaciones de la cautelar, marca la cancha a las instancias inferiores en el trámite del proceso. Esto no estaba en los planes, y es un asterisco que en la resolución de la Cámara no aparecía.
Si se sigue esta lógica, la respuesta es la siguiente: la Corte la pateó para adelante, sí. Pero no la mandó a la tribuna, hizo un dribbling largo. La pelota sigue en juego.
Links
- Post de Martín Becerra en Quipu, que sigue la saludable línea de no confundir la Ley con el 161. Gerardo Fernández le hizo una muy buena nota ayer para el programa "Conectados" de AM 770, que colgó en su blog.
- Comentario de Mario Wainfeld (P12), me gusta eso de "una respuesta florentina en términos políticos".
- Blawgs: Grupo Clarín: cuarto intermedio (TSLC) y Ley de medios, solución elegante (ALIC)
- Nota del CIJ, con link al fallo completo.
Fuente: Saber leyes no es saber Derecho
Las polémicas cautelares
En su blog, Arballo publica el reportaje completo pero hace algunos agregados que completan los conceptos.
Por una serie de razones que no vienen al caso, que tal vez no sean más que negligencia racionalizada, no solemos usar este blog como rebote de nuestras apariciones en otros medios (de los que nos han llamado, seguramente, a partir de lecturas del blog).Hacemos una excepción para poner este cuestionario que me mandó Nicolás Eisler de Tiempo Argentino y que salió publicado en el diario de hoy. Acá pueden ver la nota, en la que también responden Daniel Sabsay y Roberto Boico. El bloguero de la ilustración de la nota puede diferir del Arballo original, pero es un detalle que no nos importa, sabemos cómo se trabaja en redacciones.
Las preguntas me gustaron mucho y traté de responderlas en prosa más o menos depurada de tecnicismos, moviéndome en el nivel de generalidad. Le hago acá algunos agregados encorchetados: cosas que se me ocurrieron después, que eran demasiado técnicas para incorporar en la respuesta, cosas que apunto para el debate.
1) ¿Qué piensa de la definición que hizo Cristina Fernández de “Justicia Cautelar”?, ¿Es atinada o no se corresponde con la realidad?
Es una declaración contingente, no creo que debamos tomarla como una definición académica. Tal vez importa porque visibiliza un tema que ningun operador del sistema desconoce: para bien o para mal, en la práctica, por el tiempo que insumen los procesos, lo que se resuelva sobre cautelares cobra una relevancia decisiva.
[Agrego: esto en buena medida pasa porque la cautelar, como cayó, quedo: así se mantendrá hasta el final del proceso. Teóricamente las cautelares se pueden y deben ir ajustándose, en la práctica esto no sucede. También pasa que el actor que obtuvo una cautelar que prácticamente coincide con el resultado del eventual litigio no tiene ningún incentivo para ser diligente en el proceso, y en civil es "a instancia de parte", con lo cual poco ánimo tendrá para ir rápido en lo sucesivo, y el proceso será más largo].
[Y también pasa que hay un efecto anclaje: si dije que prima facie el actor tenía razón, si el proceso quedó cautelado dos, tres años, es muy poco probable que, aunque sea por pudor, es muy poco probable decía que sea auténticamente imparcial al decidir "el fondo", porque si decido en contra será también reconocer que un acto procesal mío tuvo cautelada la cosa de gusto].
2) La gran cantidad de medidas cautelares que tuvieron trascendencia pública, ¿indica un cambio de paradigma en la justicia o simplemente los medios de comunicación le prestan más atención a estos casos?
Las medidas cautelares son más viejas que el viento. Cualquier embargo o inhibición de cuentas es una cautelar. En 2002 las órdenes de devolución en dólares de los depósitos del corralito no eran otra cosa que cautelares.
Desde hace más de una década, la praxis de la cautelar ha sido una constante atada a todos los planteos de inconstitucionalidad, y brinda la primera oportunidad de informar decisiones concretas sobre casos de interés público. De todas formas, tanto los litigantes como los medios no deberían perder de vista que es una decisión provisoria, elemental, no final y ponderada.
[Aunque hiperobvio, era importante aclarar que la cautelar no es un invento reciente. Pero sí, algo hay de nuevo en la propensión a cautelar. Creo que es necesario armar una teoría de las medidas cautelares específicamente para los procesos de inconstitucionalidad. Porque no es lo mismo que la inhibición de bienes ante un cobro de pesos. Porque hay una tensión inocultable entre el acto extremo de invalidación, inaplicación, etc., y el precario "por las dudas" con el que por definición se justifica, con lápiz negro, la tutela cautelar. Si es una cuestión tan grave, un agravio inminente puede justificar una cautelar, sí, pero nada impide que antes de ello el juez de traslado a la demanda, para tener una visión completa de hechos y argumentos.]
[En un ambiente politizado, solemos pensar que los problemas de cautelares atañen sólo al eje de controversias contra el gobierno. Pero es obvio que muchos de los problemas de las cautelares suspensivas también inciden, causando evidente inseguridad jurídica, en las causas que enfrentan a particulares entre sí o que los afectan indirectamente por cautelares dictadas contra el "gobierno", vale decir, contra una ley, reglamento, etc., que alguien razonablemente tuvo por válido al tomar una decisión]
3) ¿Cualquier presentación puede terminar en una medida cautelar o hay ciertos requisitos que deben cumplirse?
Hay tres requisitos "canónicos", digamos, de los cuales en la práctica importan sobre todo dos: acreditar que el agravio que se denuncia es tangible y que restringe un derecho, y que la cautelar que se pide es impresicindeble para tutelarlo porque el agravio ya se está consumando o es inminente. También el litigante debe brindar una garantía por los eventuales perjuicios que le genera la cautelar a la contraparte, aunque en la práctica esto tiene una concreción muy laxa, la "juratoria", donde se limita a prometer la reparación.
Mi sensación es que algunos de los fallos que han concedido cautelares no ponderan a fondo estas cargas técnicas, y uno ve cautelares cuya fundamentación parece un tanto displicente. Tal vez se invierte un patrón que veíamos algunos años atrás, cuando las cargas técnicas eran diabólicas y se invocaba la "presunción de constitucionalidad" para denegar ante la duda cualquier cautelar planteada contra el Estado.
[De hecho las cautelares se dictan así: se expone la versión de los hechos del actor; se la adereza con fallos copipegados de jurisprudencia sobre cautelares concedidas, se va derecho a la parte dispositiva en cuestión. En caso de que la cautelar sea rechazada, el segundo paso se sustituye por la cita de fallos copipegados de jurisprudencia sobre cautelares denegadas. Cítenme un sólo fallo de cautelares -concedidas o denegadas- que no se deje describir en líneas generales por este guión. El problema no es de nadie en partícular, es que el patrón clásico de cautelares obliga al juez a decidir mucho, muy pronto, con muy poca información citable: la cautelar como corazonada, o la cautelar como acto procesal de posicionamiento, un acto ostensible de identificación o distanciamiento con el actor que la plantea].
Lateralmente, en la causa Thomas, la Corte dijo algunas cosas que podrían dar pie a un requisito adicional que debería controlarse para evitar cautelares omnicomprensivas: la exigencia de razonabilidad y proporcionalidad entre el agravio denunciado y la medida cautelar trabada, sobre todo en los casos que involucren invalidación o suspensión de leyes.
[Deberíamos acotar también que así como una cautelar puede dictarse, admitámoslo, inaudita parte, la mera contestación de la demanda brinda importantes elementos de juicio que el juez debe ponderar, incluso puede haber prueba susceptible de ser producida sumariamente. Esto rara vez se revisa en atención al principio procesal de como cayó quedó. En una de las cautelares en contra de la grilla el juez da por sentado una orden gubernamental de suprimir una señal específica y el juez subrogante da por buena esa versión de los hechos, que es falsa]
4) ¿Es correcto que la justicia intervenga sobre leyes que fueron dictadas por el Congreso nacional?
Sí. El nuestro es un sistema de control judicial de las leyes. Pero, atención, ese control no funciona como una "segunda opinión" sobre el tema que resolvió el Congreso, sino que está atado a un esquema de restricciones procesales y cargas argumentativas que vinculan a las partes y a los decisores, de modo que las intervenciones de los jueces deben justificarse con pruebas y argumentos estrictamente constitucionales debatidos en cada juicio.
[Poco para agregar acá. Tal vez machacar sobre la necesidad de romper el paradigma constitucionalidad/inconstitucionalidad como único modo de intervención posible y abrir el espectro a diversos tipos de sentencias de constitucionalidad que ajusten mejor la respuesta judicial al problema específico. De eso hablamos en el famoso modelo VEMA, un esquema que tenemos en revisión permanente en algún escrito que verá la luz en formato libro el año que viene]
5) ¿Es conveniente que el sistema político resuelva sus problemas en el Poder Judicial?
No. Si el solo agravio que tiene alguien es perder una votación parlamentaria, el asunto no es judiciable.
Por otro lado, en todos los sistemas de control de constitucionalidad son recurrentes los eventos de litigación donde un tema inicialmente debatido en "la política" es luego "juridizado" para llevarlo a los tribunales. Esto es admisible (indispensable para proteger derechos eventualmente afectados) en la medida en que el caso esté bien "juridizado", es decir, que lo que se debata en el Poder Judicial sean derechos y restricciones constitucionales, y no sobre opciones de política legislativa que estaban en el espectro de decisiones posibles para el sistema político dentro del marco de la Constitución.
[Esta pregunta no fue publicada en la nota. Cuando la contesté, me preocupé en señalar que el empalme entre política y tribunales no es un fenómeno local].
Fuente: Saber leyes no es saber Derecho
20.7.10
Una empresa llamada Iglesia
Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien despierto? ¿Alguien está escuchando? Les aseguro que, al leer esas protestas horrorizadas por la avalancha de revelaciones sobre los abusos cometidos por curas católicos con niños (¿y qué significa esa palabra en términos reales, físicos, es decir, qué se hizo, dónde se hizo y cuántos años tenía el niño?), uno se pregunta dónde ha estado metido el resto del mundo desde hace décadas. Estuviesen donde estuviesen, no escuchaban a ese amigo que en la cena hablaba de lo largas que tenían las manos los religiosos de los colegios a los que iban de pequeños, ni hacían caso a sus amigos católicos cuando se reían de cómo los curas que oían sus confesiones infantiles insistían en que describiesen al detalle sus primeras experiencias sexuales. Ni prestaban atención a los periódicos de los últimos 20 años, ya que siempre ha habido noticias de ese estilo, al menos para quien quería leerlas.Conque no perdamos el tiempo fingiendo que nos sorprende que algunos curas lleven décadas violando niños, ¿vale? En cambio, y ya que la Iglesia se irá por la tangente y gritará que pretenden atacar a la Santa Madre Iglesia siempre que alguien sugiera que el actual Papa lo sabía y le daba igual, llevemos la cuestión a un terreno donde podamos estudiarlo con claridad y pongámoslo en la sección económica del periódico, pues se trata de un desastre empresarial.
La Iglesia es, a fin de cuentas, una empresa. La gente le da dinero y es fiel a la marca a cambio de un producto, lo cual proporciona empleos a millones de personas y beneficios a sus accionistas y ejecutivos. El primer objetivo de una empresa, como el de una ameba o un paramecio, es la supervivencia; luego vienen los beneficios.
Pensemos que el actual Papa es el presidente de esta empresa. No era la elección más popular, pero llevaba algún tiempo en la junta directiva, no desentonaba y era fiel al producto. Sin embargo, al poco de trasladarse al mejor despacho, salieron a la luz unas embarazosas fotos en las que aparecía en uniforme militar (y todos sabemos de qué ejército), y luego un molesto periódico italiano lo llamó “Pastore Tedesco”; además, su acento alemán hace que cuando exhorta a la gente a pensar en “l’importanza del bene” suene como si dijese “l’importanza del pene”.
Después, como les sucedió a nuestros amigos de la industria tabaquera, llegaron los problemas de verdad. Bueno, pues habrá que aprender de nuestros amigos estadounidenses, negarlo todo, hacer que los médicos digan que los cigarrillos son inofensivos y cuestionar las motivaciones de quienes sugieren que podría haber conexión entre el tabaco y el cáncer. Y, cuando se demuestre que es una mentira criminal, cambiemos a marcas light, pero sigamos fabricando cigarrillos y seduciendo a los jóvenes para que fumen. La Iglesia actuó igual: lo negó todo (al tiempo que compensaba con miles de millones a quienes contaban aquellas terribles mentiras sobre los bondadosos padres) y cuestionó las motivaciones de quienes denunciaron a los hombres que habían abusado de ellos. Podemos esperar que antes o después la Iglesia siga el mejor modelo empresarial y admita que dar un poder ilimitado sobre los niños a hombres que renuncian a tener relaciones sexuales normales con adultos quizá no sea la mejor forma de protegerlos. Ardo en deseos de ver cómo se manifestará esa marca light: ¿mujeres curas?
En cuanto a Ratzinger (qué nombre tan desafortunado para un ejecutivo destinado en un país latino), no olvidemos que hablamos de una multinacional que en todo momento acata las órdenes de su presidente y que es él quien manda. Mientras sigue a salvo en su despacho, aparentemente indemne, sus secuaces condenan a la oposición, pero, igual que aquellos caballeros que el rey de Inglaterra envió a matar a Santo Tomás de Canterbury, han ido demasiado lejos y han dejado huellas. Algunos equiparan con la propaganda nazi contra los judíos las críticas al Papa por no haber puesto fin a la violación sistemática de niños. ¿Cómo? O fíjense en esta perla pronunciada durante la Semana Santa: el Santo Padre, como Jesús, ha vivido su semana de Pasión. Bueno, ya que los amigos del Papa han sacado el tema de Jesús, veamos qué opina Él (que, se supone, es el director ejecutivo de la empresa) sobre los “abusos” a niños (y sigo sin saber qué abarca exactamente ese término): “Y a quien ofenda a uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que le atasen una rueda de molino al cuello y lo arrojasen al mar”. (Marcos, 9:42). Lástima que el Vaticano estuviese tan ocupado haciendo comparaciones con el nazismo que no se paró a pensar en esa frase.
En cuanto al futuro, la marca de la Iglesia católica lleva siglos obteniendo reconocimiento y fidelidad (a veces con la ayuda del fuego y la espada), conque no debemos engañarnos y pensar que este alboroto va a suponer diferencia alguna. Basta con esperar. Basta con sentarse, irse por la tangente, negarlo todo y pagar a quien haga falta para que la gente lo olvide, antes o después. Como las amebas, las empresas han de adaptarse para sobrevivir, y eso hará la Iglesia, bajo la iluminada tutela de Ratzinger. Los paquetes de cigarrillos llevan mensajes que advierten de sus riesgos, pero me temo que habrá que esperar mucho para que se coloquen mensajes similares a la entrada de los colegios religiosos, por muy necesarios que los consideren algunos.
Donna León es escritora
Traducción de Tamara Gil Somoza
Ilustración de Gallardo
Fuente: Dominio Público
3.6.10
Ataque contra la Flotilla de la Libertad es un crimen de guerra
La población de Gaza, víctima de un crimen contra la humanidad
Una violación nunca vista de la IV Convención de Ginebra
La actitud del Estado de Israel hacia el territorio palestino de Gaza se considera por su duración como una violación, a un nivel nunca visto anteriormente, del derecho internacional.
En derecho internacional humanitario, la ocupación se acepta como una situación de carácter temporal, sólo por el tiempo necesario para la búsqueda de la paz.
A la luz del derecho, nada justifica sin embargo una ocupación de más de 43 años, con excepción del deseo de aniquilar al adversario.
Eso es lo que está haciendo Israel, que se ha convertido en un lugar donde se aplica la cultura del apartheid.
Y, mientras que la IV Convención de Ginebra estipula que la potencia ocupante está obligada a garantizar la protección de la población, Israel impone a los palestinos –hecho único en la historia– un bloqueo económico que constituye un castigo colectivo. Desde diciembre de 2008 y hasta enero de 2009, Israel desarrolló la operación militar Plomo Fundido contra esa misma población, que no tenía posibilidades de protegerse ni de huir, y mantuvo el bloqueo impidiendo así la organización de la ayuda.
A principios de 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) demostró que la respuesta a las necesidades primarias de salud [en la franja Gaza] se ha hecho imposible.
¿Territorios ocupados? No, proceso de colonización
Tampoco basta con hablar de territorios ocupados. La ocupación se ha convertido en una política de colonización, de anexión de territorios y riquezas a través del uso de la fuerza, acompañada de castigos colectivos, que constituyen crímenes contra la humanidad a la luz de la IV Convención de Ginebra y del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La sangrienta operación militar del 31 de mayo se inscribe en ese contexto.
Cuestión de principio y no de exceso
Las justificaciones comienzan ya a aparecer por todas partes. Se afirma que el ataque fue… “desproporcionado”, que sólo fue excesivo. ¡No! Antes de abrir la investigación, hay que plantear los hechos.
Estamos ante un crimen de guerra, ya que el ataque tuvo lugar en aguas internacionales y la flotilla no es parte del conflicto armado.
La investigación debe aclarar el uso de la violencia como circunstancia agravante. Pretender que la investigación determine si hubo o no crimen de guerra sería ya un ultraje a las víctimas.
Lo anterior se desprende de 3 evidencias jurídicas.
- Aplicación de la IV Convención de Ginebra
Los hechos se produjeron en el marco de un conflicto internacional en el sentido del derecho internacional humanitario, ya que al justificar su propia acción Israel hace referencia a la cuestión palestina. Debido a ello, el marco de todo análisis está muy bien definido. La Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad [de la ONU] y todas las instancias internacionales reconocen al Estado de Israel la condición de potencia ocupante, que debe por lo tanto respetar las obligaciones estipuladas en la IV Convención de Ginebra, convención ratificada por Israel.
La flotilla no forma parte del conflicto
El conflicto armado opone a Israel y a Palestina, y los barcos de la flotilla no iban a participar en el conflicto. Formaban parte de una iniciativa pacifista y humanitaria cuyo objetivo era socorrer a la población que está siendo víctima de un crimen contra la humanidad. La cuestión de la proporcionalidad puede plantearse cuando se trata de los combatientes, no tratándose de terceros. Es una cuestión de principio.
- Israel no tiene autoridad alguna para actuar en aguas internacionales
La agresión se produjo en aguas internacionales. Si bien Israel nunca ratificó la Convención sobre el Derecho del Mar firmada en 1982 en Montego Bay, las disposiciones que garantizan la libre circulación en alta mar y la prohibición a todos los Estados de realizar actos militares en alta mar tienen indudablemente el valor de lo que se reconoce internacionalmente como derecho consuetudinario y pueden ser invocadas en el caso de la agresión que ha cometido Israel.
Artículo 87
La alta mar está abierta a todos los Estados […] Comprenderá: a) la libertad de navegación.
Artículo 88 La alta mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos.
Artículo 89
Ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía.
La violencia constituye una circunstancia agravante, mientras que la violación del derecho ya es un hecho a partir de la realización misma de la intervención.
Esas graves violaciones del derecho internacional estuvieron acompañadas de actos sangrientos y de salvajismo, así como de inadmisibles medidas de privación de libertad. No le asiste al Estado de Israel ningún derecho sobre los ocupantes de los barcos atacados en alta mar.
Se trata, por lo tanto, de una cuestión de principio. Hablar de investigación como vía para saber si efectivamente se cometió un crimen es comenzar ya a relativizar. Equivale a decir que bajo ciertas condiciones una intervención realizada en alta mar por una potencia ocupante contra un convoy humanitario que lleva socorro a la población que vive bajo la ocupación, sometida además a un bloqueo económico, es algo que puede ser objeto de discusión. ¡No!, no hay discusión posible en cuanto a la existencia del crimen. Lo único que pudiera estar en discusión es la existencia de circunstancias agravantes, lo cual debe aclararse totalmente a través de una investigación internacional.
Poner fin a la impunidad
Queda demostrado una vez más que la impunidad estimula a que se cometan nuevos crímenes, y de forma cada vez más descarada. Actos políticos son la respuesta que se impone en este caso. Esperemos que se produzcan dichos actos, pero es indispensable que tales violaciones del derecho sean objeto de denuncia ante las correspondientes jurisdicciones.
La justicia israelí carece de la menor credibilidad ya que rechaza la aplicación del derecho internacional y cuestiona incluso la noción misma de territorios ocupados. Israel ratificó el Pacto de la ONU de 1966 sobre los derechos civiles y políticos, pero se niega a aplicarlo en los territorios ocupados y la justicia israelí afirma que, debido a imperativos de seguridad, no le compete a ella el control de los actos del ejército. Para que los países occidentales puedan decir con facilidad que Israel es una democracia, se inventado una justicia de aparencias, que de nada vale en la medida en que no reconoce la autoridad de la Corte Internacional de Justicia.
No podemos considerarnos satisfechos con inciertos procesos de investigación cuyo objetivo real no es otro que evitar la condena. Uno no puede más que afligirse cuando Catherine Ashton pide, en nombre de la Unión Europea, que sea Israel quien forme una comisión investigadora. La tolerancia ante tales hechos abre la puerta a todo tipo de agresiones contra los palestinos y todo este asunto, que viola la idea misma de humanidad, debe ser puesto en manos de una jurisdicción que tenga la posibilidad efectiva de pronunciar condenas. En 2010 ya se sabe qué es una jurisdicción. No tenemos que inventar el derecho, sino aplicarlo.
A la luz de la jurisprudencia internacional, un acto merece la calificación de crimen de guerra cuando se produce en el marco de un conflicto armado, lo cual ha sucedido en este caso, según el análisis de la CIJ, aunque el hecho se haya producido en un corto lapso de tiempo, si el incidente ha sido de gran intensidad, como también es el caso.
Los procedimientos penales pueden emprenderse en los países de origen de las victimas. Pero la gravedad del crimen, y la diversidad de nacionalidades de las victimas, pueden llevar a optar por un juicio ante una jurisdicción internacional.
La competencia de la Corte Penal Internacional, después de la declaración de competencia que hizo la Autoridad Nacional Palestina el 21 de enero de 2009, proviene de criterios generales de análisis, vinculados al principio de acceso al juez para las violaciones graves del derecho, a no ser que se admita la denegación del derecho. Pero se confirma en este caso por una competencia vinculada a la nacionalidad de los barcos. En la espera de otras verificaciones, ya se ha comprobado que la agresión tuvo como blanco dos barcos de bandera griega, dos de bandera turca y uno inmatriculado en las islas de Kiribati, o sea embarcaciones asimilables a los territorios de Grecia, Turquía y Kiribati conforme al artículo 12-2 a del tratado de la CPI, ratificado por Grecia (pero no por Turquía ni por Kiribati).
La declaración de competencia del 21 de enero de 2009 no se limita a la operación Plomo Fundido. Es de carácter general y es necesario poner en manos de la Corte [Penal Internacional] todos los elementos relativos a los crímenes cometidos por Israel: la colonización, los prisioneros y, ahora, el ataque del 31 de mayo de 2010. La política de Israel constituye un crimen, y ese crimen debe ser juzgado.
No basta en este momento con invocar a la justicia, deseando sobre todo que no vuelva a suceder lo peor. Ya estamos viendo el resultado. Estamos en deuda con las víctimas. La justicia tiene que castigar el crimen.
Gilles Devers Abogado en Lyon (Francia). Vocero del colectivo internacional de juristas que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos en Gaza durante la operación Plomo Fundido.
Gilles Devers
Abogado en Lyon (Francia).
Vocero del colectivo internacional de juristas que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos en Gaza durante la operación Plomo Fundido
Fuente: Red Voltaire













