No estaba yo exiliado pero el 31 de diciembre de 1982, de paso por Madrid, festejé la Nochevieja con un grupo de exiliados. Comimos, bebimos (bastante) y cantamos. Terminamos con el repertorio completo de las canciones de la Guerra Civil Española. No perdonamos ninguna. Ni ésa de “El Ejército del Ebro/ rumba la rumba la rumbambá” ni la de “No se rinde un gallo rojo, más que cuando está ya muerto”. Durante dos horas la gente que estaba en el restaurante nos escuchó con paciencia y, me parece, sin familiaridad, como si fuésemos turistas islandeses que gracias al vino en sangre recordáramos temas infantiles. Hasta que un viejo se acercó a la mesa y nos hizo callar: “En España ya hemos sufrido mucho”.
¿Franquista? ¿Republicano? ¿Una víctima? Jamás lo supimos. Pero tenía edad para haber vivido la Guerra Civil que se libró del ’36 al ’39 y para recordar esas canciones. ¿Y el resto? ¿Y los más jóvenes? Tuve la sensación entonces de que, sencillamente, nunca las habían escuchado. Tengo la sensación ahora de que la represión sistemática de Franco, que mató hasta su muerte, logró obturar no sólo la resistencia masiva, sino el recuerdo íntimo y familiar.
Los otros parroquianos, salvo el viejo, tenían no más de 40. Eran la generación del destape. Ya saben, en 1977 España se destapó y descubrió que las españolas tenían tetas. El franquismo las había ocultado.
Pasó mucho tiempo y hoy, en 2010, España vive su segundo destape, sólo que menos festivo que aquél. En lugar de culos en los kioscos, información sobre tumbas sin nombre. En vez de la libertad exhibida en la calle y el derrumbe de la censura, la historia de la Guerra Civil cada vez más presente. Nada de tetas: cada vez más debate sobre los fusilamientos de Francisco Franco desde que se levantó en armas contra la República, en 1936, hasta que los médicos le quitaron los tubos en 1975 y murió.
España venía preparándose para este destape doloroso, que hasta ahora sólo estaba presente en el cine, en Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Ana Belén y en la obra de los historiadores profesionales. La Ley de Memoria Histórica fue un primer instrumento, en el plano legal, y coincidió con que José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero de los presidentes de gobierno que mentó a la República y rindió homenaje a su abuelo fusilado antes de asumir el cargo.
Pero el gran disparador del destape sin tetas es la ofensiva contra el juez Baltasar Garzón. Lo impulsaron la Falange y dos organizaciones de ultraderecha. La apoyaron, frívolamente, magistrados críticos con Garzón con motivos válidos o sin ellos, conservadores del Partido Popular irritados con sus investigaciones y dirigentes socialistas ofendidos todavía desde que el juez investigó grupos parapoliciales operativos en el gobierno de Felipe González.
Parecieron creer que el reemplazo de Garzón sería un simple trámite. Es evidente que no tuvieron en cuenta el papel simbólico de Garzón fuera de España, y sobre todo en América latina, donde su participación en el procesamiento de Augusto Pinochet significó la segunda vuelta de revisión legal del pasado tras la primera ola, representada por el juicio a las juntas que inició sus audiencias públicas hace 25 años exactos, el 22 de abril de 1985.
Tampoco tuvieron en cuenta, tanto los franquistas como los frívolos, que fuera de España no hace falta ley de Memoria Histórica para habilitar el recuerdo de la Guerra Civil. Miles de exiliados republicanos diseminaron la historia y las canciones por Francia, por México, por Chile, por la Argentina. Desde entonces, la pelea de la Segunda República formó parte de la tradición libertaria, revolucionaria o democrática de movimientos sociales y políticos en todo el mundo.
Un gran historiador francés experto en España, Pierre Vilar, muerto en 2003, recomendaba distinguir el apaciguamiento del conformismo, que alteraba los datos del pasado. Y como parte de ese conformismo refutaba en Sobre 1936 y otros escritos la idea falsa de que “todas las responsabilidades se reparten a medias”. Decía Vilar: “Yo comprendo que sea triste recordar que unos españoles han sido víctimas de otros españoles. Pero, durante cuarenta años, sólo se ha conmemorado la memoria de una clase de víctimas, los llamados ‘muertos por dios y por la patria’. Y apenas sería paradójico decir que la primera ‘víctima del franquismo’ fue toda España”.
Agregaba Vilar que “sin duda las víctimas del franquismo menos discutibles, aquellas de las cuales el franquismo fue claramente responsable, son los hombres y mujeres ejecutados fuera de combate y aquellos que fueron abatidos después de abril de 1939 ante los pelotones de ejecución, en virtud de la ‘Causa general’, palabras que definen bien un proceso de ideología y de clase”.
Los caminos de recuperación de memoria son mucho más complejos que una causa judicial. No están dominados sólo por la verdad de las investigaciones históricas, sino por los arduos y simultáneos senderos del atajo, del olvido sistemático de los victimarios y del olvido selectivo de las víctimas, de las ideologías y las conveniencias, del pensamiento y del cinismo, de las urgencias cotidianas y los dolores profundos.
Un juez o una causa, en el mejor de los casos, son sólo un catalizador de procesos nuevos. Garzón cumplió ese papel cuando se declaró competente para entender en crímenes del franquismo. Sus críticos parecieron creer que quitándolo como un corcho podrían tomarse el contenido y aflojar la presión. Ahora ellos, y de a poco toda España, se asombran porque tiraron un corcho al cielo y miles de corchos llueven sobre sus cabezas, multiplicados en el exterior. Quizás olvidaron que, en este mundo, también es global el recuerdo: “Pero nada pueden bombas / rumba la rumba la rumbambá / donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela/ donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela”.
Hay un punto unificador de los dos grandes “cuerpos noticiosos” habidos esta semana. Es por antítesis. Lo abstracto y lo concreto, en plenitud.
Uno fue el casi incompresible fárrago parlamentario en torno de la modificación a la ley del impuesto al cheque, capaz incluso de oscurecer -si es por cotejar informaciones conexas- que en unos días comienza el canje de deuda. Y el otro, la imponente manifestación por la entrada en vigencia de la ley de medios audiovisuales, que tan previsible como repugnantemente sufrió el ninguneo de los grandes medios. Para este segundo caso, en consecuencia, podría ponerse en duda el rótulo de “noticia”, porque en la agenda de las corporaciones multimediáticas se trató del caos en el tránsito porteño. O de una lejana ubicación y despliegue respecto del aéreo que sufre Europa por un volcán en erupción. Sin embargo, aun viéndolo de esa manera es en efecto un episodio de enorme relevancia: ¿o acaso no es noticia que no sean noticia decenas de miles de personas ganando la calle en pos de un objetivo específico? ¿No es noticia, por recordar, que una tilinguería de cacerolas en Callao y Santa Fe, en defensa del “campo”, convoque de inmediato a todos los móviles de la radio y la televisión; y una marcha que compactó codo con codo entre el Congreso y Tribunales sea una pesadilla automovilística? Claro que es noticia, a menos que se considere como tal cosa, con exclusividad, a lo que se propaga desde el grande periodismo. Es noticia, precisamente, por la cantidad de gente percatada de que no deben ser otros quienes le cuenten lo que están tramando ahí fuera.
Razones de la espectacularidad confrontativa que suele allegar raiting, y de ¿conquista? en la ley del cheque porque eso -unirse o articular- es lo que los medios le exigen a la oposición, llevaron a sitio preferencial uno de los conventillos más embarrados e indefinidos de los últimos tiempos. Conviene dividir a este folletín en tres partes. La primera es acerca del carácter completamente vago que tiene, si se lo aprecia desde su incidencia real. Conducido por una grosera equivocación o impericia crónica de Cleto Gardiner, el bloque opositor del Senado se apuró y enredó en una táctica que le permitió sancionar cambios en el impuesto al cheque con pronóstico de pan para hoy y hambre para mañana. Detenerse en los vericuetos legales del asunto no sólo excede la voluntad del autor, sino que carece de mayor sentido porque, sea que terminará en la Justicia o fuere por veto presidencial, lo dictaminado tiene la nada como destino más probable. Del mismo modo, las idas y vueltas en el mercado de pases y posicionamientos parlamentarios no hacen a ningún fondo de cuestión (así se incluya a la rata, cuyas actitudes y declaraciones más parecen ligadas a problemas de senilidad que a negociaciones de otra índole; e igual si fuera al revés). Un segundo aspecto es que, sin perjuicio de lo anterior, la forma en que se reparten los impuestos entre Nación y provincias -de lo cual el del cheque resulta apenas una parte- es tema sustantivo. Tanto como el pago de deuda con reservas, merecería un debate de estatura que bajo las presentes circunstancias es imposible. El kirchnerismo se ampara en que la distribución impositiva, a pesar de la injusticia que castiga a los estados provinciales, es suficiente para haber obtenido un buen nivel de ayudas y obras públicas. La oposición sostiene que eso no es excusa para continuar apropiándose de una porción descomedida de la torta. Tiene razón, al margen de lo muy gracioso que es escuchar a la derecha hablando de repartir mejor. Pero en vez de subirse a ese señalamiento con los argumentos de peso que no le faltarían, actúa enceguecida por su furia contra el Gobierno. Se conforma con acusar desde un espectro en el que resaltan los desvaríos de Carrió, apuntando que vivimos bajo un régimen de ladrones nazis; y las ínfulas del radical Morales, que debe creerse el líder de algo. De tal manera se disparan a los pies, entre su ausencia de cuadros políticos -particularmente en el Congreso, tal vez- y el campeonato vanidoso de quienes presumen o aspiran a serlo. Por último, todo esto queda sobrevolado por una inferencia que parecería estar partiendo las aguas, en forma creciente, respecto de cómo pararse en política. Y sobre todo cuando, frente a temáticas ásperas, enmarañadas, del tipo coparticipación federal o DNU, se saca la cuenta menos dificultosa de quiénes están de un lado y de otro. Porque en uno de esos dos se ubican Duhalde, Macri y Barrionuevo, por ejemplo.
Cabría la conjetura de que esa composición de lugar tuvo un papel protagónico, al momento de interpretar la notable asistencia que tuvo la convocatoria de anteayer. Cualquiera que haya estado, e incluso sin haberlo hecho, debió advertir que esa enorme participación encerraba un espíritu de unidad superador del propio llamado. Eso no significa disminuirlo, porque es vital gritar a los oídos de la Justicia cuando es allí donde recurrieron las cadenas mediáticas para recobrar lo que finalmente perdieron en la acción político-social y en el Congreso. Les quedan los tribunales, nada más, a la espera de que en ese lodazal se prolongue el estadío de limbo, y llegar así a un eventual cambio de escenario en 2011. Hasta ahora les fue bien, y con la complicidad de una Cámara mendocina, bien emparentada con la dictadura, lograron el virtual retroceso hacia la normativa militar que tanto defendieron desde 1983. Pero se notó otro disparador, además de ir por la exigencia de que la Corte escuche. Se percibió que había la vocación de juntarse porque hay una amenaza global, no solamente a propósito de quiénes manejan los grandes medios de comunicación. Esto es cierto, y muchos se quejaban de su ausencia en la cobertura del acto. Uno piensa, en cambio, que si hubieran estado habría querido decir que en algo nos estamos equivocando. Pero el peligro al que se alude excede a eso. Es el de que se pueda perder lo logrado como piso (al techo, afortunadamente, nunca se llega). Lo alcanzado en este proceso plagado de errores, contradicciones, carencias, desaguisados y, si se quiere, con corrupción también. Aunque si es por esto último, ¿alguien cree que enfrente hay el campamento de algún noviciado?
En Buenos Aires y en varios lugares del país hubo este jueves, como ya se intuía, una manifestación popular -orgánica y suelta, y hasta a la inversa mejor- volcada al espacio público por, queda dicho, algo más trascendente que el respaldo a la ley mediática de la democracia. Esa muchísima gente salió a la calle porque, más allá de diferencias de matices y pertenencias políticas, tiene claro que lo imperioso es no confundir al enemigo.
El resurgimiento del viejo militarismo estadounidense amenaza nuevamente la paz y la democracia en América Latina. Hasta el 2005, la ayuda militar de EEUU a la región había aumentado 34 veces con respecto a la cantidad utilizada en el 2000. En un notable cambio de su estrategia militar, EEUU descentralizó el callado entrenamiento de militares y policías latinoamericanos que solía tener lugar sólo en la bien conocida Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, entrenamientos que incluyen técnicas de tortura y ejecución.
Paramilitares operando como escuadrones de la muerte haciendo su sucio trabajo en América Central.
El presupuesto federal de EEUU de 2008 incluyó 16.5 millones de dólares para financiar una Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (International Law Enforcement Academy, ILEA) en El Salvador, [igualmente] con operaciones vía satélite en Perú.
Es decir que con estas nuevas iniciales: ILEA, se esconde la nueva cara de la tristemente célebre Escuela de las Américas (ver video documental abajo). Con inmunidad estipulada ante eventuales acusaciones de crímenes contra la humanidad, cada academia entrena anualmente en «técnicas de contraterrorismo» a un promedio de 1.500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros cuerpos encargados de imponer el cumplimiento de la ley en toda Latinoamérica.
La academia de El Salvador forma parte de una red de ILEAs creada en 1995 bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, quien promocionó las instalaciones de entrenamiento como una serie de escuelas estadounidenses «en todo el mundo para combatir el tráfico de drogas, la criminalidad y el terrorismo internacionales por medio del fortalecimiento de la cooperación mundial».
Hay ILEAs en Budapest, Hungría, Bangkok, Tailandia; Gaborone, Botsuana; y en Roswell, Nuevo México [EEUU]. Según directores de ILEA, el centro de El Salvador se creó para que América Latina fuera «segura para la inversión extranjera» al «proveer seguridad regional y estabilidad económica y combatir el crimen». La mayoría de los instructores provienen de agencias de EEUU, como por ejemplo la DEA (Drug Enforcement Administration), el ICE (Immigration and Customs Enforcement) y el FBI.
Éste último ha tenido una presencia notablemente grande en El Salvador desde que abrió su propia oficina allí en 2005. La mayoría de los gastos de la escuela se pagan con dólares provenientes de los contribuyentes de EEUU.
Los salvadoreños se refieren a la ILEA como una nueva Escuela de las Américas (School of the Americas, SOA) para policías. Las sospechas se agravan con comparables políticas de secreto. Al igual que en la SOA, la lista de asistentes y graduados de la ILEA es confidencial, así como el contenido de los cursos. A muchos observadores les preocupa este secreto, teniendo en cuenta las atrocidades de la SOA que salieron a la luz en septiembre de 1996 con el descubrimiento de la reportera Dana Priest del Washington Post de los manuales de la SOA de entrenamiento para la tortura, y después con la adquisición, por parte del Padre Roy Bourgeois, fundador del SOA Watch (Observadores de la Escuela de las Américas) de una lista previamente clasificada de graduados de la SOA, muchos de los cuales fueron reconocidos como líderes del escuadrones de la muerte y notorios grupos de contrainsurgencia.
Video: School of the Americas = School of Assassins (en inglés).
Segunda parte del video documental.
Después del anuncio de Condoleezza Rice de nuevos planes para la ILEA en San Salvador durante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Miami en junio de 2005, el Padre Bourgeois escribió:
«El legado del entrenamiento de fuerzas de seguridad por parte de EEUU en la SOA y por toda Latinoamérica es el derramamiento de sangre, la tortura, el tiroteo dirigido a poblaciones civiles, los desaparecidos... (...) El reciente anuncio de Rice sobre los planes para la creación de una academia internacional para el cumplimiento de la ley en El Salvador debe suscitar serias preocupaciones en cualquier persona interesada en los derechos humanos».
Las sospechas se agravaron aún más con la cláusula de inmunidad autorizada por EEUU que exime al personal de la ILEA de cualquier crimen contra la humanidad.
Aunque la falta de transparencia hace imposible conocer el contenido de los cursos, la conducta de la policía salvadoreña -que constituye el 25 por ciento de los graduados- ha demostrado un alarmante empeoramiento desde que se inauguró la ILEA. A principios de mayo de 2007, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado (the Archbishop’s Legal Aid and Human Rights Defense Office) emitió un informe implicando a la Policía Nacional Civil salvadoreña (PNC) en ocho asesinatos del tipo de los cometidos por los escuadrones de la muerte sólo en 2006.
Entretanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador también publicó informes que conectaban a la PNC con los escuadrones de la muerte y repetidos casos de corrupción y falta de ética profesional.
Mientras el interés de EEUU en las ILEAs consiste en asegurar un ambiente que proteja al libre comercio y a los intereses económicos estadounidenses, la PNC ha desempeñado un activo papel en cuanto a medidas enérgicas contra los derechos civiles, dirigidas a reprimir las protestas sociales y el crimen. Los acuerdos de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (CAFTA, en inglés) han sido muy polémicos y la administración del presidente Saca hizo todo lo posible para asegurar que tuvieran éxito -incluyendo la aprobación de una ley contra el terrorismo en septiembre de 2006, inspirada en la Patriot Act de EEUU, que ha sido utilizada para arrestar desde activistas opuestos a la privatización del agua hasta vendedores ambulantes que violan las normas de propiedad intelectual del CAFTA (Ver posteriormente el tema # 11 que será publicado).
A medida que los graduados de ILEA son empleados en toda Latinoamérica, los militares de EEUU también establecen mecanismos similares de cooperación en toda la región. La ILEA se une a una gran cantidad de centros de entrenamiento policial y militar dirigidas por agencias estadounidenses, tales como el FBI, el ICE y la DEA, así como en los programas dirigidos por compañías de seguridad privadas de EEUU, como DynCorp International y Blackwater.
El periodista Ben Dangl observa que continuando el legado de las «guerras sucias» de América Latina de los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando los secuestros, torturas y asesinatos eran utilizados para aplastar a la disensión y los opositores políticos, Colombia y Paraguay también ponen de manifiesto cuatro características del militarismo de derecha en Suramérica: ejercicios conjuntos con los militares de EEUU en el entrenamiento de la contrainsurgencia; seguimiento de disidentes potenciales y organizaciones sociales; uso de mercenarios privados para la seguridad; y criminalización de la protesta social mediante tácticas y leyes «antiterroristas».
Actualización de Wes Enzinna
El 22 de mayo, el Congreso de EEUU aprobó la «Iniciativa de Mérida» que, como parte de un paquete de 450 millones de dólares para un programa contra las bandas y el crimen en México y América Central, proporciona 2 millones de dólares para el presupuesto de 2009 de la ILEA de San Salvador.
Con estos nuevos fondos, la academia intensificará sus esfuerzos, entrenando a la policía de todo el hemisferio, sin supervisión pública o transparencia en cuanto a las operaciones o el plan de estudios de la academia. Lo que exactamente se estudia en la escuela continúa siendo un secreto, y la implicación de la Policía Nacional Civil (PNC) en la academia, no ha disminuido en lo más mínimo, al igual que los presuntos abusos de la PNC.
Aunque la presencia en la escuela de Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA (Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas») en El Salvador ha sido motivo de desprecio y crítica -un tópico en el que me centré en mi artículo— la organización estadounidense de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA) ha salido públicamente en defensa de Cuéllar.
Al mismo tiempo, WOLA negocia con el Departamento de Estado un trabajo conjunto con Cuéllar y el IDHUCA para monitorear los ILEA.
Aunque la lógica de WOLA es que espera «presionar para que haya una mayor transparencia y responsabilidad dentro de la institución», no ha articulado un plan para idear cómo exactamente van a conseguir lo que Cuéllar no ha podido lograr (una escuela más transparente haciendo público su plan de estudios), ni han explicado la forma en que su presencia en la escuela, como la de Cuéllar, podría ofrecer legitimidad a las actividades de los ILEA sin producir realmente ningún cambio en la manera en que funciona la academia.
Como precisaba Lesley Gill en mi artículo original, el uso del discurso de los derechos humanos y la manera de [captar a los] defensores de los derechos humanos por parte de las instituciones militares y policiales de EEUU en América Latina es un viejo truco en la estrategia de las relaciones públicas de la que fue pionera la tristemente célebre Escuela de las Américas, y NO -recuerda Gill- «un indicio de esfuerzo alguno de EEUU por reformar las fuerzas militares o policiales con las que están involucradas».
Sólo el tiempo dirá si la asociación con el Departamento de Estado planeada por WOLA para monitorear los ILEA ayudará o no a hacer más transparente la escuela, o si le dará legitimidad a una academia que continúa estando ligada a abundantes abusos de los derechos humanos.
Las señales, sin embargo, no son prometedoras. En marzo, fue rechazada la solicitud sobre la base de la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés) hecha por este escritor para obtener los materiales del curso de los ILEA, porque, como señala la carta de rechazo, «podría razonablemente esperarse la revelación de estos materiales de entrenamiento y correr el riesgo de que se burle la ley. Además, las técnicas y procedimientos en cuestión no son bien conocidos por el público».
Desde la publicación de mi artículo, han continuado los abusos y los asesinatos políticos de la PNC en El Salvador, y el secreto de los ILEA sólo parece haberse afianzado más, a pesar de la participación de Cuéllar y del IDHUCA y a pesar de la creciente protesta internacional. Todavía no está claro si los ILEA resultarán o no ser «otras escuelas de asesinos», como los detractores llaman a la academia. No obstante, si la situación actual constituye algún indicio, estas críticas pueden resultar ciertas.
Actualización de Benjamín Dangl
Varios acontecimientos recientes han cambiado de manera espectacular el panorama militar y político de América Latina. Mientras algunas victorias electorales en América Latina señalan un cambio regional hacia la izquierda, Washington continúa ampliando su presencia militar y naval por todo el hemisferio.
El 20 de abril de 2008, Fernando Lugo, de tendencia izquierdista, fue elegido presidente de Paraguay. Su victoria rompió el reinado de 61 años del derechista Partido Colorado. Lugo, un ex obispo que comparte la Teología de la Liberación, se unió a una creciente lista de líderes de centro izquierda de toda la región y ha prometido tomar medidas enérgicas contra las violaciones de los derechos humanos en Paraguay vinculadas con las relaciones militares paraguayo-estadounidenses. Poco después su victoria, Lugo dijo a los reporteros que Washington debería reconocer el nuevo ambiente regional en que los gobiernos latinoamericanos «no aceptarán ningún tipo de intervención de país alguno, sin importar cuán grande sea».
En la vecina Bolivia, el presidente izquierdista indígena Evo Morales ha enfrentado una creciente resistencia de la oposición de derecha. Documentos y entrevistas del gobierno de EEUU sobre el terreno en Bolivia prueban que Washington ha gastado millones de dólares en otorgarle poderes a la derecha boliviana por medio de la USAID -Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development)- y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy). (Para conocer más sobre el tema, ver “Undermining Bolivia”, The Progressive, febrero de 2008: www.progressive.org/mag_dangl0208).
El 1 de marzo 2008, los militares colombianos bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano, desencadenando una crisis regional. Este ataque fue parte de un conflicto de varias décadas alimentado por el entrenamiento militar y el financiamiento de EEUU a los militares colombianos.
Al mes siguiente, el 24 de abril, el Pentágono anunció que la IV Flota de la Marina de Guerra de EEUU se colocaría nuevamente para monitorear las actividades en el Caribe, la América Central y Suramérica. La IV Flota había cesado sus operaciones en el área en 1950. Los analistas en la región sugieren que la reactivación de la IV Flota es una advertencia a los líderes latinoamericanos, como Hugo Chávez en Venezuela, que trabajan para construir un bloque regional progresista fuera de la influencia de Washington.
Aunque Washington continúa expandiendo su alcance por una América Latina cada vez más izquierdista, las alianzas regionales como la Alternativa Bolivariana para las Américas crecen entre los líderes latinoamericanos progresistas. Tal cooperación política, económica y militar está contrarrestando eficazmente la hegemonía de EEUU. Al mismo tiempo, el futuro de las relaciones estadounidense-latinoamericanas dependerá en gran parte de cómo el próximo presidente de EEUU [es decir el actual presidente Barack Obama] interactúe con esta región radicalmente transformada.
Mientras la mayoría de los medios corporativos [de prensa] ignoran a América Latina, su cobertura de la región está por lo general predispuesta contra los líderes izquierdistas y los movimientos sociales de la región. Dos publicaciones en línea que proporcionan coberturas y análisis continuos en la región son UpsideDownWorld.org, un sitio Web que cubre el activismo y la política en América Latina, y Toward Freedom.com, una perspectiva progresista de los acontecimientos mundiales.
Los activistas interesados en conocer más sobre la agresión militar de EEUU en América Latina pueden visitar el sitio Web de Americas Watch: Soaw.org. Para mayor información sobre las operaciones militares en la región y la esperanzadora respuesta de gobiernos progresistas y movimientos sociales, ver mi libro “The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia” (El precio del fuego: Guerras de información y movimientos sociales en Bolivia, AK Press).
Wes Enzinna y Benjamin Dangl
FUENTES:
• Upside Down World, June 14, 2007. Título: “Exporting US ‘Criminal Justice’ to Latin America”. Autores: Community in Solidarity with the People of El Salvador. • Proyecto Censurado 2009 Peter Phillips, Andrew Roth y Project Censored NACLA Report on the Americas, March/April 2008. Título: “Another SOA? A Police Academy in El Salvador Worries Critics”. Autor: Wes Enzinna. • CISPES, March 15, 2007. Título: “ILEA Funding Approved by Salvadoran Right Wing Legislators”. Autores: Community in Solidarity with the People of El Salvador. • AlterNet, August 31, 2007. Título: “Is George Bush Restarting Latin America’s ‘Dirty Wars’?”. Autor: Benjamin Dangl. • Estudiantes investigadores: Courtney Snow, Erica Elkinton, and April Pearce. • Evaluador académico: Jessica Taft, Ph.D. and Jeffrey Reeder, Ph.D.
MAÑANA SE PRESENTARA LA DEMANDA PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO QUE ESPAÑA SE NIEGA A MIRAR
Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora; Carlos Slepoy y Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Hace trece años, Baltasar Garzón hizo lugar a los planteos para juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena. El abogado Carlos Slepoy, que motorizó esa causa basado en la jurisdicción universal, impulsa que se devuelva el favor investigando al franquismo.
Elías García Holgado era alcalde y diputado provincial en Salamanca cuando, en 1936, fue encarcelado por el franquismo, que lo fusiló un año más tarde. Severino Rivas era también alcalde, de la localidad de Castro Rei, en Lugo; lo fusilaron en 1936 y su cuerpo permaneció desaparecido hasta el 2005, cuando su hijo, luego de larga búsqueda, consiguió que fuera identificado en una fosa común. Estos dos crímenes serán los casos iniciales con los que mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará una denuncia para que la justicia argentina, aplicando el principio de jurisdicción universal, investigue el genocidio cometido en España por el régimen de Francisco Franco.
La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal. Hasta ahora, la Argentina ha sido beneficiaria de esta herramienta, que permitió que jueces de España –como Baltasar Garzón– e Italia iniciaran investigaciones contra represores argentinos, abriendo allá causas que fueron claves para impedir la impunidad cuando acá los juicios estaban frenados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todavía no se ha dado la situación inversa, es decir que en la Argentina se investiguen crímenes cometidos fuera del territorio nacional, pero que por su gravedad, por tratarse de crímenes contra la humanidad, habilitan el uso del principio de la jurisdicción universal.
En apoyo a Garzón
La idea de presentar en Buenos Aires una denuncia contra los crímenes del franquismo nació luego de que sectores de la derecha española lograron frenar la investigación que había iniciado el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Franco. Garzón terminó enfrentando además un proceso por prevaricato, ya que lo acusaron de haber dictado a sabiendas una resolución injusta. El argumento con el que fue acusado es que la amnistía dictada en España en el ’77 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero por el momento ha quedado no sólo frenado, sino bajo una ofensiva para destituirlo (ver aparte).
La iniciativa de abrir en la Argentina una causa por los crímenes del franquismo –para evitar su impunidad y como modo de respaldo a Garzón– fue traída a Buenos Aires por el abogado Carlos Slepoy, argentino radicado en España y representante en Madrid de familiares de víctimas de la dictadura.
Slepoy es uno de abogados que ha trabajado en la construcción del razonamiento jurídico que sostiene a la demanda. “Los tribunales de cualquier parte del mundo tienen legitimidad para juzgar a estos criminales”, dijo a Página/12. El abogado da la impresión de esperar que el camino sea fácil y sin tropiezos; sabe que el caso deberá encontrar un juez dispuesto a aplicar el principio de justicia universal. “Necesitamos un Garzón argentino”, sintetizó ante este diario en alusión a que un magistrado le ponga el cuerpo a la causa.
El escrito, que ya está terminado, está caratulado como una denuncia “por genocidio y/o delitos de lesa humanidad” y “por la comisión de delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros”. En su primera parte cuenta cómo sucedieron los crímenes de los alcaldes Rivas y García Holgado. Por estos dos casos, que funcionarán como el puntapié inicial, se presentarán dos familiares como querellantes. Uno es Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rey. Rivas, que vive en la Argentina, hoy tiene 91 años. La otra querellante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, que tiene otro tío abuelo fusilado y un tío desaparecido.
Además de estos homicidios puntuales, la demanda pide que se tome como período de investigación a todo el franquismo, desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España. Es decir que solicita que se investigue el genocidio.
Incluye también un relato sobre el contexto histórico y la interpretación de que ocurrió un genocidio, en el sentido de que la dictadura de Franco tuvo una planificación sistemática para eliminar a determinados grupos de la sociedad.
“Habrá más denuncias”
La pregunta es ¿hay imputados vivos? Eso parece imposible para crímenes cometidos, como con los alcaldes, en 1936. “Si se investiga hasta el ’77 hay criminales vivos. Ex ministros, jefes del ejército y de otras fuerzas armadas”, asegura Slepoy, quien confía en que por esto “mucha gente” va a presentarse “para traer su denuncia”.
El equipo que patrocinará la querella se completa con los abogados locales David Baigún –director del posgrado de Derecho Penal de la UBA–, Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beniuz Szmukler.
El trabajo clave de este equipo será el de fundamentar por qué en la Argentina puede aplicarse el principio de la jurisdicción universal. Slepoy señala que “está en la Constitución Nacional, en su artículo 118”. Este artículo habla de los crímenes que se cometan “fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes”, y establece que el Congreso es quien debe decidir qué tribunal debe juzgarlos. “El Congreso ha establecido que sean los juzgados federales”, apunta Slepoy. También recordó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos “dictó resoluciones en el ’98 y 2003 instando a los países de América a que ejerzan la jurisdicción universal”.
“Son crímenes que están impunes, lo que habilita a otra nación que se sienta ofendida o que entienda la necesidad de que se haga justicia a pedir su investigación”, agregó ayer su colega Máximo Castex. “En el caso de Rivas, por ejemplo, es una persona grande que logró recobrar los restos de su padre en el año 2005, a través de una exhumación que hizo él por cuenta propia; él cada vez que viajaba a España sentía esta necesidad de lograr justicia. Hay que pensar que estamos frente a una historia de 110 mil desaparecidos; hay mucha gente que todavía no sabe dónde están los cuerpos de sus familiares”.
Un dato impactante es el interés que mostraron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales argentinas para sumarse a la causa como querellantes. Entre los que quieren presentarse a querellar están la Central de Trabajadores Argentinos y la Federación Gallega y la mayoría de los organismos: Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Todavía no está claro si todos van a poder hacerlo, ya que depende de que en sus estatutos tengan un objetivo que los habilite legalmente. Desde España vendrán representantes de la Asociación para la Memoria Histórica de España, considerada la más importante de aquel país trabajando en el tema.
La denuncia se presentara en los tribunales federales en la mañana del miércoles. Ese mismo día, los querellantes darán una conferencia de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires que ayer homenajeó a Slepoy (foto). Darío Rivas e Inés García Holgado, los dos primeros querellantes, estarán entre los presentes para contar la historia de sus familiares y pedir justicia, 74 años después.
El «"Instituto George W.Bush"» promueve la guerra cibernética contra Venezuela, Cuba, Irán y Rusia y el evento será presentado por el mismo George W. Bush.
Mientras que el próximo 19 de abril se iniciará la celebración del bicentenario en Venezuela, en Estados Unidos esa fecha se utilizará [por Bush] para coordinar estrategias de guerra cibernética contra Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, China y Siria.
El Instituto George W. Bush y la organización estadounidense Freedom House han convocado un encuentro de «activistas por la libertad y los derechos humanos» y «expertos en Internet» para analizar el «movimiento global de ciber-disidentes».
Al encuentro, que se realizará el 19 de abril en Dallas, Texas, asistirán Rodrigo Diamanti de la organización Futuro Presente de Venezuela; Arash Kamangir de Irán; Oleg Kozlovsky de Rusia; Ernesto Hernández Busto de Cuba; Isaac Mao de China y Ahed Alhendi de Siria.
También estarán presentes miembros del gobierno estadounidense y otras organizaciones vinculadas con la comunidad de inteligencia de Washington, como Jeffrey Gedmin, presidente de Radio Free Europe/Radio Liberty, un proyecto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) creado durante la Guerra Fría para luchar contra el comunismo en Europa; Daniel Baer, Asistente Secretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo; Peter Ackerman, fundador del Centro Internacional para el Conflicto Noviolento (ICNC), entidad involucrada en las llamadas «revoluciones de colores» en Europa Oriental; Óscar Morales Guevara, fundador del movimiento «un millón de voces contra las FARC» y también promotor de un movimiento contra el Presidente Chávez a través de Facebook; Jennifer Windsor, directora ejecutiva de Freedom House, y otros representantes de Freedom House, el Departamento de Estado y el Instituto George W. Bush.
Hablará Bush
Según la agenda del evento, su propósito es analizar «las condiciones de las libertades políticas en Internet en el mundo», y «capacitar a los participantes con las tecnologías y el conocimiento para superar la censura gubernamental». El propio ex Presidente George W. Bush y su esposa Laura darán las palabras de apertura del evento.
Luego habrá presentaciones de los representantes de Freedom House y el Departamento de Estado sobre las «amenazas contra la libertad de Internet» en los países representados en el encuentro. Posteriormente los invitados internacionales de Venezuela, Cuba, Irán, China, Rusia y Siria presentarán sus ponencias sobre los supuestos «peligros» en sus paises contra la libertad de Internet y su trabajo como «ciber-disidentes».
Hacia al final del evento, Peter Ackerman, antiguo director de Freedom House, banquero multimillonario y fundador del Centro Internacional para el Conflicto No-Violento (International Center for Non-Violent Conflict), entidad vinculada a la CIA, también participará con otros «expertos» de la guerra cibernética, para capacitar a los jóvenes con las tecnologías que les ayudarán a promover cambio de regímenes en sus paises de origen.
El participante venezolano, Rodrigo Diamanti, viene del llamado movimiento estudiantil «manos blancas», una iniciativa creada por Washington y los sectores de la oposición contra el gobierno de Hugo Chávez para utilizar a la juventud y los estudiantes para promover acciones de desestabilización que provocarían un «cambio de régimen». Su organización, Futuro Presente, fue creada en 2009 por el dirigente de la extrema derecha venezolana Yon Goicochea con financiamiento y apoyo del Instituto Cato de Washington. El Instituto Cato es un centro de pensamiento (think tank) de la ultra derecha estadounidense, vinculada con el entorno de George W. Bush.
Freedom House es una institución estadounidense financiada por el Departamento de Estado y vinculada a la CIA que financia y apoya a organizaciones que promueven la agenda imperial en paises estratégicamente importantes para Washington. En Venezuela, Freedom House ha estado trabajando desde el año 2005 financiando y ayudando políticamente a los sectores de la oposición contra el Presidente Chávez.
El Instituto George W. Bush es un centro de estudio y acción creado por el ex Presidente Bush y forma parte del Centro Presidencial George W. Bush. La guerra contra Venezuela
En Venezuela no existe ninguna limitación ni amenaza contra la libertad de Internet ni la libertad de expresión. Hace pocos días cientos de infocentros fueron inaugurados por el Presidente Chávez en Venezuela para garantizar el acceso gratuito a Internet para todo el pueblo venezolano. Los infocentros son salas de computación con acceso a Internet construidas por el gobierno venezolano en ciudades y pueblos por todo el país y son manejadas por las propias comunidades. Más de 7 millones de venezolanos utilizan el Internet, según cifras de 2009.
Durante los últimos años la Agencia del Desarrollo Internacional de EEUU (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED) han estado financiando y promoviendo talleres de formación y capacitación en el uso de Internet y las nuevas tecnologías para construir movimientos políticos de la oposición en Venezuela. Más de 10 millones de dólares se han invertido a través de la USAID y la NED para este fin.
También han ayudado con la adquisición de equipos tecnológicos para ayudar a los movimientos a lograr sus objectivos. Hoy más de 200.000 venezolanos utilizan Twitter y Facebook como mecanismos para atacar al gobierno venezolano y promover acciones de desestabilización en su contra, además de crear matrices de opinión falsas sobre la realidad en que vive el país.
Desde 2003 el Pentágono ha clasificado la guerra cibernética como el próximo campo de batalla que debe dominar Washington. El Presidente Obama creó un Comando Cibernético el año pasado y nombró un Jefe de Ciberespacio para coordinar las políticas y acciones de EEUU a través de Internet.
En Argentina hay algunas sumas que en caso de dar cero redundan en otros resultados invariables. Siempre.
Si la adición de política y economía no registra impacto periodístico, se instalará algún hecho de “inseguridad”. Si la inseguridad más la política no ofrecen novedades, aparecerá algún dato económico esencialmente alarmante o dibujado como tal. Y si no hay ningún hecho delictivo capaz de desatar oleadas de indignación, ni alguno de la economía en aptitud de sacudir la modorra, ganará escenario (cualquier hecho de) la política. Es más bien imposible que convivan los tres ejes, porque los medios se caracterizan por obsesiones de a uno gracias a la mescolanza de vértigo con que informan u operan. Sí es probable, aunque excepcional, que el trío, completo, quede ocultado por episodios ajenos. Durante el Mundial de junio –con certeza total durante la primera ronda, y después según le vaya al equipo de Maradona– no habrá ni inseguridad ni economía ni política que valga. Para el caso de estos momentos, la suma cero de inseguridad y economía cumplió la fórmula de potenciar política. Si es por lo primero, se había extinguido casi enseguida el presunto intento de no se sabe qué sufrido por la modelo Nicole Neumann (llevado a títulos y fotos de portada...) y tampoco sirvió la serie de asaltos a concesionarias de autos en pocas horas, ni otros por el estilo. Los requisitos mediáticos, para advertir que ya no se puede salir a la calle porque nos matan a la primera de cambio son que haya asesinados de clase media hacia arriba y en la zona norte del Gran Buenos Aires, con preferencia. Si se trata de Silvia Suppo, sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura, testigo en los juicios y ultimada de varios cuchillazos en Santa Fe, no vale para ganar ni tapas de diarios ni sumarios de radio y tevé. Neumann sí, Suppo no. Y para que se sitúe la economía tiene que haber barrabasadas del Indek, picos inflacionarios o circunstancias que de lo técnico devengan de inmediato en cruces violentos de y con la oposición, en tanto son temas de apasionamiento nulo. El ejemplo más reciente es el pago de deuda con reservas, pero también cabe citar al largo y durísimo conflicto parido por la 125. ¿O acaso se podría afirmar que sabía de qué hablaba, en números, esa mayoría patrocinante de los intereses del “campo” como si fuesen los propios?
La citación judicial a Macri, por las escuchas ilegales de su fantástico equipo de funcionarios y asesores, aparece cual suceso que se señalaría determinante, sin dudar, para la reaparición del avispero político. Confluyen varios elementos que lo corroborarían. Es el jefe de Gobierno porteño. Es un presidenciable, o eso dice él, que debe ir a la Justicia. En la causa ya hay detenidos. Podría ser procesado y correr riesgo de juicio político. Nadie se acuerda ya del proyecto para perseguir franelitas y cuidacoches, que tan entusiasmado lo tenía porque al fin lograba ganar espacio gracias a un proyecto y no por los papelones de sus nombramientos. Y al margen de lo que se dictamine, no hay retorno –cabría creer– para la enseñanza dejada por inventar una nueva policía con lo peor de la que hay. Sin embargo, es tal la complacencia o protección periodística de que gozan los referentes opositores, en su generalidad, que hasta para el menos avisado debería ser obvia la forma mostrada por los grandes medios al efecto de minimizar la situación. Excepto por el lógico revuelo inicial, casi únicamente, la noticia quedó entreverada con otras varias de toda índole. Eso es por ahora, claro está, porque no se supone que pueda llegarse al bochorno de mantener la tesitura si las cosas pasan a ser un Macrigate. Pero igualmente no hay vuelta para el modo en que volvió a revelarse la tendencia mediático-operativa. Y queda empalmado con lo que sí obtuvo una consideración mayor: la danza de tanteos de candidaturas al 2011.
Una parte del asunto es la mirada al oficialismo, y la testarudez por escudriñar si el postulante será Kirchner. En realidad, más que una obcecación del periodismo –lo cual no deja de ser válido, porque es una de las preguntas del millón– hay también en eso grandes cuotas de juego desalentador. De ahí la difusión de encuestas que muestran al ex presidente con un índice de rechazo masivo, la imposibilidad absoluta de que triunfe en una segunda vuelta, las especulaciones acerca de quién será el elegido en su reemplazo y todo el chusmerío de palacio ad hoc. El punto es reforzar el imaginario de que el ciclo kirchnerista está muerto y sepultado, aun cuando se sepa que, a un año y pico vista y en un país como éste, sostener eso es ciencia ficción. Y mucho más si los aires económicos confirman buena ventura, como hasta ahora lo presagian todos los indicadores (con la salvedad, relativa, de la inflación real). Sería precisamente por esto que el establishment y sus medios urgen a una definición del bando opositor. Pero el problema es que ese bando sigue siendo una hoguera de vanidades personales, incapaz –como se reveló otra vez en estos días– de articular siquiera tacticismos parlamentarios por fuera de algunos “logros” ya olvidados.
Ese panorama empeoró la semana pasada. Reutemann conquistó el principal título dominical de La Nación con su negativa a candidatearse, aunque después lo relativizaron desde su entorno como para mantener el invicto del ni sí ni no sino todo lo contrario que rige su vida. El hecho tumbó la operación de prensa montada unos días antes, destinada a construir fórmula entre el santafesino y De Narváez. El colombiano, por si fuera poco, recibió indicios –al parecer firmes– de que la Justicia no avalará su postulación porque las barreras constitucionales son insalvables. Duhalde está más muerto que vivo, y él mismo ya reconoce a sus íntimos que se ve más como un “gran elector” de la derecha peronista. La etapa de Macri no es, ay, para intentar sumarse a esa mesa chica. Y en el palo del radicalismo, descartado que Carrió quiera prenderse a Cobos, y dudoso que Gardiner aglutine al partido, e incierto que el partido acepte que Alfonsín es algo más que el hijo, nada pinta mejor. Los medios que les son adictos, a los unos y a los otros o a lo que fuere, ya pasaron de haber tomado nota a exigirles templanza y eficiencia, de manera muy crítica. Quizás, o seguro, porque la convicción expresada y las encuestas difundidas no van de la mano con un clima en el que –justamente por las agotadoras internas opositoras– estaría revirtiéndose el rechazo al oficialismo. Y tanto en las capas medias como en los sectores populares que el 28-J contribuyeron a su derrota.
Poco hay de nuevo bajo el sol. Pese a lo dicho, el kirchnerismo está en problemas si su candidato no sale de la pareja comandante. Pero enfrente tienen dificultades aún mayores porque cada día que pasa queda más claro que, excluido el discurso oposicionista, no los une ni siquiera el espanto. Algo hoy impensado debería ocurrir para que no sea ése el escenario que permanecerá durante un buen tiempo.
“Si me siguen presionando, juro que me convierto en talibán” (www.cba.ca, 5-4-10). La frase pertenece a Hamid Karzai, impuesto por EE.UU. como primer ministro antes y luego como presidente de un Afganistán en guerra y devastado. Occidente lo presiona para que erradique el cultivo de las amapolas del opio que terminan en heroína, fuente de la corrupción del gobierno y alimento financiero de la guerrilla talibán, presente ya en extensas zonas del territorio del país. Para los ocupantes se trata de un problema militar.
Karzai critica a Obama y fabrica otras curiosidades: acusó a la Casa Blanca de un intento de amaño de las últimas elecciones para impedirle ocupar la presidencia. Amaño hubo, fraude, mejor dicho, pero a favor de Karzai y hasta las Naciones Unidas legitimaron su triunfo. El pretexto del mandatario afgano oculta que no quiere o no puede terminar con el opio y sus consecuencias en el que se ha convertido en el primer narco-Estado del mundo. EE.UU. mucho contribuyó para que así sea.
No había amapolas en Afganistán cuando las tropas soviéticas lo invadieron, en 1979. Los señores de la guerra alentaron su cultivo para conseguir armas, pero se convirtió en un verdadero instrumento político sólo cuando la CIA decidió financiar a los mujaidines por intermedio de los servicios secretos de Pakistán (ISI, por sus siglas en inglés). La CIA realizó operativos de contrabando de heroína y en diez años destinó casi 2 mil millones de dólares a “los combatientes de la libertad” (Ronald Reagan). La guerra antisoviética encubierta del espionaje estadounidense convirtió las zonas fronterizas de Pakistán/Afganistán en las mayores productoras de heroína del planeta.
A medida que los mujaidines ocupaban áreas agrícolas, comenzaron a llevar grandes cantidades de opio a los centenares de laboratorios pakistaníes protegidos por el ISI. La producción opiácea afgana pasó de 250 a 2000 toneladas entre 1981 y 1990; de Pakistán llegaba el 60 por ciento de la heroína consumida en EE.UU. La Casa Blanca detuvo esta actividad de la CIA en 1991, dos años después de que los soviéticos se retiraran de Afganistán. Dejaba atrás un país devastado, una guerra civil, un millón de muertos y cinco millones de refugiados.
Los talibán tomaron el poder en 1996 y promovieron la expansión de los cultivos de amapola, la producción llegó a 4600 toneladas, equivalente al 75 por ciento del consumo mundial, y el régimen impuso un impuesto del 20 por ciento a la cosecha anual. Impulsó además la instalación de centenares de laboratorios de refinación de heroína. Pero en el 2000, el líder talibán Mullah Omar, deseoso de ganar el reconocimiento internacional, cometió un acto de economía suicida: prohibió el cultivo, arrasó con el 94 por ciento de territorio sembrado, redujo la producción de opio a 185 toneladas y dejó sin sustento al 20 por ciento de la población afgana.
Derrotado el talibán, la CIA empleó sus métodos habituales para que los señores de la guerra, siempre activos en el narcotráfico, se apoderaran de ciudades y pueblos en el este de Afganistán, zona lindante con Pakistán. A su juego los llamaron: la producción de opio subió abruptamente a 3400 toneladas sólo en el primer año de la ocupación. Cinco años después, su cultivo abarcaba una superficie superior a la de los cultivos de coca en toda América latina, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas (www.nytimes.com, 28-8-07). Las 185 toneladas de antes de la invasión se fueron a 8200 en el 2007, es decir, un 53 por ciento del PBI nacional y un 93 por ciento del suministro mundial de heroína. Del opio vive al menos un 30 por ciento de la población afgana.
Otra curiosidad: la necesidad de ganarse el apoyo de los habitantes de Marja, verdadera capital mundial de la heroína, ubicada en la provincia de Helmand y recuperada del control talibán, “ha puesto a los comandantes de EE.UU. y la OTAN en la inusual posición de oponerse a la erradicación de los cultivos de opio” (The New York Times, 20-3-10). Los efectivos norteamericanos ya no los arrasan (www.mercurynews.com, 20-3-10) y se entiende: del 60 al 70 por ciento de los campesinos de la zona siembra amapola.
El general McChrystal, comandante en jefe de las tropas ocupantes, visitó un pueblo del lugar acompañado del vicepresidente segundo de Afganistán, Karim Khalili, y presenció la ira de los 200 campesinos cuidadosamente preparados para recibirlos. “Si vienen los tractores (utilizados para erradicar) –les gritó una viuda afgana vitoreada por todos los presentes–, tendrán que pasar encima de mí y matarme antes de matar a mis amapolas” (www.nytimes.com, 1-3-10). El general entendió el mensaje y Karzai se siente sostenido en su voluntad de cambiar nada.
Leyes abusivas que atropellan los elementales derechos ciudadanos y libertades civiles fueron aplicadas en los Estados Unidos en la época de la administración de George W. Bush, leyes hechas a medida y sobre todo para impedir las protestas ciudadanas contra la ilegal y abusiva invasión de Irak. Curiosamente, hoy en día, la administración del presidente Obama las mantiene vigentes así como las tropas US de ocupación en Irak.
Manifestantes contra la guerra de Irak, guerra desatada por la administración Bush y continuada actualmente por el gobierno de Obama, son arrestados en Washington en marzo de 2008. Foto de JL Magana.
El presidente Bush firmó dos órdenes ejecutivas [durante su mandato] que le permitieron al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confiscar los bienes de cualquier persona que se perciba -directa o indirectamente- como una amenaza para las operaciones [y agresiones militares] de EEUU en el Oriente Medio.
La primera de estas órdenes ejecutivas, titulada «Bloqueo de las propiedades de ciertas personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en Irak», firmada por Bush el 17 de julio de 2007, autoriza al Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado y el Secretario de Defensa, a confiscar los activos [bienes] de los ciudadanos [estadounidenses] y organizaciones estadounidenses que «directa o indirectamente» representen un riesgo a las operaciones [militares] de EEUU en Irak.
Las órdenes de Bush:
«He emitido una orden ejecutiva que bloquea las propiedades de personas que se determine que hayan cometido, o representen un riesgo significativo de cometer, un acto o actos de violencia que tengan el propósito o el efecto de amenazar la paz o la estabilidad de Irak o el gobierno de Irak, o de socavar los esfuerzos por promover la reconstrucción económica y la reforma política en Irak... que hayan ayudado considerablemente, o proporcionado apoyo financiero, material, logístico o técnico para -o bienes y servicios en apoyo de- tal(es) acto(s) de violencia, o cualquier persona cuyas propiedades e intereses en las propiedades sean bloqueados de conformidad con esta orden...»
La sección cinco de esta orden anuncia que «... debido a la capacidad para transferir fondos u otros activos instantáneamente, el aviso previo a tales personas sobre las medidas a tomar con ellas con arreglo a esta orden haría estas inútiles estas medidas. Por lo tanto determino... que no se necesita aviso previo sobre la programación o la determinación [del bloqueo de bienes]...»
El 1 de agosto Bush publicó otra orden ejecutiva similar, titulada «Bloqueo la propiedad de las personas que socavan la soberanía del Líbano o sus procesos e instituciones democráticas». Aunque el texto de esta orden es en su mayor parte idéntico al de la primera, la orden con respecto a El Líbano es más severa.
Aunque las dos órdenes pasan por encima del derecho constitucional al debido proceso que establece la ley, al otorgarle a la Secretaría de Hacienda la autoridad de confiscar las propiedades de esas personas que representen un riesgo de violencia, o de algún modo vago ayuden a la oposición a la agenda de EEUU, la orden del 1 de agosto está dirigida a cualquier persona que se determine que haya realizado o represente un riesgo significativo de realizar acciones -violentas o no violentas- que socaven las operaciones en el Líbano.
La ley también autoriza a congelar los activos «de un cónyuge o hijo dependiente de él» de cualquier persona cuyas propiedades se hallen congeladas. La orden ejecutiva sobre El Líbano también prohíbe el suministro de alimentos, abrigo, medicinas o cualquier ayuda humanitaria a aquellas personas cuyos activos hayan sido confiscados, incluyendo a los «hijos dependientes» antes mencionados.
Escrita de una manera vaga y peligrosamente abierta a cualquier interpretación, esta orden inconstitucional permite la selección arbitrariamente de cualquier estadounidense para despojarlo de todas sus pertenencias y exige ostracismo a la sociedad. Bruce Fein, abogado constitucionalista y ex funcionario del Departamento de Justicia en la administración Reagan, dijo de la orden: «Es tan general que te deja estupefacto. Nunca he visto nada tan amplio. Va más allá del terrorismo, de la búsqueda del uso de la violencia o de la amenaza de violencia para encoger de miedo o intimidar a una población».
En un editorial para el Washington Times, Fein dijo: «La persona sometida a una congelación de sus activos se ve reducida a la condición de leproso. Las sentencias de muerte financiera son impuestas por la Secretaría sin previo aviso u oportunidad de responder, el núcleo del debido proceso. Golpean como un relámpago. Cualquier persona cuyos activos sean congelados enfrenta inmediatamente una cuarentena absoluta.
La víctima no puede recibir ni sus benefactores proporcionar fondos, mercancías o servicios de ningún tipo. Un abogado no puede ofrecer sus servicios sin desafiar la orden de bloqueo de la Secretaría. Un médico tampoco puede prestar los suyos ante un paro cardíaco». Fein, agrega: «Al Departamento de Justicia habitualmente se le encomiendan las investigaciones de las órdenes ejecutivas para que haya coherencia con la Constitución. ¿Estará durmiendo el Fiscal General?»
Actualización de Matt Rothschild
Ésta es una noticia que virtualmente no fue a parar a ninguno de los principales medios de comunicación, que yo sepa. Cuando viajé por el país para dar conferencias el verano pasado y traje a colación el tema de esta orden ejecutiva, la gente no podía creerlo y se preguntaba por qué no había oído hablar de ella. Todavía me pregunto lo mismo.
Por Michel Chossudovsky y Matthew Rothschild
Michel Chossudovsky es un economista canadiense, profesor de la Universidad de Ottawa, Canadá.
Matthew Rothschild es Editor of The Progressive magazine, regarded as one of the leading voices for peace and social justice in the United States.
A continuación, dos buenos lugares para ver temas relacionados con esta noticia:
The American Civil Liberties Union, www. aclu.org y The Center for Constitutional Rights, www.ccrjustice.org.
Fuentes:
Global Research, July 2007 Título: “Bush Executive Order: Criminalizing the Antiwar Movement” Autor: Prof. Michel Chossudovsky The Progressive, August 2007 Título: “Bush’s Executive Order Even Worse Than the One on Iraq” Autor: Matthew Rothschild Estudiantes investigadores: Chris Navarre y Jennifer Routh Evaluador académico: Amy Kittlestrom, Ph.D.
Washington acaba de dar a conocer una nueva doctrina nuclear y se prepara para firmar con Rusia un nuevo tratado de limitación de armas en medio de un gran espectáculo mediático. Un poco de análisis demuestra sin embargo que la posición de la administración Obama no contiene ninguna ruptura con la que ya existía. Simplemente se trata de adaptar la política de Bush a la situación actual. Peor aun, la nueva política evade los dos verdaderos problemas: ¿Reactivará el escudo antimisiles la carrera armamentista? ¿Serán sustituidas las armas nucleares por armas estratégicas más desestabilizadoras aun?
En vísperas de la publicación de la Nuclear Posture Review, documento sobre la estrategia nuclear de los Estados Unidos [disponible para su descarga a través del vínculo que aparece al final de este trabajo] y sólo 3 días antes de la firma del nuevo tratado START con Rusia, que tendrá lugar en Praga, el presidente Barack Obama anunció anticipadamente, en entrevista concedida al New York Times [1], las líneas esenciales de la nueva estrategia.
¿Dónde está la novedad? «Si eres un Estado que no dispone de armas nucleares y respetas el Tratado de No Proliferación, tienes nuestra garantía de que no utilizaremos armas nucleares contra ti.» Pero si el Estado (al que Obama se dirige tuteándolo) viola, según el inapelable veredicto de Washington, el Tratado de No Proliferación (TNP), Estados Unidos no garantiza el no uso de armas nucleares contra él.
Y en ese punto Obama designa a Irán y a Corea del Norte, principalmente a Irán, acusado de desafiar a la comunidad internacional con un programa nuclear que «siguiendo su rumbo actual le proporcionará una capacidad nuclear militar». El presidente Obama, recuerda el entrevistador, ya ha declarado que él «no podría cohabitar con un Estado iraní dotado de armas nucleares».
En resumen, eso significa que Estados Unidos se reserva el derecho a lanzar el primer golpe (first strike), o sea el primer ataque nuclear «preventivo» para impedir que un país como Irán pueda dotarse algún día del arma nuclear.
Mientras que la estrategia nuclear del presidente Bush preveía el uso de armas nucleares contra una amplia gama de peligros, la estrategia del presidente Obama –escribe el New York Times– «limita» su uso. Limitación muy relativa ya que admite su uso no sólo contra un Estado dotado de armas nucleares sino también contra «un [Estado] que no ha firmado o que ha violado el Tratado de No Proliferación».
Paradójicamente, Obama afirma en la entrevista que «Estados Unidos e Israel están muy preocupados por las acciones de Irán», ignorando así que Irán es un Estado firmante del Tratado de No Proliferación y que se somete a las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica mientras que Israel nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación y posee un poderoso arsenal nuclear que no se sometido nunca a ninguna inspección internacional. Y mientras que Irán no tiene armas nucleares, Israel mantiene un centenar de ellas apuntando hacia Irán y hacia otros países de la región.
Lo mismo sucede con otro aliado de Estados Unidos, Pakistán, también poseedor de armas nucleares y que tampoco ha firmado el Tratado de No Proliferación. Al ser interrogado sobre el arsenal nuclear pakistaní, cuya «seguridad» ha costado a Estados Unidos por lo menos 100 millones de dólares, Obama responde: «No tengo intenciones de hablar en detalle del [sector] nuclear pakistaní». Lo cual confirma que la nueva estrategia nuclear de Estados Unidos sigue caracterizándose por la vieja política de doble rasero.
No son esas las únicas ambigüedades. Mientras que habla de reducción del armamento nuclear, el presidente Obama declara por otro lado que «mantenemos una robusta [fuerza de] disuasión» y que «invertimos en una estructura mejorada para mantener la seguridad y la fiabilidad de nuestras armas nucleares». Y mientras que el presidente anuncia la «limitación» del uso del armamento nuclear, los voceros de la Casa Blanca precisan que la nueva estrategia prevé «el uso de una represalia nuclear contra un ataque biológico», o sea contra un país no nuclear acusado, posiblemente basándose en «pruebas» provenientes de la CIA, de haber realizado o de haber tratado de realizar un ataque biológico contra Estados Unidos.
Al ser interrogado sobre la nueva generación de armas «convencionales» que Estados Unidos está desarrollando y que está borrando la frontera entre armas convencionales y nucleares, Obama vuelve a responder que no piensa entrar en detalles. Lo mismo hace en cuanto al problema de las armas nucleares que Estados Unidos mantiene en Europa.
Tampoco habla Obama del «escudo» antimisiles que Estados Unidos quiere desplegar en Europa y que pone en peligro el nuevo tratado START. El que sí habla de ese tema –y es una verdadera ducha fría– es el ministro ruso de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov. Sólo 48 horas antes de la cumbre de Praga, Lavrov advierte que «Moscú se reserva el derecho de retirarse del nuevo START si el escudo antimisiles que Estados Unidos quiere construir tiene un impacto excesivo sobre la eficacia de las fuerzas nucleares rusas» [2].
Manlio Dinucci
Geógrafo y politólogo. Últimas obras publicadas: Geograficamente. Per la Scuola media (3 vol.), Zanichelli (2008) ; Escalation. Anatomia della guerra infinita, DeriveApprodi (2005).
Notas:
[1] «Excerpts From Obama Interview», por David E. Sanger y Peter Baker, The New York Times, 5 de abril de 2010.
[2] «START: conférence de presse de Sergei Lavrov», Réseau Voltaire, 6 de abril de 2010.
Poco a poco, la ética se está adentrando en la interpretación de nuestra historia. Hace unos días, en el propio salón de actos de la Legislatura de Buenos Aires, se realizó un encuentro en el cual se puso el acento en lo que nos pasó a los argentinos en el tratamiento de los pueblos originarios que viven desde hace siglos en estas tierras. Sí, justo allí. En ese edificio, donde hace muy poco se echó la culpa de todos nuestros males a los “trapitos” y a los “limpiavidrios”, se hizo un análisis histórico y se debatió con total amplitud cómo fueron traicionados los principios de Mayo en nuestra historia posterior, basada en el derecho del más fuerte, en el poder de los dueños de la tierra, en los políticos personalistas, en dictaduras militares cada vez más repetidas, y en el atroz proceder racista contra los pueblos originarios.
Se discurrió acerca de la docencia sobre la base de la Libertad y la Verdad, el respeto a los intereses mutuos, y cómo llegar a eso que repetimos al cantar el himno: “ved en trono a la noble igualdad”. Cómo concretar esas sabias palabras de Esteban Echeverría, escritas en 1837: “Asociación, progreso, libertad, igualdad, fraternidad, términos correlativos de la gran síntesis social y humanitaria, símbolos divinos del venturoso porvenir de los pueblos de la humanidad. La libertad no puede realizarse sino por medio de la igualdad, y la igualdad, sin el auxilio de la asociación o del concurso de las fuerzas individuales encaminadas a un objeto: el progreso continuo. El camino para llegar a la libertad es la igualdad. La Igualdad y la Libertad son los principios engendradores de la Democracia”.
¿Dónde quedó esa democracia un siglo después, con la serie de dictaduras militares que llegaron a su más alto índice de abyección con el sistema de la desaparición de personas y el robo de los niños a sus madres? Es increíble. Del pensamiento de Mayo a la picana eléctrica de Uriburu-Lugones.
Lo que nos caracteriza a los argentinos de lo que hicimos con el Pensamiento de Mayo de un Mariano Moreno, un Belgrano o un Castelli, lo tenemos allí: en la Diagonal Sur. A esos pensamientos libertarios, tan libertarios que emocionan, los convertimos en el bronce para hacer la estatua del genocida Roca. Justo un producto de aquella Década Infame que comenzó Uriburu en el ’30 y prosiguieron los políticos de la hipocresía desmandada: el Fraude Patriótico. Y desde ese momento, Roca, el genocida, nos ha marcado el ritmo a los argentinos: no el “ved en trono a la noble igualdad en Libertad”, sino el latifundio, los niños con hambre y las villas miseria.
Sí, fue en el salón de la Legislatura donde –no por supuesto por parte de los legisladores, claro está (aunque algunos de ellos estuvieron en las primeras filas del público dando su solidaridad con los estudios históricos que allí se debatieron)– se realizó esa fiesta de la libertad de ideas y de opiniones. Comenzó con un prólogo de música de la tierra, con esa música profunda, sencilla, como ecos de trinos de mil aves distintas. Y se leyeron poesías acerca de la tierra y su gente escritas por monseñor Angelelli, aquel obispo mártir, asesinado por los uniformados de turno. Ese obispo, además de luchador inclaudicable de los derechos de la gente de la tierra, los describía en idioma poético. Poesías para recitar al compás de guitarras gauchas, para enseñar en nuestras aulas. Angelelli, cuyo cuerpo quedó tirado en la ruta sólo porque quería la dignidad para toda su gente, la gente humilde, de andar pausado que sabe acariciar a la naturaleza.
Decíamos que hay como un renacer de esa temática en las nuevas generaciones. Por ejemplo, lo notamos en las creaciones cinematográficas. Acaba de editarse Octubre pilagá, un documental de Valeria Mapelman. Es el relato de la investigación sobre la masacre cometida en 1947, en el norte argentino, con los pilagás, un pueblo ancestral de aquellas regiones. Cientos de pilagás fueron asesinados en la forma más brutal por la Gendarmería Nacional. Fue en el segundo año del gobierno de Perón. Jamás se ordenó una investigación del hecho. Hay todavía testigos sobrevivientes de la matanza. Con sus rostros se ocupan las cámaras. Tienen la sabiduría del tiempo y hablan pausadamente, sin levantar la voz. Relatan cómo se los encerró en un lugar conocido como La Bomba y se los baleó impunemente. Los ojos tristes, la voz pausada. Detalle por detalle. La sabiduría que va dejando la vejez y la vida humilde. No hablan de venganza, sí de lo injusto. De la incomprensión. Rostros formados con tierra generosa. Nos llevan al lugar. Sí, allí cayeron hombres, mujeres, niños. Desarmados. A tiro limpio les quitaron la vida, sin poder defenderse. Algunos hablan mientras realizan, lentamente, sus tareas. Sí, allí fue, allí están enterrados. Jamás se nos dio una explicación... nada. Los rostros de los niños, que nos miran.
Pilagás. Agua. Tierra. Manos que trabajan en silencio. El eterno canto de los pájaros, sus llamados, sus colores. Y de pronto, la muerte.
De eso no se habla.
Me vienen a la memoria esas palabras inspiradas en el pensamiento de San Martín, de septiembre de 1822, en que el Congreso Constituyente del Perú se expresó así sobre los pueblos originarios: “Nobles hijos del Sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios os dirigimos la palabra y no nos asombre que os llamamos hermanos, lo somos de verdad...”.
Otro film documental que acaba de ver la luz es Por el camino del malón de la paz, realizado por Diego Romero y Soledad Berttendorff. Es la historia –investigada por el historiador Marcelo Valko– de 176 coyas que caminaron 2000 kilómetros desde Abra Pampa, en Jujuy, a Buenos Aires, a reclamar justicia por el abuso y la explotación en los ingenios, realizado por los terratenientes, y exigir que se les devuelvan las tierras comunitarias de las que habían sido expulsados, en las que habían habitado durante generaciones. Expulsados por los mismos dueños de todo. Cuando llegan a Buenos Aires, Perón los recibe y tres de los indígenas suben al balcón de la Casa Rosada frente a una multitud. Pero luego fueron alojados en el Hotel de Inmigrantes –sarcástica ironía–, expulsados y llevados en un tren de carga nuevamente de regreso a Abra Pampa. Luego de 53 años del vergonzoso episodio, quedan todavía cuatro “maloneros” con vida. Y ahí está el relato, más todos los documentos de época.
Se nota en los rostros la injusticia sufrida, que no se ha disipado durante tantos años. Ellos, los hijos de la tierra, vejados por los dueños de esa tierra. Un documental para ver en los institutos de enseñanza y en todos los lugares, para el debate. Los peronistas deben todavía a la ciudadanía una autocrítica por estos dos hechos. Lo mismo que por la masacre de Ezeiza y por las Tres A del “ministro” López Rega. También los radicales deben a nuestra sociedad la autocrítica por las masacres obreras de la Semana Trágica, de 1919, por la represión de las huelgas de peones de las estancias patagónicas, de 1921-22 y por la de los hacheros de La Forestal, del mismo año. Y también los socialistas nos deben una profunda crítica por su apoyo a dictaduras militares, como el caso de Alfredo L. Palacios, que fue embajador en el Uruguay de la dictadura del general Aramburu, y Américo Ghioldi, embajador en Portugal de la dictadura militar de la desaparición de personas.
Esas autocríticas benefician a la democracia. Por algo ha sido que nuestro país tuvo tantas dictaduras militares que interrumpieron gobiernos elegidos por el pueblo. Por los momentos débiles de nuestras democracias.
La misma autocrítica tiene que hacerse nuestra sociedad, mediante la convocatoria de congresos de historiadores, que juzguen nuestro pasado de acuerdo con las normas de la ética, del respeto a la vida y de los derechos de todos. Y así acabar con monumentos y nombre de ciudades de personajes que se basaron en el crimen y en el poder económico.
Pero no nos conformemos con el pasado-actual sino que también vayamos a los problemas del hoy argentino.
Me da mucha pena cuando se persigue a la juventud con encarnizamiento. Relato el episodio: el 19 de mayo del año pasado hubo una protesta de grupos políticos argentinos, en el acto de conmemoración de la fundación del Estado de Israel, por la política de este Estado en cuanto a los palestinos. Ante los gritos y los coros de esos grupos intervinieron la custodia propia israelí y la policía local. Fueron detenidos varios de los participantes de la protesta y se hicieron allanamientos no autorizados. De todas esas intervenciones se solicitó además la captura de Roberto Martino. Debemos decir que Roberto Martino, a quien todos llamamos el Negro, no tiene antecedentes penales y siempre vivió en el mismo lugar declarado. Es decir, se ha llegado a una criminalización de la protesta que es exagerada dentro de las libertades que se debe dar en una democracia. El Negro Martino no hizo ni ostentación de armas ni participó de agresiones. Diversos intelectuales, entre ellos el premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, y la misma organización Apemia, que se organizó para el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, se han pronunciado a favor del cese de la persecución de Roberto Martino.
Una democracia debe dar libertades a la protesta política, es un derecho de todo ciudadano; claro está, siempre que no se llegue a la agresión ni al deterioro de objetos, como es el caso de aquella protesta en la que estuvo presente Roberto Martino.
La democracia no tiene que temer a la palabra aunque venga en coro de protesta, especialmente de jóvenes que desean ser protagonistas de la vida política de un país.
Esperamos, pues, los amigos del Negro Martino, que de una vez por todas se levante su persecución, así él puede volver a sus estudios y trabajo. Es un pedido también a los miembros de la embajada israelí: un pueblo como el de Israel, que ha sufrido en su larga vida tantas discriminaciones y persecuciones, debería aportar aquí su mano abierta a quien sólo expresó su opinión en un acto público.
La democracia también se funda con generosidad, que en este caso sería verdadera justicia.
