Penales (Por J.M.Pasquini Durán)

10 de Julio de 2008


A partir de hoy, jueves, la Sociedad Rural y sus tres aliadas, con el mismo criterio extorsivo que aplicaron durante cien días en contra del Poder Ejecutivo, ordenaron a sus asociados que volvieran a las rutas, en las exactas posiciones que ocuparon antes, que vinieran a la Capital el martes para realizar un acto multitudinario y que esperaran en vigilia frente al Congreso hasta el miércoles, cuando el Senado debatirá la ley sobre retenciones a la exportación agropecuaria que ya tiene media sanción de Diputados.

Las entidades rurales quieren sembrar angustia y confusión en la sociedad, pese a sus promesas de abandonar las medidas de fuerza si el Congreso debatía la controvertida “resolución 125”, y vuelven a generar el movimiento destituyente, desestabilizador, pero esta vez contra otro de los tres poderes de la Constitución.

Ni siquiera es imaginable a lo que pueden llegar si alguna vez logran colocar el tema sobre la mesa de la Corte Suprema.

De acuerdo con la metáfora usada ayer por Mario Llambías, de la CRA, durante los anuncios a la prensa del “plan de movilización de la Mesa de Enlace”, ha llegado el momento de definir el partido por penales.

¿Serían goles para ellos cuando lograron desabastecer a parte del territorio nacional, incluida la Capital, de alimentos frescos y combustibles?

¿Cómo llamarán al proceso inflacionario que pegó el estirón por maniobras de especuladores de la cadena de comercialización que aprovecharon la oferta interrumpida y la constante demanda para remarcar los precios como no se permitían hacía tiempo?

Dicho sea de paso: ¿qué estará haciendo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, mientras avanza la remarcación?

Este funcionario, que a cambio de su lealtad absoluta recibe el sostén de los Kirchner, primero desinfló la credibilidad pública del Indec, de modo que las estadísticas oficiales han perdido influencia en el imaginario colectivo, y después asistió impasible al derrumbe de las políticas de contención de precios.

Estos resultados ponen en tela de juicio el concepto mismo de lealtad, virtuoso entre amigos o en un partido político, pero jamás sustituto de la excelencia en la administración del Estado y entre guardianes de las políticas públicas que protegen a los desamparados pero también a las capas medias que viven del esfuerzo propio.

Las quejas de los caciques rurales, manipuladas en un discurso político de clara hostilidad antigubernamental, terminan entrecruzándose con las víctimas de la inflación, para deterioro del prestigio presidencial.

Es incomprensible la protesta de la “Mesa de Enlace” contra la ley en debate, puesto que el proyecto que aprobó Diputados por mayoría, según lo reconocieron ayer ante la prensa, modificó 17 veces las pautas originales de la “resolución 125”.

El dato para los ruralistas comprueba que tenían razón al oponerse. La otra parte de la reflexión, que callan, es que los legisladores, y primero el Ejecutivo, hicieron las correcciones después de tomar debida nota de las demandas formuladas por “el campo”, en especial para atender los intereses de los pequeños y medianos productores.

¿Dónde hay pecado cuando un gobierno enmienda su primera intención, haciendo caso a las reivindicaciones de los interesados más débiles?

En tono apocalíptico, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, anunció que por culpa de la ley desaparecerán miles de agricultores.

Olvidó decir que sin ley ni retenciones, en los años ’90, fueron incontables los perjudicados en la actividad agropecuaria, recuperados luego por los mercados internacionales y la debida protección oficial con créditos, subsidios y cotización monetaria de promoción exportadora.

La Federación, miembro de la CTA, reafirmó ayer su condición de aliada de la Sociedad Rural y de los otros miembros de la “Mesa de Enlace”, y Buzzi se preocupó por desmentir relaciones con el oficialista Rossi, con quien intercambió efusivos saludos al final de la sesión de Diputados, como si hubiera sido sorprendido en una actividad adúltera.

Para otros, en cambio, el acto ilícito es el que comete cuando actúa como mano de obra en las rutas para ejecutar los “planes de acción” dirigidos contra el Congreso con la misma virulencia que antes dedicaban a la Casa Rosada.

Para colmo, ahí está el entrerriano Minga De Angeli, soplándole en la nunca, seguro que deben aplicar la fuerza en la democracia, como no lo hicieron en los ‘90 ni en la dictadura militar.

Esta memoria histórica sirve de evidencia para demostrar que hace tiempo que estas acciones siguen usando pretextos agrarios para llevar adelante, en realidad, una política de oposición que es funcional al pensamiento de la derecha política y económica.

Buzzi, De Angeli y otros como ellos no son los únicos en contradecir los intereses que deberían defender, porque, como se vio en Diputados, la oposición, vacía de propuestas como no fuera la suspensión de la “125”, se benefició con el voto de quienes tenían propuestas alternativas para el trato particular de los artículos de la ley.

En lugar de establecer diferencias, terminaron emblocados en una sola mano, sin medir las consecuencias de sus actos.

Este “plan de acción” que comienza hoy recibió el aliento de todos aquellos que por demagogia, oportunismo o mediocridad se sumaron al bloque antigubernamental, como si estar en esa vereda fuera garantía de honradez intelectual o propósito transformador.

Si fueran consecuentes con sus posiciones, el martes deberían ir al acto de la “Mesa de Enlace” para escupir contra el viento.

Aun muchos provincianos que han sufrido las consecuencias del lockout desabastecedor prefieren pensar que esas fatigas las provocó el Gobierno. Así piensan también intendentes y gobernadores, por suerte una minoría, que creen lo mismo que sus paisanos, más por cálculo electoral que por sana convicción.

No importa si cada uno se ubica al lado, detrás o enfrente del Gobierno. Lo que más importa es tener en claro que hay un plan general, más ambicioso que el de los ruralistas, que busca desmoronar al régimen democrático con el argumento de que el Gobierno, o la presidenta Cristina, es insoportable.

La creación de una segunda CGT por Luis Barrionuevo, quien declaró a Eduardo Duhalde como su referente político, y las escisiones en el peronismo provocadas en nombre de una presunta confrontación entre el interior campesino y la voracidad urbana son parte de ese esquema de desgaste continuo, cuyo objetivo principal es convencer a la mayoría de los ciudadanos de que deben cambiar sus votos y si es posible hacerles imposible gobernar a las autoridades electas en octubre del año pasado.

Si pudieran dar un golpe de Estado, ya lo hubieran hecho. Por eso, no se trata de criticar a los opositores para defender al Gobierno, sino de hacer todo lo posible para consolidar la cultura democrática y la libertad en el país, en nombre del bienestar general. El futuro no puede ni debe decidirse por penales.

Fuente: Pagina/12