Miguel Angel Toma
Por Ricardo Ragendorfer y Walter Goobar
Durante el atardecer del 22 de septiembre sonó el teléfono en la casa del integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la Amia, Sergio Burstein. Su hija, tras levantar el auricular, dijo que él no se encontraba en el país. Entonces, la voz que estaba en el otro lado de la línea recitó las siguientes palabras:
–Avísele que el comisario Palacios le pinchó el teléfono.
En ese mismo instante, Burstein estaba en Nueva York. Había sido invitado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas se refirió a la responsabilidad del gobierno iraní en la voladura de la mutual judía. Mientras tanto, en Buenos Aires, la diputada electa del PRO, Gabriela Michetti anunciaba que Mauricio Macri quiere ser candidato en 2011, justo cuando –no lejos de allí– su gestión inauguraba sin ningún contratiempo una iniciativa meticulosamente planeada: la doble mano de la avenida Triunvirato.
Lo cierto es que nadie –y menos aún el mandatario porteño– pudo imaginar que en ese preciso momento titilaba la primera señal de una tormenta política que sacudiría a la administración macrista.
–Palacios le pinchó el teléfono –repitió la voz, antes de cortar–.
Luego, la cámara de seguridad del locutorio situado sobre Avenida de Mayo 1343 registraría la salida de un sujeto morrudo y cabezón, quien se internó en la galería que da a la calle Rivadavia, a la altura de un edificio cuyo frente está pintado de celeste. Allí funciona Asuntos Internos de la Policía Federal.
Nueve días después, un vehículo –patente EAE954– llegó desde Buenos Aires a la ciudad de Posadas. Llevaba tres ocupantes. Uno era el auxiliar de Inteligencia de la Policía de Misiones, Diego Guarda. Sentado junto a él iba un hombre ya entrado en años; se trataba del ex represor del Batallón 601 del Ejército, Jorge Raúl Zenarruza. Y en el asiento trasero dormitaba Ciro Gerardo James, un abogado con vasta experiencia en tareas de espionaje. En el aspecto formal, ellos trabajaban por cuenta del Juzgado N°1 de Posadas –a cargo de Horacio Gallardo– y bajo las órdenes del jefe de Homicidios local, comisario inspector Raúl Rojas. Y traían grabaciones hechas sobre los teléfonos de dos personas falsamente vinculadas a un asesinato. Tal había sido la excusa para intervenir las llamadas de Burstein y del ex propietario de Torneos y Competencias, Carlos Avila. Pero no suponían que una denuncia realizada por el primero de ellos hizo que el juez federal Norberto Oyarbide iniciara una investigación al respecto.
En paralelo, el clima de Buenos Aires comenzaba a enrarecerse. Tanto es así que el legislador ibarrista Eduardo Epszteyn fue anoticiado por miembros del proyecto de seguridad telefónica de la Universidad Tecnológica Nacional que su celular estaba intervenido, además de efectuarse seguimientos sobre su persona a través del GPS de dicho aparato.
Y en su edición del 4 de octubre, Miradas al Sur informaba que en el Hotel Savoy, cuyo principal accionista es Luis Barrionuevo, opera una unidad de espionaje dirigida por el ex titular de la Side duhaldista, Miguel Ángel Toma, y varios comisarios exonerados de la Policía Federal. Su misión: monitorear a políticos, empresarios y periodistas por encargo de un pool formado por el Grupo Clarín, el peronismo disidente y el Ministerio de Seguridad porteño.
Al día siguiente, entrevistado por el sitio La Política Online, Toma ensayó una increíble defensa ante semejante imputación: “Lo que sí hay –sostuvo– es una operación de todo el PJ disidente contra la Ley de Medios. Esto está claro y es algo en lo que participo y estoy muy comprometido. De hecho, hago todo lo posible para cagarle esta ley a los Kirchner, y con una intencionalidad que nos coloca en una misma sintonía con todo el sistema multimediático”.
–En Miradas al Sur dan cuenta de su íntima relación con Clarín –comentó el entrevistador–.
Y la respuesta fue:
–Todo el mundo sabe cuál es mi relación con el Grupo Clarín o con el Grupo América: la cotidianeidad y la amistad de añares, no hay dudas. Pero de ahí a que tengamos intereses económicos, nada que ver. Una cosa es la política y otra los intereses económicos. Que estos intereses coincidan en una operación se puede dar perfectamente.
Dicho esto, el ex titular de la Side dio por concluido el diálogo.
Durante la tarde de ese mismo lunes, dos vehículos sin identificación y un patrullero clavaron los frenos frente al edificio situado sobre la avenida Santa Fe 1714, de Recoleta. Cinco de sus ocupantes subieron con premura al cuarto piso, en donde se encuentra el departamento 19. Minutos después saldrían junto a un tipo con la cabeza gacha y esposado por la espalda. No era otro que Ciro Gerardo James.
El macrigate acababa de estallar.
La oreja municipal. Casi a boca de jarro, el vocero del ministro Guillermo Montenegro se anticipó a la pregunta de Miradas al Sur con una aclaración: “Acá a James nadie lo conoce; ni siquiera pasó por la puerta”.
Fue cuando el presunto espía iniciaba su declaración en el despacho de Oyarbide. Allí se refirió a su reciente retiro en la Federal, donde integró el área de Inteligencia de la Superintendencia de Investigaciones. También dijo que el 2 de octubre –72 horas antes de su arresto– iba a resolverse su ingreso a la Policía Metropolitana. “A tal efecto me reuní con Palacios, quien me derivó al comisario Chamorro”, fueron sus exactas palabras.
Al tomar las mismas estado público, el propio Montenegro, no sin un dejo de furia, diría: “Ese James puede decir lo que quiera. Pero jamás estuvo en el Ministerio. Y yo en mi vida lo he visto”.
Sin embargo, ese hombre ya era un personaje central en la trama del espionaje que permanecía semioculta entre los pliegues de la Mazorca de Macri. En consecuencia, el pobre James padecía ahora en carne propia la peor desgracia para un agente secreto: estar en boca de todos.
Nacido hace 36 años, soltero y con un título en Derecho expedido por la Universidad de Belgrano, James se inició en el universo de los servicios de Inteligencia en la segunda mitad de los años ’90 como ocasional informante de un sector de la Side llamado Sala Patria. Y en 2003 ingresaría a la Federal como personal civil. Allí pasó por Robos y Hurtos y otras divisiones de la Superintendencia de Investigaciones, transformándose así en un subordinado permanente del Fino Palacios. En ese ámbito se hizo diestro en los métodos tecnológicos para fisgonear al prójimo. Y alternaría sus tareas policiales con la actividad privada. Tanto es así que hasta llegó a ser socio accionista de Protect Compañía de Seguridad, con sede en la localidad de Temperley. Y regenteaba su estudio jurídico ubicado en el primer piso de la avenida Córdoba 817. También fue un asiduo viajero a la Triple Frontera, en donde había una importante base de la Unidad Antiterrorista (Duia) de la Federal, montada precisamente por Palacios. Al frente de ella estaba uno de sus hombres de confianza: el comisario inspector Roberto Ontiveros. De él dependía James durante sus estadías en Misiones. Y fue justamente allí donde trabó una fraternal relación con dos oficiales de la policía provincial; sus nombres: Diego Guarda y Raúl Rojas. La permanencia de James en la Federal se prolongó hasta el 3 de septiembre pasado, cuando se le dio curso a su solicitud de baja. Dicen que al despedirse de sus camaradas, dijo: “Me voy a la Metropolitana con el Fino”. Sin embargo, desde el 10 de diciembre de 2007 venía trabajando en la Unidad de Auditoría del Ministerio de Educación porteño. Allí, sus funciones reales son un secreto guardado bajo siete llaves. Pero al respecto hay algunos inquietantes indicios.
En octubre del año pasado, por orden de la fiscal contravencional Valeria Massaglia –una incondicional de Macri– se desató una violenta represión contra docentes que pretendían montar una carpa frente a la sede del Gobierno porteño. Fue asimismo el bautismo de fuego de la Ucep. Y cuentan que, entre los maestros, había un muchacho vestido con guardapolvo blanco que, al iniciarse las hostilidades, marcaría sin disimulo a los dirigentes de UTE-Ctera. A partir de entonces, en muchas escuelas y colegios se hicieron auditorías consistentes en pedir los nombres de docentes y maestros que protestaban. A la vez se efectuaban presuntas inspecciones edilicias en las que el personal de las escuelas era fotografiado. Algunos testimonios coinciden en afirmar que uno de los funcionarios más activos en este tipo de relevos era el mismo tipo que durante los incidentes de octubre estuvo disfrazado de maestro. Éste sería nada menos que James.
En el allanamiento efectuado miércoles pasado en su departamento fueron secuestrados –además de dos sofisticadas maletas con equipos no oficiales para interceptar y analizar llamadas telefónicas y un kit de cámaras ocultas– los contratos que lo unían en calidad de “auditor” al Ministerio de Educación. Los mismos abarcan el 2008 y 2009, con honorarios que oscilan entre los 57 y 72 mil pesos anuales. Junto a tales papeles estaban sus trámites de ingreso a la Metropolitana. De hecho, la renuncia de James al Ministerio de Educación –fechada el 1º de octubre– tuvo por objeto no malograr su admisión oficial a la fuerza policial.
En el atardecer del miércoles, al trascender la cosecha de aquel allanamiento, el vocero de Montenegro no tardó en desdecirse de sus dichos del día anterior. “Parece que encontraron –dijo a Miradas al Sur– su solicitud de ingreso a la Metropolitana. Pero no hay nada más que eso.” En paralelo, el jefe interino de la fuerza, Osvaldo Chamorro, envió un escrito al juzgado de Oyarbide, afirmando que tal trámite estaba “en la etapa de preselección”. Otras versiones, no obstante, señalan que a James le tenían reservada nada menos que la titularidad de una Dirección General.
No menos tenso era el clima en el Ministerio de Educación. Por caso, su jefe de auditores, Roberto Ayub, desapareció literalmente de los sitios que solía frecuentar. Incluso eludió una citación del juzgado de Oyarbide, alegando “razones personales”. En cierto modo, no faltaba a la verdad.
Similar situación es la del jefe de Personal del Gobierno porteño, quien antes de recluirse en algún lugar incierto, aseguró: “No sé quien es el tal James; por día firmo unas cinco mil cosas”.
La situación del titular de la cartera involucrada, Mariano Narodowsky –un ex militante del Partido Comunista reciclado en pedagogo neoliberal–, es todavía más penosa. En su círculo íntimo aseguran que, desde el miércoles, su ánimo oscila entre la desazón y la furia hacia Montenegro. Y que anda diciendo entre sus allegados que él “no estaba al tanto de esta situación”. Se refería, claro, a la naturaleza punitiva de las auditorías efectuadas por sus funcionarios, las cuales por otra parte son la comidilla de toda la comunidad educativa. Sin embargo, a pesar de su ánimo indignado, el ministro se muestra remiso en declarar ante Oyarbide.
Macri, por su parte, no ha pronunciado en público ni una sílaba sobre el grave escándalo que envuelve a los máximos funcionarios de dos ministerios claves de su gestión. Se sabe que ni bien volvió de su larga gira en los Estados Unidos, tuvo una extensa reunión en su despacho con Montenegro. Quienes estaban al tanto de la misma, especularon con la renuncia del ex magistrado. Ello aún no ocurrió. Dicen que frente a la gravedad del asunto, el jefe de Gobierno le impartió a su debilitado ministro la siguiente directiva:
–Hay que cortar con las declaraciones a los periodistas. No hay nada que nos ligue con es- to. Y hablar demasiado sería como levantar el precio del problema.
Luego, a Montenegro se lo vio salir del edificio de Bolívar 1 con una sonrisa de oreja a oreja.
En tanto, Oyarbide procura determinar si hubo otras escuchas ilegales, además de las padecidas por Burstein y Avila. Se sabe que la línea telefónica de éste fue pinchada en abril. También trascendió que el legislador Epszteyn se presentará en ese juzgado en calidad de posible querellante. A su vez, se especula con que las declaraciones indagatorias a los policías misioneros Guarda y Rojas –arrestados el jueves– puedan echar una luz sobre el asunto. Y –según deslizó una fuente judicial– en los próximos días podría haber otra detención. Tal vez la de Zenarruza, el represor que acompañaba a James en su viaje final a Misiones, convirtiéndose así en el tercer hombre del caso.
Un caso que induce a creer que si John Le Carre viviera en Argentina se hubiese dedicado al género del sainete.
