La mandamás de la Coalición Cívica eligió un mal momento para ofender a las Abuelas de Plaza de Mayo, una respetabilísima entidad de derechos humanos que acaba de recuperar al nieto número 98.
Un signo del desvarío político que caracteriza a Elisa Carrió es que el 15 de octubre pasado no tuvo mejor idea que salir a pelearse con las Abuelas de Plaza de Mayo. La entidad, que en 1978 firmaba sus solicitadas como “Abuelas con nietitos argentinos desaparecidos”, se ha ganado a pulso un enorme prestigio nacional e internacional. Ofender a Abuelas supone un desatino desde donde se lo mire. Pero la apocalíptica matrona de la Coalición Cívica, ex Acuerdo Cívico y Social, ex ARI, ex UCR y ex funcionaria judicial de segundo orden de la dictadura en Chaco, no reconoce límites. Cree que “La democracia soy yo”, parafraseando al rey Luis XIV de Francia.
El 15 de octubre Carrió volvía a las pistas luego de varios despistes, tras un mediocre tercer puesto en la lista que salió tercera en las elecciones de la Capital Federal. Dio una conferencia de prensa centrada en atacar la nueva ley de medios democrática, a la que descalificó como que es “contra Clarín, seguirá con La Nación y luego Kirchner irá contra sus propios medios, como Stalin”. La historia que cuenta la chaqueña debe haberla leído en el Riders Digest. El georgiano que dirigía la URSS tenía como enemigo principal al Tercer Reich y Adolfo Hitler, y los derrotó admirablemente.
La opositora que alguna vez militó en el voluble centro-izquierda argentino, descalificó un proyecto de ley que tiene a consideración el Congreso. Contempla que la justicia pueda hacer análisis de ADN a aquellas personas que pueden ser hijos de desaparecidos de la pasada dictadura cívico-militar. Tal iniciativa es apoyada por Abuelas y todos los organismos de derechos humanos porque los análisis de sangre y otros procedimientos legales han permitido identificar a 97 nietos y nietas. Esa era la cuenta al día que Carrió descalificó los estudios.
Muchos jóvenes fueron apropiados por represores y sólo en algunos casos dados a algunas familias no comprometidas directamente con la represión. A las parturientas les aguardó, a poco de esos partos, lo mismo que a sus respectivas parejas, la desaparición y la muerte.
Según la líder de la CC, “la ley de ADN es fascismo puro, es una venganza personal”, declaró (Clarín, 16/10). Su fantasioso relato es que Néstor Kirchner quiere vengarse de Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín. Esta señora tiene dos hijos adoptados sobre los que hay presunción de que serían de desaparecidos (una de las familias que reclamaron infructuosamente hacer los análisis es Lanuscou, de parientes del matrimonio militante de Montoneros asesinado junto a dos pequeños hijos; aparentemente la tercera hija habría sobrevivido a la balacera y robada por el grupo de tareas). Las explicaciones dadas por Herrera de Noble a la justicia fueron inverosímiles y en diciembre de 2002 estuvo detenida seis días por orden del juez Roberto Marquevich.
Una sobreactuación
La parte más o menos informada de la población ya sabía que Carrió era de las más fanáticas objetoras de la ley democrática de medios. No hacía falta una sobreactuación tal en defensa de la vieja ley y salir de espadachín de la dueña del monopolio. Fue patético y peligroso que dijera: “los hijos de Herrera son nuestros hijos”.
En realidad esos jóvenes, Marcela y Felipe, son hijos adoptados en un trámite que tiene lagunas, según el abogado Pablo Llonto, autor de un libro sobre doña Ernestina y patrocinante de la familia Lanuscou. Si se hacen los estudios de ADN y se cotejan con el banco de datos genéticos acumulado en el Hospital Durand –el proyecto es que pase a depender del gobierno nacional-, allí se verá de quién son hijos esas dos personas. De Carrió seguro que no. Y si llegara a descubrirse que eran apropiados y con identidad suprimida, de Herrera de Noble tampoco serían. Serían dos nietos más recuperados por Abuelas dentro de los 400 que aún están buscando.
Las declaraciones de la chaqueña aporteñada denostaron a los exámenes de ADN como si tratara de torturar a los jóvenes. En apoyo de su disparatada jefa, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Vega, escribió que el proyecto oficial encuadraría “en la hipótesis del artículo 16 de la Convención contra la Tortura, que también tiene jerarquía constitucional, como un típico acto de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (La Voz del Interior, 2/11).
Es todo lo contrario. Lo que el proyecto de ley busca es restituir la identidad a centenares de jóvenes que fueron robados por los grupos de tareas. Y para eso hay que hacer un análisis de sangre o de esos otros elementos (cabellos, cepillos de dientes, etc). El texto de la iniciativa plantea: “si el juez lo estimare conveniente y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá ordenar la obtención de ADN por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal”. ¿Dónde está la tortura?
La tortura real es la que sufren muchos centenares de familias, que al dolor de no saber dónde están sus hijos desaparecidos suman el tormento de no conocer a sus nietos robados. Muchas abuelas se están muriendo con ese dolor en el alma. El delito de robos de bebés, fue tan execrable que incluso las leyes de la impunidad, como la de Obediencia Debida de 1987, lo dejaron sin cobertura. Y en esa defensa de lo indefendible se vino a meter Carrió.
Un par de expulsiones
Más inoportuna no pudo ser la ex funcionaria judicial de la dictadura que hoy descalifica de “fascismo” al gobierno democrático de Cristina Fernández y piensa denunciarlo ante embajadas de países de la región y el mundo. Inoportuna porque dieciocho días después de sus agraviantes expresiones, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de identidad del nieto número 98. Es Martín Amarilla, hijo de un matrimonio montonero desaparecido en la contraofensiva. Como en la mayoría de los nietos identificados con anterioridad, fueron clave los análisis de sangre. A Martín hubo que hacerle dos extracciones porque en la primera hubo resultado negativo ya que en el banco genético del Durand no habían ingresado los datos de sus familiares.
La aparición de Martín fue un golpe de nock out para los detractores del proyecto de ley propiciante de los análisis de ADN. Se entiende la postura de los represores, que aún retienen hijos con identidad suprimida y quieren perpetuar el delito y la impunidad. Desde mediados de octubre pasado, el lote de enemigos de los estudios de ADN cuenta con la participación de la líder de la CC.
Estela de Carlotto defendió la necesidad de esos estudios y cuestionó a Carrió. Por su parte, veintitrés nietos recuperados sumaron su palabra mediante una Carta Abierta (Página/12, 3/11), afirmando que “el Estado debe usar todas las herramientas para devolverles la identidad a los más de 400 jóvenes apropiados que aún desconocen su verdadera historia”.
La descalificación de la ex chaqueña contra el examen de ADN se quiere llevar puesto todo el esfuerzo de Abuelas por la identidad, que ha sido y es admirable, habiendo inspirado a la literatura, la música, el teatro, la TV y la cinematografía argentina.
La historia de recuperación se remonta hasta diciembre de 1983, cuando la abuela Elsa Pavón de Aguilar, abuela de Paula Logares, denunció al comisario Rubén Lavallén como apropiador de la niña que estaba anotada como propia. El apropiador no quería que se hicieran análisis. “El 8 de agosto de 1984 el juez Eduardo Fégoli ordenó la primera pericia inmuno genética, constató que Paula Luisa Lavallén era en realidad Paula Eva Logares y dictó la prisión preventiva de Rubén Lavallén”. Este párrafo es del libro “Historia de las Abuelas de Plaza de Mayo”, del capítulo firmado por Matilde Herrera y Ernesto Tenembaum, que siguieron sus carreras periodísticas en el grupo Clarín.
Así se abrió la lista de nietos recuperados, del 1 al 98: con análisis de ADN, mal que le pese a descarriada pitonisa del fin del mundo.
Conocidas sus declaraciones, la Mesa Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) decidió expulsarla de la institución, como antes le había sucedido a Carlos Menem por el dictado del indulto de diciembre de 1990. Una justa decisión que a juicio de este cronista también debió alcanzar al presidente impulsor de las leyes del perdón en 1986 y 1987, así como al penalista que entre 1991 y 1993 fue ministro de Justicia del riojano.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar
