En un momento de crisis económica y política inéditas en España desde hace décadas, el Partido Popular en el Gobierno, con menos herramientas de las que pensaba y con una agenda programática diferente de la prometida en las elecciones, recurre al manido y gastado recurso de agitar los vientos de la patria mancillada. El penúltimo recurso una vez que echar la culpa de todos los males a los anteriores gobernantes ya no resulta muy creíble ni entre los golpeados ciudadanos ni entre los insaciables mercados.
Una Argentina en crecimiento y con un Gobierno con voluntad de desarrollar políticas sociales decide asumir el control de uno de los elementos centrales de la soberanía de un país: los recursos energéticos. O, simplemente, decide buscar una opción más beneficiosa para la nación dentro de la lógica mercantil con la que opera el mercado mundial. O, igualmente, dentro del intercambio basado en el interés propio que marca el modelo capitalista –acentuado en su etapa neoliberal– decide reclamar a una gran empresa transnacional mayores inversiones, respeto medioambiental o un trato más ventajoso.
Estas pretensiones de lograr soberanía nacional se han zanjado en América Latina durante el siglo XX con golpes de Estado auspiciados precisamente por las grandes transnacionales y los países del Norte, que cobijan los saqueos de las empresas neocoloniales. Los mismos que hoy señalan a Argentina como un país “poco fiable”. Los mismos que señalaron como “sospechosos” a Allende o a Chávez. Con la diferencia de que hoy es más difícil tumbar gobiernos en América Latina. No porque no lo deseen, sino porque no pueden. El continente americano está aprendiendo a no dejarse abandonar. Y nunca la integración latinoamericana ha estado tan avanzada.
¿Es realmente la nacionalización de 51% de Repsol un problema entre España y Argentina? De la parte española es falso. Repsol es una compañía con apenas 20% de capital señalado como español. El resto corresponde a grandes corporaciones extranjeras. Y ese 20% se corresponde con grandes empresas: las mismas que desde diferentes instancias de España –fiscalía anticorrupción, por ejemplo– se señalan como las responsables del fraude fiscal. En otras palabras, que ni Repsol es española en su totalidad ni la parte que lo es beneficia a los españoles, ya que o no pagan apenas impuestos o tienen sus capitales en paraísos fiscales. Pese a la crisis y sus beneficios ¿creen ustedes que Repsol ha congelado el precio de la bombona de gas? ¿Y es esa la empresa a través de la cual se lastiman los intereses españoles?
Grandes empresas como Telefónica o Iberdrola –o la banca pública, cuyos capitales fueron prácticamente regalados a la banca privada (BBVA o el Banco Santander) pertenecían a todos los españoles. En ese contexto, la discusión sería entre la ciudadanía argentina y la ciudadanía española. Si ese fuera el caso, no estaríamos discutiendo. Resulta más complicado creer que pueden darse comportamientos depredadores entre gobiernos decentes. Ciudadanos democráticos no suelen pelear contra ciudadanos democráticos de otros países. ¿No recordamos que entre Petrobras y los intereses de Bolivia o Uruguay, Lula escogió los intereses de esos pueblos hermanos y no el interés de la compañía pública brasileña? Pero ese no es el caso ahora: se trata de accionistas de Repsol contra ciudadanos argentinos. Y la razón la tiene el gobierno de Cristina Fernández y su voluntad de defender a las argentinas y los argentinos. Por mucho que la derecha política y mediática española presente el asunto como un ataque a la patria.
El Gobierno del PP está, pese a su mayoría absoluta, en un patético momento (igual que la monarquía. Igual que el PSOE). Detrás de su mayoría está solamente el voto de 3 de cada 10 votantes. Su éxito electoral se debió más a la retirada de los votantes del PSOE que a logros propios. La prima de riesgo –la diferencia de los intereses que se pagan por la deuda en comparación con lo que le cuesta financiarse a Alemania– se dispara sin cesar. Aprueban unos presupuestos muy restrictivos y a los cinco días anuncian 10 mil millones de euros más de recortes en sanidad y educación (demostrando caer en lo mismo que acusaron a Zapatero: improvisación). No hay prácticamente una promesa electoral que no hayan incumplido. El 15-M y los indignados crecen en rabia y voluntad de protesta. No pasaron 100 días y el PP perdió en las elecciones en Andalucía más de 400 mil votos. Un Gobierno vinculado directamente a la gran empresa –el ministro de Economía era el responsable de Lehman Brothers para Europa– no está pudiendo con tanta facilidad saquear el país para entregárselo a sus jefes. Y esa gente no perdona.
En tiempos de dificultades, los gobiernos con poca legitimidad siempre ondean las banderas patrioteras. No están en juego los intereses de España, sino los de los depredadores accionistas de Repsol. Si la gasolina o el gas que pagamos en España tuviera precios populares, manifestaciones en las calles clamarían por el regreso de la propiedad española de la empresa. Pero sólo gritan los testaferros de esa compañía. La ciudadanía anda preocupada con otras cosas. Como el orden global está construido por esos mismos sectores poderosos, la pelea de Repsol va a trasladarse, después del apoyo que brindarán los mismos gobiernos corporativos al Gobierno de España, a los órganos viciados que sostienen el capitalismo neoliberal: el Ciadi, el FMI, el Banco Mundial. El apoyo al Gobierno español del Gobierno corporativo norteamericano o de una Unión Europea volcada a vaciar el contenido social del continente no son sino señales de que hay dos modelos en pugna: el del continente latinoamericano, avanzando hacia sociedades integradas, con derechos sociales y un pueblo corresponsable, y el de Europa, donde se está debatiendo entre desmantelar el Estado social y empobrecer a las mayorías para enriquecer a las minorías –ahí entra también América Latina como objetivo–, o ganar un nuevo pulso ciudadano que ayude a salir de la locura neoliberal y caminar hacia un mundo donde mande la justicia global.
Fuente: Comiendo tierra
