El Banco Central y los amantes de las "formas"... ¿qué "formas"?

Ideológicas

Al señorito Hernán Pérez, conocido en el mundo bancario y social por su segundo nombre y el apellido materno, Martín Redrado, alguien debió avisarle a tiempo que los Reyes Magos son los padres. Así, tal vez, hubieran evitado que este 6 de enero se quedara esperando que Melchor, Gaspar o Baltazar lo declarasen autoridad suprema, única, intocable del Banco Central. El espíritu práctico de su abogado Gregorio Badeni (Premio Platino Konex) logró que una jueza le otorgue un recurso de amparo para seguir tirando en el puesto hasta que alguna otra instancia decida sobre la cuestión de fondo que sigue intacta.

Mientras tanto, en lugar de los Reyes aparecieron dos radicales, Sanz y Morales, que se constituyeron en el lugar dispuestos a todo para que nadie le meta mano a la reserva, como si fuera hija propia, aunque poco tuvieran que ver con esa paternidad. Cuando el correligionario y jefe De la Rúa se hundió en sus ineptitudes, las reservas acumuladas en el Central andaban por los 8000 millones de dólares, mientras que ahora pasan los 48.000 millones. A la pareja de cruzados, es obvio que de Pérez Redrado sólo les interesa el provecho que puedan sacar de la situación para sus réditos político-electorales. Lo mismo sucede con el resto de la oposición, empeñada en llevarle la contraria al gobierno nacional, que le hubiera iniciado juicio político en lugar de defenderlo al ahora ex presidente del Central si accedía a la demanda del Poder Ejecutivo.

Esta confrontación abierta tardó más de la cuenta en manifestarse, porque desde el primer día, cuando Pérez Redrado fue propuesto al Senado por Néstor Kirchner, estaba claro que el “golden boy”, apodo social del renunciado, hacía juego con una institución cuyas bases y principios fueron modeladas por los conservadores. Para no ir un siglo atrás, la Carta Orgánica del Banco Central fue elaborada por Domingo Cavallo y la Ley de Entidades Financieras reconoce la mano de José Alfredo Martínez de Hoz. Este, además de ministro central de los primeros años del terrorismo de Estado, fue asesor del presidente Carlos Menem y de Mingo, bien sabido es, fue convocado por el gobierno de la Alianza como la respuesta a todas sus plegarias (las de él y las de la Casa Rosada). Ni peronistas ni radicales tuvieron la decisión en la reforma constitucional de 1994 de regar al Banco Federal, como lo llama el texto magno, con valores democráticos. De haberlo hecho, a esta hora el debate sería muy distinto. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una institución remanente, entre tantas otras, de lo que los Kirchner gustan en llamar “el otro modelo”, o sea el neoliberal conservador.

Los formalistas que invocan la Carta del Mingo o determinados procedimientos protocolares, en su mayoría, usan las apariencias como un biombo para ocultar los contenidos reales que ilustran al BCRA. Obsesionados por la aparente facilidad con que la presidenta Cristina se lleva por delante algunos de los tótems del pensamiento conservador y, también, acosados por la incertidumbre acerca de futuros electoralistas, opositores progresistas y de centroizquierda se dejaron ganar por las ideas formalistas: “El presidente del BCRA es intocable si nadie lo encuentra orinando sobre el busto de Pellegrini”, “las reservas no se tocan”, “estos Kirchner operan como una monarquía”. Hay una mitad, por lo menos, de juristas dispuestos a encontrarles razonabilidad a los decretos presidenciales y, por supuesto, otra mitad adherida a los valores implícitos de la institución cuestionada. Ayer ya hubo prueba y en estos días se conocerán fallos de uno y otro bando y en unas cuantas semanas más tendremos a los legisladores abandonando los falsos recintos de los sets televisivos para ir a sentarse a las poltronas que les otorgó el voto popular. Rating no es equivalente a voto en la forma y en el fondo de la democracia republicana. Del mismo modo, es imposible creer que las cuestiones ideológicas puedan resolverse con un expediente judicial. Y lo que hay en todo este embrollo, más allá de la superficie y las palabras, son disidencias ideológicas, concepciones distintas sobre el Estado y la moneda.

Cuando se reúna el Congreso, la más apropiada discusión sería uno o varios proyectos que reorganicen al sector financiero empezando por el BCRA. Fuentes confiables aseguran que Carlos Heller, titular de Credicoop, con su experiencia personal a cuestas y el debido asesoramiento de expertos en la materia –no ha sido poco el mérito de quienes levantaron ese banco desde las cajas barriales de crédito– está abocado a la tarea de redactar propuestas pertinentes. Sería auspicioso que los que se reconocen como independientes de centroizquierda averigüen el dato y vayan asumiendo una posición más lógica para los inminentes debates, en lugar de sumarse alegremente al carnaval de esa murga llamada “oposición” como si se tratara de un género, una raza o una religión.

Como este caso no trata de sectas aunque sí de dogmas, hasta el sentido común indica que en la casa de todos, según la Constitución que tanto se menea en estas horas, el Estado está organizado en tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), no en cuatro, y que el BCRA no puede desoír los instructivos presidenciales como si fueran una mera opinión ni necesita fundamentos especiales para usar divisas que no respaldan moneda en circulación ni desatienden ninguna de las obligaciones del mismo banco. Aquí no está en discusión la virginidad de Pérez ni otra grosería semejante, sino simplemente una estrategia económico-financiera relacionada con acreedores y prestamistas internacionales, además de la calificación argentina en las mesas de crédito oficial y privado. ¿No era que el país estaba tan aislado que sólo le prestaba Chávez a tasas abusivas? Pues bien, ahora que se trata de abrir otras puertas en el mundo resulta que se llega a decir, a falta de mejores argumentos, que el Gobierno quiere usar las reservas para pagar el gasto corriente porque está poco menos que fundido.

O, como sugiere el vicepresidente del oficialismo y aspirante a líder de la oposición, J. Cleto Cobos, hay temor de que alguien (un fondo buitre para decirlo con precisión) pueda embargar esas reservas si abandonan el sacrosanto refugio del BCRA. En estas y otras opciones alarmistas, la oposición responsable debería estar más preocupada por el futuro del país antes que por el quince por ciento de las reservas. Más aún: a lo mejor, antes de la quiebra, hay que echar mano a ese recurso con la venia de todos. La actitud del Estado norteamericano en su crisis financiera fue clara y directa: no hay recetas ni dogmas que impidan encontrar soluciones. Si los Kirchner fracasaran como De la Rúa, el pastizal ardería hasta lugares remotos.

Estuvo bueno iniciar el año del Bicentenario y la segunda década del siglo XXI con un debate profundo sobre un área que siempre aparece lejana del mundanal ruido, cuando en realidad es la que controla buena parte de la consola de sonido. “¿Quién ha visto un dólar?”, preguntaba Perón a mediados del siglo pasado. Ahora está la respuesta: la mayor parte de la población urbana y de los centros turísticos. No es menor el deber de quien debe comprar y vender millones para que la tasa de cambio se mantenga estable y favorezca los negocios, tanto de los grandes exportadores como del artesano que vende chocolate caliente en algún lugar de El Calafate. Los gurúes de la economía, con pocas excepciones diferentes a los valores programáticos del BCRA, habían pronosticado que las mayores tensiones serían sociales, tanto de los pobres como de los trabajadores sindicalizados. Las primeras movilizaciones del año parecían darles la razón: eran movimientos sociales reclamando una porción de la torta de los planes asistenciales, con acampes, cortes de avenidas principales y otras posiciones de fuerza. Por lo bajo, en algunas intendencias bonaerenses, ya se hablaba de posibles saqueos y atropellos de ese porte.

En una sociedad partida en mundos separados, donde la vida de unos nada tiene que ver con las oportunidades de los otros, todas esas versiones son creíbles, aunque sean meros rumores, porque faltan puentes de encuentro, oportunidades para el diálogo, disposición al gesto amable. Hay tanta hostilidad circulante, tanto agravio y rencor acumulados, tantas diferencias cada vez más insalvables, brechas que fueron fisuras y hoy son abismos entre grupos económicos diferentes, que la desintegración social es quizá la mayor amenaza de futuro que enfrenta la nación en el Bicentenario. Por eso, los vocingleros que recorren canales y radios para alabar su hidalga predisposición a preservar las reservas y a Pérez Redrado deberían comprarse un nuevo mapa para ubicar con precisión por dónde anda el pueblo.

J. M. Pasquini Durán

Fuente: Pagina 12

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Desafíos (Por J. M. Pasquini Durán)

La anulación de las sanciones de la OEA a Cuba, cometidas hace más de cuarenta años, abre las puertas para que la isla pida su reingreso a la comunidad, cada día pone más de manifiesto la barbaridad del bloqueo y, por encima de todo esto, es un síntoma de los nuevos tiempos que corren. Las derechas recalcitrantes, los exiliados en Miami y todos los que viven del comercio informal para la provisión de la isla, se levantaron indignados tratando de azuzar los prejuicios anticomunistas, pero no es buena temporada para la caza de brujas. La crisis fenomenal que sacude el mundo obligará, más allá de la voluntad de los protagonistas, a producir cambios. En Estados Unidos algunos de sus principales analistas temen que el Hermano Mayor salga del terremoto convertido en potencia de segundo orden. Pues bien, el descenso no será necesario si saben encontrar nuevas maneras de ejercer el poder. El Fondo Monetario, impertérrito ante sus fracasos y arrogante como siempre, pretende conservar los privilegios que hace sesenta años le diera la asamblea de Bretton Woods, fundadora del FMI.

Buena parte de los políticos nacionales razonan como el FMI, es más, algunos postulan que hay que regresar cuanto antes a pedir préstamos en esa caja de pesadillas. Las novedades no penetran la corteza cerebral de la mayoría de los políticos criollos, suspendidos en el tiempo, algunos inclusive estacionados en la Guerra Fría, en compañía de dirigentes civiles que extrañan la violencia institucional. Lo más sorprendente es que, bajo esa influencia, a los círculos sociales que se hacían cruces por los piqueteros en acción no se les mueve un pelo cuando una patota agrede a un político o escuchan impávidos las denuncias sobre supuestos fraudes porque de todas maneras no creen en el valor del voto ciudadano.

Democracia y república poco significan para anchas bandas de la sociedad nacional, menos aún en boca de políticos cuyo prestigio está ligeramente por encima del que tenían en 2001 cuando la ciudadanía pidió que se fueran todos. Es esta falla en la base del sistema la que permite que aventureros de toda laya se hagan lugar en la representación institucional. ¿Qué otra explicación hay para la nominación de Patti, alojado en prisión? Al mismo tiempo esa fisura basal es la que puede provocar un terremoto en la superficie, debilidad esencial del período democrático que comenzó en 1983. Excitar esa posibilidad está implícita en la liviandad con que se tratan conceptos tan graves como fraude, robo de votos, fascismo, violencia justificada y todo el resto de las campañas destituyentes.

En ciertos aspectos el Gobierno no escapa a las generales de la ley. Políticos formados en las turbulencias de los años de plomo, los Kirchner más de una vez tienen reflejos de bronca para afrontar la colección de trampas que les colocan sus poderosos enemigos y algunos de sus amigos también. Enojarse es parte de la trampa y aísla en lugar de rodearse con círculos de protección que absorban los golpes y puedan contestar. Esta idea que sólo pueden hablar unos pocos en nombre del oficialismo excluye la creatividad de tantos en el movimiento, inhibe el desarrollo de cuadros, pone sordina al lenguaje de los jóvenes, indispensables para una renovación sustancial del discurso político.

En estas condiciones, con políticos parroquiales y sueltos de lengua, las próximas elecciones no van a resultar ningún cambio significativo, excepto el derivado de nuevas proporciones en los quórum del Congreso. Dado que la campaña se concentró en un aspecto formal, el de las candidaturas testimoniales, nadie puede asegurar a esta altura en qué temas y con qué encuadres desplegará la oposición su programa de gestión. Con buen criterio, a la búsqueda de la polarización, el Gobierno sostiene que el 28 de junio confrontan dos modelos, el suyo y el de la oposición. Lo que está en juego, en verdad, son maneras diferentes de hacer política y de gestionar el poder. Desde este punto de vista, aunque no son pocos los que están fastidiados con el Gobierno pese a que algunos les cuesta explicar los motivos, el Gobierno sigue lejos de estar listo para el descenso.

Entre los insatisfechos, además de algunos grupos rurales, sobresalen los porteños, lo que ha beneficiado a la administración Macri ya que focalizó el sentimiento público en la Casa Rosada. Es posible que en circunstancias normales la reacción sería más negativa habida cuenta del desorden que muestra la ciudad y, además de lo cotidiano, está lejos de corporizarse aquel programa para las escuelas, los hospitales y las villas que recitaban los candidatos del PRO. También están escasos de cuadros y rebosan de internismo, una combinación que proyectó a Gabriela Michetti para el Congreso, abandonando la Vicejefatura de la ciudad. Haciendo memoria, en la campaña de 2007 Michetti era el corazón y el costado humano del PRO. Si no era puro fraseo publicitario, con el pase la ciudad se quedará con un jefe sin corazón ni humanidad.

Otra cabeza de la presente campaña es Federico de Narváez, peronista y aliado de Macri y con mucha plata para invertir en sí mismo. El también, como Elisa Carrió, alerta sobre el robo de votos, tan preocupados para justificar su derrota en las urnas que no miden el alcance de semejantes afirmaciones. De Narváez se presenta como otra opción del peronismo bonaerense, confirmando la leyenda acerca de la fuerza del peronismo que mientras gobierna crea la oposición. Para contrarrestar la imagen de potenciales desertores, a Kirchner se le ocurrió lo de las candidaturas testimoniales, una picardía electoral que se convirtió en la ocupación principal de más gente de la que el tema merece.

Para el Gobierno, aunque pierda bancas –evidencia de su derrota, dirán los opositores–, mantener el liderazgo en votos es una oxigenación que hace falta en la mitad de la carrera hacia las próximas presidenciales. La presidenta Cristina también necesita el aval del cuarto oscuro para responder como se debe a las campañas hostiles que hace rato pasaron los límites de la crítica razonable. La opinión de los ciudadanos es la única válida en circunstancias como las actuales con tanta incertidumbre y desasosiego sobre el destino inmediato del planeta.

Ya que el hilo se corta por lo más delgado, los trabajadores son los más inquietos sobre su porvenir, ya que la oleada mundial de desempleo forzado está llegando aquí pese a las prevenciones gubernamentales. Si la mano de obra teme por el conchabo, pronto se advertirá que la paz social reemplazará a cualquier otro tipo de conflictividad. Pasada la angustia del período, los sindicatos serán otros objetos del cambio, no importa cuál sea la voluntad de sus dirigentes. La globalidad económica junto con la elaboración multinacional de productos, como ya se hace con las computadoras, en cuyo interior hay componentes de varios países, obligará a pensar en las formas gremiales que deberán contener esa variedad de modos productivos.

A las empresas, no importa cuál sea su tamaño, también les llegará la hora de acomodarse al futuro. No será sólo el monopolio trasnacional sino que aun pequeñas y medianas podrán asociarse mediante la cooperación para operar con unidades mayores a fin de ganar mejores mercados para sus artesanías y manufacturas. Cuando uno repasa las aproximaciones al mundo que será en unos pocos años, se pregunta si los competidores del 28 de junio están en condiciones de hacerse cargo de todas las deudas del pasado y los desafíos del futuro.

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Evidencias (Por J.M.Pasquini Durán)

Por J. M. Pasquini Durán

La evidencia estridente del carácter ideológico-político de la hostilidad antigubernamental, pese a los distintos disfraces que utiliza, la proporcionó el sitio “on-line” del matutino La Nación, tribuna dogmática del antiperonismo, cuyos redactores deben referirse al golpe de Estado de 1955 sin comillas y con las primeras letras en mayúscula cuando escriban “revolución libertadora”, y cuyo lenguaje editorial por años mencionó a Juan Perón como el “tirano prófugo”. Pese a esos antecedentes, esta semana reprodujo en texto y video fragmentos de un discurso de 1973 del fundador del justicialismo que condenaba el saqueo de las cajas de jubilaciones por el gobierno de los “libertadores”, usando la cita como argumento suplementario al rechazo actual, treinta y cinco años después, de la decisión de la presidenta Cristina de unificar al régimen previsional en el sistema solidario de reparto del Estado. De donde el diario centenario de los Mitre resultaría el severo guardián de la pureza doctrinaria del peronismo, sugiriendo que el actual gobierno la estaría traicionando. En algo no le falta razón al matutino porteño: los privatizadores de los años ’90 eran peronistas del menemato y realizaron el saqueo en nombre de la presunta modernización del legado partidario.


Como sucedió con otras privatizaciones, la del sistema previsional fue un excelente negocio para algunos grupos económicos que se apropiaron del bocado leonino y pésimo para la salud fiscal de la nación. Un estudio sobre “La cuestión tributaria en la Argentina” de julio de 2005, advertía sobre las consecuencias: “Si se suman los efectos de las desgravaciones de cargas patronales nacionales (el más importante de los recursos cedido por las políticas de ‘devaluación fiscal’) y la cesión de recursos públicos a favor del nuevo sistema de capitalización instituido desde mediados de 1994, el total de los ingresos el Estado nacional dejó de percibir sumó unos 63.000 millones de pesos constantes durante el período 1994-2001, equivalente a un promedio anual de unos 2,8 puntos del PBI. En otras palabras, el drenaje de estos recursos explicó la mayor parte (casi las tres cuartas partes) del desbalance fiscal de ese período” (Cefid-AR, J. Gaggero y F. Grasso, 2005). El cálculo abarcaba la mitad del período de funcionamiento de las AFJP, por lo que no es exagerado redondear, como hizo Amado Boudou, titular del Anses, para estimar en 100.000 millones el costo para el Estado de catorce años de jubilación privada. A esta altura, además, el Tesoro público tenía que aportar 4000 millones anuales para completar el mínimo jubilatorio del régimen de capitalización. En las actuales circunstancias críticas mundiales, cuando hace falta blindar las finanzas nacionales, ¿sería sensato seguir soportando semejante hemorragia? Nadie puede negar que hay razones valederas para desconfiar de la administración estatal después de décadas de malversación y fraude de los fondos previsionales. Antes de Kirchner, hacía doce años que los jubilados no recibían ningún reajuste en sus haberes. En los últimos cinco años fueron actualizados trece veces y acaba de sancionarse una ley que establece la movilidad automática dos veces por año para que no dependan de la discrecionalidad de ningún gobernante. En la próxima ley del sistema integrado de previsión, los congresistas tendrán que incluir los recaudos necesarios para evitar que el día de mañana no reaparezca la tentación de meter mano en esa caja para cubrir gastos generales. Sería mejor, sin duda, que las previsiones legislativas pudieran abarcar la dimensión completa del problema, cuyas repercusiones llegan hasta la coparticipación federal, y que el futuro sistema fuera instalado en un Estado reformado y de verdad modernizado a la altura de los tiempos. Debería ser así, a lo mejor, pero no siempre lo bueno va de la mano con la excelencia. Es lo que hay, por ahora, y vale la pena recuperar al sistema para los principios de origen basados en el concepto de la solidaridad social.

Ya que se trata de una reforma estructural, según la presentación presidencial, algunos críticos sostienen que debería tomarse el tiempo necesario para abrir un vasto debate y una prolongada reflexión. En tiempos normales el razonamiento tiene validez plena, pero con ese criterio el Congreso norteamericano debió esperar al nuevo presidente para decidir sobre las medidas extraordinarias y multimillonarias dedicadas al rescate de gigantescas corporaciones que estaban derrumbándose con más ímpetu que el Muro de Berlín. Hay momentos en que esperar por la cirugía puede costar la vida del padeciente. Otros invocan la seguridad jurídica, pero vale en este caso recurrir otra vez a los datos de la historia. Un estudio sobre “El proceso de privatización en la Argentina”, avalado por la Universidad Nacional de Quilmes, deja constancia del asunto: “La tan declamada ‘seguridad jurídica’, particularmente en el ámbito de las privatizaciones, parecería quedar en un segundo plano cuando se trata de preservar las rentas de privilegio de las que gozan las empresas de servicios públicos, en detrimento, cabe resaltar, de la ‘seguridad jurídica’ de los usuarios” (D. Aspiazu y otros, edit. PáginaI12, 2002). ¿Acaso el régimen de capitalización no podía ser considerado un servicio público? Por lo demás, tal como se puede ver en estos días, cuando se desploma el libre mercado, lo único que queda en pie siempre es el Estado con la obligación de reiniciar el ciclo.

Los que en estos días opinan que la iniciativa previsional del Gobierno debilita el mercado de capitales, deberían escuchar un poco a Roberto Mangabeira Unger, ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil desde hace un año y medio, filósofo, jurista y profesor de Harvard, con 61 años de edad y acento norteamericano en sus palabras: “Debemos intentar salvar la producción y no los bancos”. Tiene una visión optimista del porvenir: “Después de la crisis, los países de la región tendrán la posibilidad de acoplarse a un nuevo orden mundial para un auténtico desarrollo”. El ministro de Lula se declara de izquierda, pero la posibilidad del nuevo orden también la formula el conservador francés Nicolas Sarkozy y el mismísimo George W. Bush convocó a una reunión internacional, a la que está invitada la presidenta Cristina, para intercambiar opiniones sobre lo que será del mundo después del terremoto. Mangabeira mira el futuro con advertencias: “Hay que mantener el nivel de crédito, sin prejuicios ideológicos, como está haciendo Estados Unidos, que demuestra otra vez que ellos son libres de los prejuicios ideológicos que les recomiendan a otros”. Entre las opiniones del ministro que circularon esta semana por el ciberespacio, incluyó un juicio crítico sobre el Mercosur y Unasur: “Les falta corazón y cerebro. Queda claro cuando los comparamos con la Unión Europea (UE). La esencia de la UE no es el comercio ni el dinero; es un ideario, en tanto nosotros dedicamos menos del uno por ciento del tiempo a discutir ideas”.

La crítica se ajusta a la realidad de la política criolla, aunque no haya sido dirigida en particular. El Gobierno toma iniciativas tan importantes y atendibles como la reforma previsional, pero luego, cuando se desata el temporal de críticas fabricadas por los recursos y las influencias mediáticas de los grupos económicos que pierden la rentabilidad privilegiada que les regalaron en los años ’90, el Gobierno pierde fuerza porque su aparato político no se mueve. La presidenta Cristina, como antes lo hacía Néstor, tiene que salir cada día a repetir argumentos a favor de sus propias iniciativas. Así, las batallas por el corazón y la conciencia de los ciudadanos –como ocurrió durante el conflicto con “el campo”– quedan a merced del bombardeo en los medios, compensado sólo con cinco o diez minutos diarios de la voz presidencial. El Gobierno carece de una adecuada política de información y de formación de opinión pública. La oposición poco contribuye al debate de ideas, porque en general reacciona con piloto automático. Es previsible que el PRO y la Coalición Cívica, que disputan la representación del centroderecha, se opongan a cualquier iniciativa gubernamental de carácter progresista, pero que la Unión Cívica Radical se oponga a un proyecto que atiende a su posición tradicional contra el régimen de capitalización, sólo para estar en contra, no tiene justificación ni lógica políticas, sobre todo cuando ese partido pretende celebrar el próximo 30 la refundación democrática, un compromiso de todos, que comenzó en el año 1983, como si fuera un mérito individual.

El PRO no sólo se opone a los proyectos del oficialismo para ganarse el liderazgo de la derecha: sus políticas en la ciudad, en particular hacia la educación pública, corresponden más con los años ’90 que con la actualidad. Mientras Mauricio Macri dice en la tele que quiere recuperar la excelencia de la escuela pública, elimina becas, suspende la distribución de implementos escolares y rechaza las demandas salariales de los maestros. Por suerte, la Legislatura decidió que la oposición no está sólo para criticar sino para formular alternativas y toda la oposición reunida logró destrabar, al menos en parte, la negociación con los sindicatos docentes. Lo que suceda en la ciudad no sólo importa porque es la capital del país, sino porque allí hay un ejercicio de prueba sobre lo que puede esperar el ciudadano de la nueva derecha nacional.

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Penales (Por J.M.Pasquini Durán)

10 de Julio de 2008


A partir de hoy, jueves, la Sociedad Rural y sus tres aliadas, con el mismo criterio extorsivo que aplicaron durante cien días en contra del Poder Ejecutivo, ordenaron a sus asociados que volvieran a las rutas, en las exactas posiciones que ocuparon antes, que vinieran a la Capital el martes para realizar un acto multitudinario y que esperaran en vigilia frente al Congreso hasta el miércoles, cuando el Senado debatirá la ley sobre retenciones a la exportación agropecuaria que ya tiene media sanción de Diputados.

Las entidades rurales quieren sembrar angustia y confusión en la sociedad, pese a sus promesas de abandonar las medidas de fuerza si el Congreso debatía la controvertida “resolución 125”, y vuelven a generar el movimiento destituyente, desestabilizador, pero esta vez contra otro de los tres poderes de la Constitución.

Ni siquiera es imaginable a lo que pueden llegar si alguna vez logran colocar el tema sobre la mesa de la Corte Suprema.

De acuerdo con la metáfora usada ayer por Mario Llambías, de la CRA, durante los anuncios a la prensa del “plan de movilización de la Mesa de Enlace”, ha llegado el momento de definir el partido por penales.

¿Serían goles para ellos cuando lograron desabastecer a parte del territorio nacional, incluida la Capital, de alimentos frescos y combustibles?

¿Cómo llamarán al proceso inflacionario que pegó el estirón por maniobras de especuladores de la cadena de comercialización que aprovecharon la oferta interrumpida y la constante demanda para remarcar los precios como no se permitían hacía tiempo?

Dicho sea de paso: ¿qué estará haciendo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, mientras avanza la remarcación?

Este funcionario, que a cambio de su lealtad absoluta recibe el sostén de los Kirchner, primero desinfló la credibilidad pública del Indec, de modo que las estadísticas oficiales han perdido influencia en el imaginario colectivo, y después asistió impasible al derrumbe de las políticas de contención de precios.

Estos resultados ponen en tela de juicio el concepto mismo de lealtad, virtuoso entre amigos o en un partido político, pero jamás sustituto de la excelencia en la administración del Estado y entre guardianes de las políticas públicas que protegen a los desamparados pero también a las capas medias que viven del esfuerzo propio.

Las quejas de los caciques rurales, manipuladas en un discurso político de clara hostilidad antigubernamental, terminan entrecruzándose con las víctimas de la inflación, para deterioro del prestigio presidencial.

Es incomprensible la protesta de la “Mesa de Enlace” contra la ley en debate, puesto que el proyecto que aprobó Diputados por mayoría, según lo reconocieron ayer ante la prensa, modificó 17 veces las pautas originales de la “resolución 125”.

El dato para los ruralistas comprueba que tenían razón al oponerse. La otra parte de la reflexión, que callan, es que los legisladores, y primero el Ejecutivo, hicieron las correcciones después de tomar debida nota de las demandas formuladas por “el campo”, en especial para atender los intereses de los pequeños y medianos productores.

¿Dónde hay pecado cuando un gobierno enmienda su primera intención, haciendo caso a las reivindicaciones de los interesados más débiles?

En tono apocalíptico, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, anunció que por culpa de la ley desaparecerán miles de agricultores.

Olvidó decir que sin ley ni retenciones, en los años ’90, fueron incontables los perjudicados en la actividad agropecuaria, recuperados luego por los mercados internacionales y la debida protección oficial con créditos, subsidios y cotización monetaria de promoción exportadora.

La Federación, miembro de la CTA, reafirmó ayer su condición de aliada de la Sociedad Rural y de los otros miembros de la “Mesa de Enlace”, y Buzzi se preocupó por desmentir relaciones con el oficialista Rossi, con quien intercambió efusivos saludos al final de la sesión de Diputados, como si hubiera sido sorprendido en una actividad adúltera.

Para otros, en cambio, el acto ilícito es el que comete cuando actúa como mano de obra en las rutas para ejecutar los “planes de acción” dirigidos contra el Congreso con la misma virulencia que antes dedicaban a la Casa Rosada.

Para colmo, ahí está el entrerriano Minga De Angeli, soplándole en la nunca, seguro que deben aplicar la fuerza en la democracia, como no lo hicieron en los ‘90 ni en la dictadura militar.

Esta memoria histórica sirve de evidencia para demostrar que hace tiempo que estas acciones siguen usando pretextos agrarios para llevar adelante, en realidad, una política de oposición que es funcional al pensamiento de la derecha política y económica.

Buzzi, De Angeli y otros como ellos no son los únicos en contradecir los intereses que deberían defender, porque, como se vio en Diputados, la oposición, vacía de propuestas como no fuera la suspensión de la “125”, se benefició con el voto de quienes tenían propuestas alternativas para el trato particular de los artículos de la ley.

En lugar de establecer diferencias, terminaron emblocados en una sola mano, sin medir las consecuencias de sus actos.

Este “plan de acción” que comienza hoy recibió el aliento de todos aquellos que por demagogia, oportunismo o mediocridad se sumaron al bloque antigubernamental, como si estar en esa vereda fuera garantía de honradez intelectual o propósito transformador.

Si fueran consecuentes con sus posiciones, el martes deberían ir al acto de la “Mesa de Enlace” para escupir contra el viento.

Aun muchos provincianos que han sufrido las consecuencias del lockout desabastecedor prefieren pensar que esas fatigas las provocó el Gobierno. Así piensan también intendentes y gobernadores, por suerte una minoría, que creen lo mismo que sus paisanos, más por cálculo electoral que por sana convicción.

No importa si cada uno se ubica al lado, detrás o enfrente del Gobierno. Lo que más importa es tener en claro que hay un plan general, más ambicioso que el de los ruralistas, que busca desmoronar al régimen democrático con el argumento de que el Gobierno, o la presidenta Cristina, es insoportable.

La creación de una segunda CGT por Luis Barrionuevo, quien declaró a Eduardo Duhalde como su referente político, y las escisiones en el peronismo provocadas en nombre de una presunta confrontación entre el interior campesino y la voracidad urbana son parte de ese esquema de desgaste continuo, cuyo objetivo principal es convencer a la mayoría de los ciudadanos de que deben cambiar sus votos y si es posible hacerles imposible gobernar a las autoridades electas en octubre del año pasado.

Si pudieran dar un golpe de Estado, ya lo hubieran hecho. Por eso, no se trata de criticar a los opositores para defender al Gobierno, sino de hacer todo lo posible para consolidar la cultura democrática y la libertad en el país, en nombre del bienestar general. El futuro no puede ni debe decidirse por penales.

Fuente: Pagina/12

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