Argentina es uno de los países con mayor implantación de cultivos agroindustriales, enormes superficies cultivadas mediante el uso de maquinaria industrial y fumigaciones masivas con unas pocas especies vegetales modificadas genéticamente para ser resistentes a los agroquímicos rociados.
Desde los años ‘80, numerosas organizaciones ecologistas, campesinas y ciudadanas de Argentina vienen denunciando los efectos nocivos de estos agroquímicos en las personas y en la naturaleza, aunque sus acusaciones suelen ser rechazadas aduciendo una falta de evidencias científicas. Sin embargo, la reciente difusión de los hallazgos sobre la toxicidad del agroquímico glifosato por parte del doctor Andrés Carrasco (director del Laboratorio de Embriología y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires) han hecho temblar los cimientos del modelo agroindustrial argentino.
El glifosato es el agroquímico más utilizado en los más de 16 millones de hectáreas cultivadas en Argentina con variedades resistentes a este compuesto, principalmente soja transgénica. El doctor Carrasco ha descrito los efectos del glifosato sobre embriones de anfibios al aplicarles diferentes dosis de este compuesto, en la misma línea que otros trabajos publicados en los últimos años, como los del doctor Gilles-Eric Seralini (Universidad de Cannes), experto de la Comisión Europea en transgénicos.
Los resultados del estudio del doctor Carrasco no pueden ser más alarmantes: los embriones, sometidos a menores concentraciones de glifosato que las aplicadas sobre los cultivos, sufrieron severas malformaciones cefálicas, intestinales y cardíacas, alteraciones neuronales y en el cierre del tubo neural, deficiencias del sistema nervioso y disminución del tamaño embrionario.
Para Carrasco, utilizar embriones de anfibios para este tipo de estudios es común, ya que “permite determinar las concentraciones a partir de las cuales se producen alteraciones, y cómo los mecanismos de desarrollo embrionario de los vertebrados son muy similares. Los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo de embriones humanos”.
El doctor Carrasco no dudó en difundir los resultados de su estudio, a pesar de que todavía no se encuentra publicado en una revista científica. En una entrevista publicada en el diario argentino Página12 indicó que “cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud, es obligación darle una difusión urgente y masiva, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”.
Añadió que se trata de una metodología muy extendida: “Muchas instituciones poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan a intereses de grupos poderosos”.
Abogados ambientalistas
Pero lo que hizo saltar las alarmas de la industria fue la petición de amparo ante la Corte Suprema argentina, realizada pocos días después por la Asociación de Abogados Ambientalistas, para solicitar la prohibición del uso y comercialización del glifosato hasta que no se determine su toxicidad real. Al día siguiente, las cámaras empresarias que aglutinan a las empresas del sector emitieron un comunicado en defensa de la inocuidad del glifosato, en el que indicaban que este compuesto fue aprobado por numerosas agencias nacionales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UE o los EE UU, y denunciaban que no existen “estudios científicos serios” que cuestionaran o invalidaran ninguno de los estudios realizados hasta entonces.
Pocos días después, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, señal de que desde el Gobierno nacional se tomaban en serio los resultados del estudio. Entonces, según denuncia el doctor Carrasco, comenzó a sufrir presiones e intimidaciones telefónicas, hasta que dos abogados y un notario se presentaron en su laboratorio cuando él no estaba, intimidaron a los trabajadores y exigieron el estudio en cuestión. Ante la negativa de los científicos de entregar el estudio, los abogados dedujeron “ante notario” que tal estudio no existía.
El doctor Carrasco mantiene su posición de negar el acceso al estudio a las empresas del sector: “Yo discuto mis resultados con mis pares en congresos, reuniones o seminarios” y se niega a discutir sus investigaciones con abogados o empresas privadas, “máxime si son parte del problema”, añade.
Durante esos días, los dos grandes periódicos argentinos cuestionaron el estudio, utilizando como fuente las mismas cámaras empresarias que enviaron a los abogados al laboratorio de Carrasco. “Es claro que Clarín y La Nación, por decir algunos, tienen intereses creados, son voceros de las empresas. Cuando finalice el trabajo y lo vean mis pares, ahí se los daré”, declaró.
A pesar de las presiones y la campaña de desprestigio sufrida, Carrasco continúa con sus investigaciones y avanza que pronto publicará sus resultados. “Creen que pueden ensuciar fácilmente 30 años de carrera. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.
CARTA ABIERTA A LA PRESIDENCIA
El pasado 3 de junio, el Grupo de Reflexión Rural (GRR) envió una carta abierta al ministro de Ciencia y Tecnología argentino, Lino Barañao, en la cual denunciaba que “la clasificación de la toxicidad del agrotóxico glifosato de entidades como la OMS o la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU (FAO) no están basadas en estudios propios o de científicos independientes, sino que se basan en revisiones de informes de estudios no publicados hechos por las propias empresas fabricantes de glifosato”, listando a continuación las fuentes utilizadas por esos organismos, inéditas y en su mayoría propiedad de Monsanto, la principal multinacional del sector.
