El conflicto del Gobierno con Clarín y la crisis de la proclamada “independencia” periodística
Dejémoslo claro desde un principio: es mejor que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual del kirchnerismo sea sancionado por el Congreso a que la actual situación de concentración corporativa en el sector prosiga empeorando cada vez más. Incluso es preferible que el proyecto sea aprobado, de última, tal cual como fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, con sus virtudes, pero también con sus fallas y con la intencionalidad política de algunos de sus artículos.
Todo lo demás, todos los pseudoargumentos, diatribas, amenazas y lamentaciones son accesorios, ya que se inscriben en la “guerra” declarada y desatada entre el Gobierno y el Grupo Clarín. O en la puja de poder entre el oficialismo y la oposición. O en el enfrentamiento entre quienes defienden al kirchnerismo, haga lo que haga. O los que proceden a la manera de ese diputado ultragorila que, en los tiempos del primer peronismo, al llegar ya empezada la sesión en el Congreso tomó el micrófono y advirtió: “No sé de qué se trata, pero me opongo”.
El proyecto oficialista rompe el oligopolio mediático que ha permitido ese atentado cotidiano contra la libertad de informarse, que consiste en que una gigantesca corporación concentre en todo el país diarios, canales de televisión, canales de cable, radios, la misma red del cable, la provisión de Internet, la producción de contenidos y aspire, además, al triple play digital (telefonía, televisión e Internet). Como lo resumió el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, el proyecto de ley del Ejecutivo impide que el que “produzca contenidos a su vez los distribuya”.
Desde este punto de vista, no hace al beneficio que se logra con la sanción de este proyecto de ley si el Gobierno primero quiso ser el socio de Clarín o no, si permite otros monopolios o no, si tiene modos feos o tiene una inquina personal con la señora viuda de Noble y con el CEO del Grupo, Héctor Magnetto. También está fuera de cuestión que la desconcentración corporativa no es sólo una cuestión de principios o de calidad democrática del régimen, sino que favorece a todos los actores políticos con expectativas de ser gobierno alguna vez. La pluralidad de medios evita el enorme poder que han tenido las corporaciones mediáticas, no sólo para construir un “relato”, su relato, como dice la Presidenta, sino para acrecentar aún más su poder, como lo hizo Clarín con este Gobierno y con los demás gobiernos democráticos. Todos los presidentes elegidos por el voto popular, cuando se dieron cuenta de ese error, ya era tarde. Y se verá si el Gobierno actual puede, en tiempo de descuento, sancionar el proyecto.
Por supuesto, que en su carácter indómito y dominante, el kirchnerismo se ilusiona con transmutar este veranito de iniciativas y activismo que atraviesa en una reconciliación difícil si no imposible con la opinión pública que, se sabe, es patrimonio de los sectores medios. Como lo expuso el sociólogo Eduardo Fidanza en un reciente seminario en el Suterh, en la Argentina ningún gobierno pudo recuperar el apoyo de la clase media una vez que lo perdió y hoy enfrentamos la paradoja de que el “que tiene el poder no tiene imagen y el que tiene imagen no tiene poder”.
El kirchnerismo entendió esta relación con la opinión pública en términos de “golpes de efecto”, y de allí su esperanza en que una seguidilla de medidas espectaculares reconstruyan su poderío y capacidad de gobierno y restañen la profunda brecha en la credibilidad pública, acrecentada durante el conflicto con el “campo”.
“¿Acaso no fue el voto ‘no positivo’ de Julio Cobos el que le dio una popularidad inimaginable? ¿Acaso no fue el tinelesco ‘votame-votate’ de Francisco de Narváez clave en su triunfo bonaerense?”, pregunta, retórico, un estratega kirchnerista. Simplificación que lleva a obviar datos duros del rechazo al gobierno de Cristina Fernández, correlacionados con la “sensación de inseguridad”, la “sensación de inflación” y la “sensación de actitudes autoritarias”.
“La gente apoya a los que demuestran que pueden y quieren gobernar”, creen desde el Gobierno (y también adhieren a esa visión circular de que “ejercer el poder legitima tener el poder”). Esto lleva a su intransigencia que, por ejemplo, hizo fracasar el diálogo. Sin embargo, la Presidenta anunció que podría haber cambios en el proyecto, lo que abre una luz de esperanza de tener una ley consensuada pero no desvirtuada en su espíritu.
Del lado de la oposición se teme que darle quórum al oficialismo contribuya a difundir ese estado de impotencia poselectoral que ha cundido en sus filas, frente a un kirchnerismo que, en vez de sufrir las deserciones anunciadas por los analistas-opositores, hizo valer su mayoría. Y encima incorpora naves insignias de la oposición como los casos Roxana Latorre y María del Carmen Alarcón.
Íntimamente, a la oposición no le preocupa el poder que la ley pueda conferirle al Gobierno porque, en última instancia, considera al kircherismo ya “de salida” y estima que el proceso de aplicación y transformación de la escena mediática en el país va a llevar bastante más de los dos años y monedas que le quedan a Cristina Fernández en la presidencia. Dicho en buen romance, si las reformas le otorgan un cierto poder de contralor al Gobierno frente a las corporaciones mediáticas, éste será disfrutado por el nuevo presidente y no por la presidencia actual.
Pero, claro, a la oposición le ha dado jugosos dividendos ser ferozmente crítica del Gobierno blandiendo la bandera del “consenso” (estandarte que colocó en sus manos la intransigencia del escorpión kirchnerista). Nada le vendría mejor, entonces, que sea el oficialismo el que pague todos los costos de sancionar esta ley y que, simultáneamente, las figuras opositoras no pierdan el apoyo mediático del Grupo Clarín.
De allí que, más que argumentos contra el contenido específico del proyecto, se escuchen críticas a la metodología o ad hominem. Aunque políticos de la oposición, como Margarita Stolbizer, han realizado un esfuerzo por destacar tanto los méritos de la propuesta del oficialismo como sus “trampitas”. Para la diputada electa de la Coalición Cívica no se puede aceptar que lo que este Congreso decida “es legal pero no es legítimo”, ya que tiene que tomar importantes decisiones hasta diciembre. A lo que hay que agregar que nada indica que la sociedad argentina esté en contra de una ley que ponga un poco de orden en el espectro mediático.
Mientras tanto, la actitud del Grupo Clarín no ha hecho más que confirmar lo que uno de sus cronistas estrella denunció hace poco: que detrás de los argumentos se esconde una feroz lucha por el poder. Mientras que desde las columnas de su diario se advertía que debajo de la “hojarasca” de los argumentos democráticos, el Gobierno buscaba debilitar el poderío del Grupo, queda claro con sólo mirar las tapas del diario, que en esta guerra serán seleccionadas y enfatizadas las noticias más negativas para el gobierno nacional.
Así mereció la tapa de Clarín del jueves 3, y con título catástrofe, que “Por pedido de Kirchner, Scioli echó al ministro de Agricultura”. La noticia, entonces, no fue el desplazamiento de Eduardo Monzó de esa cartera.
(Un opositor declarado de la política oficial respecto del campo, sin por eso lograr que las entidades agrarias suavizaran su actitud confrontativa contra Scioli sino todo lo contrario; Eduardo Buzzi, por ejemplo, lo llegó a llamar “felpudo de Kirchner”). Lo que quedó claro en esa tapa fue lo sugerido subliminalmente por un título que no estaba apoyado en ninguna evidencia periodística. O sea, que el ex presidente es en realidad “el que manda”, “que cada día está más radicalizado”, “que no acepta disensos”, “que aprieta a los gobernadores con la caja”, etcétera, etcétera.
Habría que ver si la postura bélica del Grupo Clarín no termina produciendo el peor daño que puede sufrir un medio masivo que se autodenomina “objetivo”: la pérdida de confianza en su “neutralidad periodística”, como si ella fuera posible. El diario Clarín siempre tuvo esa fabulosa capacidad de “administración del sentido común”, como para esconder la opinión detrás de la selección y presentación misma de los “hechos”. Pero en esta guerra con el Gobierno no sólo exageró la difusión de noticias puramente negativas, sino también ha caído en la “adjetivación” y en la “abierta opinión”. Cosa que, paradójicamente, al develar su carga valorativa (lo que está muy bien) puede terminar por debilitar la decisiva influencia que pudo ostentar tanto durante las dictaduras como en la democracia.
FUENTE: Revista Debate
