La necesidad de crear un nuevo marco regulatorio para el sistema financiero es una de las demandas pendientes de la democracia
La Ley de Entidades Financieras (Ley 21.526) fue sancionada en 1977 con tres objetivos funcionales al plan de gobierno de la última dictadura militar, que se acentuaron durante la década menemista y que hoy repercuten en la economía local: la extranjerización de la banca y una desregulación de la tasa de interés para que haya mayor competencia entre entidades y la liberalización de la cuenta capital, es decir la libre entrada y salida de capitales. Este último punto se conoce en la Argentina como fuga de capitales. Entre mediados de 2007 y julio de 2009 se fugaron 43 mil millones de dólares, superando en un cincuenta por ciento, el volumen de la deuda externa. La tercera consecuencia de esta ley fue haber impulsado la desaparición de la banca pública y cooperativa. La modificación de la Ley 21.526 es otra de las deudas pendientes de la democracia, como lo es la ley de medios. Una nueva ley de entidades financieras debería considerar a la banca como un servicio público.
“Hay que leer el discurso de (José) Martínez de Hoz de 1976 para ver lo que luego se llevó a la práctica en la década de 1990. Lo que los militares planteaban en el 76, luego se consolidó con el menemismo. Si hoy estamos pensando en un país más inclusivo, donde las pymes tengan un rol más destacado, donde se pueda federalizar más la economía y las regiones tengan más posibilidades de desarrollo, tenemos que pensar y plantear en el Congreso una nueva ley de entidades financieras”, afirma el diputado electo Carlos Heller (Partido Solidario, en alianza con el Frente para la Victoria), que está trabajando en un proyecto de ley para cambiar el actual marco regulatorio del sistema financiero.
Las consecuencias de la Ley de Entidades Financieras se fueron viendo con el tiempo. La concentración del sistema fue una de sus invariantes: las cajas cooperativas de crédito, una importante fuente de financiamiento pyme a mediados de la década del sesenta, fueron las principales víctimas. Hace cuarenta años había cerca de mil entidades, y hoy sólo subsisten dos y un banco (Credicoop). También se avanzó sobre la red de bancos públicos, que pasaron de 34 a doce a través de privatizaciones y liquidaciones. Incluso, hay provincias que no tienen un banco propio, como es Mendoza. Actualmente, los bancos se localizan en función de la escala económica de las ciudades. “La fuerte concentración se da hasta para pagar un impuesto o cobrar una jubilación. Hay muchas localidades sin cobertura”, indica Heller.
La falta de entidades públicas, así como también la inexistencia de bancos especializados, repercute hoy en los niveles de crédito, muy volcados al consumo, con altas tasas de interés -que en el caso de las entidades financieras no bancarias supera el ciento por ciento de interés-, en detrimento de las actividades industriales y las pequeñas y medianas empresas. El cálculo es sencillo y, a la vez, preocupante: dos empresas, que son los mayores deudores del sistema financiero, absorben el mismo monto que sesenta mil pymes. Aproximadamente el 99 por ciento de los créditos otorgados en la actualidad no superan los doscientos mil pesos. La mayoría de estos préstamos es para consumo y financiamiento de tarjetas de crédito. Este segmento concentra el 34 por ciento del total de créditos que se otorgan. Mientras tanto, los préstamos solicitados de uno a cincuenta millones de pesos (fundamentalmente, para financiar operaciones de comercio exterior) corresponden a unas pocas empresas que absorben el sesenta por ciento del total (Fuente: Página/12, suplemento Cash, 13 de setiembre).
“El hecho de que se genere esta tendencia al crédito de consumo y un escaso volumen de préstamos a plazos cortos para las pymes demuestra lo mal que funcionan los mecanismos mercantiles para resolver una asignación de crédito que contribuya a un proyecto progresista de desarrollo nacional”, enfatiza el economista Guillermo Wierzba, director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-AR). El país tiene una de las participaciones más bajas de Latinoamérica en cuanto al otorgamiento de crédito sobre la base de su PBI (13,5 por ciento), mientras que en Brasil es del cuarenta por ciento y en Chile, del ochenta. Del total de crédito local, sólo el seis por ciento del PBI está destinado a la industria, todo gracias a la matriz neoliberal del sistema financiero.
HACIA UNA NUEVA LEY
La creación de un nuevo marco regulatorio para el sistema financiero no será una materia fácil. El lobby financiero suele ser eficaz para comunicar sus inquietudes, basta recordar que, a raíz del conflicto agropecuario del último año, sumado a la nacionalización de los fondos de las ex AFJP, hubo tres corridas bancarias y una fuerte fuga de capitales, que estuvo en el orden de los 23 mil millones de dólares, un 23 por ciento más que la fuga ocurrida en el estallido de la crisis de diciembre de 2001.
“No me imagino que ninguna cuestión de importancia pueda cambiarse sin tensión ni lobby. Esa idea del consenso es una fantasía. Los acuerdos se dan sobre intereses comunes, pero cuando hay que modificar relaciones económicas y de poder -algo que tiene que ver con la acumulación de riqueza y la distribución del ingreso-, hay que enfrentarse a situaciones muy conflictivas”, resume Heller, quizá, ya pensando en su etapa de legislador y una vez que presente su proyecto para modificar la Ley de Entidades Financieras.
Uno de los primeros artículos de la ley que está preparando Heller establece que la actividad bancaria debe ser considerada un servicio público, para que todo el mundo tenga acceso al sistema financiero y una cobertura geográfica adecuada. Además, las condiciones de acceso deberían ser compatibles con los distintos sectores de la sociedad. “Cuando uno dice servicio público no quiere implicar que todo será prestado por empresas estatales. En la nueva ley de medios se explicita que un 33 por ciento del mercado será para el Estado; otro 33, para el sector privado; y otra parte igual, para los sectores sociales. Creo que el sistema financiero debería contemplar la misma división, donde habría prestamistas públicos, privados y sociales”, propone el dirigente del Partido Social.
Los cambios más profundos de esta normativa -que están incluidos en el proyecto que está elaborando Heller- tienen que ver con la regulación de las tasas de interés y la orientación de los créditos hacia los sectores productivos. “Con una ley de estas características se finalizaría con un período de liberalización y desregulación del sistema financiero, donde la asignación del crédito quedaba supeditada a la rentabilidad del sector privado. En consecuencia, se recuperaría el rol del Estado como promotor y orientador de las políticas crediticias a sectores relegados durante las últimas tres décadas”, sostiene el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.
Actuar sobre la tasa de interés se hace bastante complejo, si no se incluyen mecanismos de subsidios de tasas. En los momentos en que hubo un sistema financiero regulado, con la centralización de los depósitos, como fue durante el tercer gobierno de Perón, los bancos captaban depósitos por cuenta y orden del Banco Central y luego recibían líneas de redescuento cuyas tasas tenían que ver con el destino final de esos fondos. “Para reemplazar la centralización de los depósitos se pueden crear mecanismos de subsidios de tasa, como lo hace actualmente la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa -y empezó a hacer la Anses-. Este mecanismo necesitará de recursos fiscales, que deberán salir de aquellos sectores con capacidad contributiva. La ley podría establecer una regulación sobre los spread bancarios (la diferencia entre las tasas pasivas y activas) o la rentabilidad de las entidades. Establecería tasas de referencia”, agrega Heller.
En este contexto, también se podría impulsar una modificación de la Carta Orgánica del Central, para acompañar los cambios en el sistema financiero. Pero tampoco será una tarea sencilla. Cuando Mercedes Marcó del Pont, actual presidenta del Banco Nación, era diputada, impulsó una modificación de la Carta Orgánica. La iniciativa había alcanzado un dictamen favorable en la comisión de Finanzas de la Cámara baja, pero el proyecto no logró prosperar debido al fuerte lobby que se hizo tanto desde Wall Street como desde el propio Banco Central.
El otro punto relevante de la ley tiene que ver con la orientación del crédito. Sobresale la idea de crear un nuevo Banco de Desarrollo. Según Heller, “pensamos en un banco de segundo piso, que actúe a través de los prestadores de primer piso. Hay que establecer un banco que fondee a otros bancos, que son los que tienen el contacto con los sectores productivos. Esto permitirá una mayor toma de decisiones de las entidades”.
El primer paso para la creación de un banco de desarrollo sería la definición de una política de desarrollo. Esto debería involucrar la selectividad de sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico del país. Es decir, volver a una banca especializada, tal cual existía antes de la sanción de la actual Ley de Entidades Financieras. “La experiencia internacional demostró la relevancia del Estado como promotor del desarrollo a través de una banca dedicada a tal fin. Países como Brasil cuentan hoy con instituciones como el Banco de Desarrollo (Bndes), que supera el veinte por ciento del crédito al sector privado. También existen los casos destacados del Banco Europeo de Inversiones y los bancos de desarrollo de Japón y Corea, entre otros países”, comenta Vanoli.
Lo que vaya a ocurrir con la nueva ley de entidades financieras es todavía una incógnita, que empezará a definirse una vez que se sancione la ley de medios. El Gobierno podría optar por impulsar esta iniciativa antes de perder la mayoría en el Congreso. Después del 10 de diciembre, con el nuevo Parlamento en marcha, podría ser una carta para negociar con los sectores de centroizquierda para la sanción de esta normativa. Pero más allá de su futuro inmediato, una nueva norma para regular el sistema financiero es una de las demandas pendientes de la democracia, tanto o más importante que la ley de medios.
