La grotesca campaña de victimización de los multimedios contra la futura ley audiovisual
Primero fue el silencio, la negación a incorporar el tema a la agenda de lo publicable. Dos décadas y media de lobbies eficaces, creciente soberbia empresarial y escasa voluntad política para los cambios dieron el espaldarazo necesario a la obstinada invisibilidad. Cuando el silencio ya no fue posible, llegó la deslegitimación, el rechazo frontal (y torpe) a la mera posibilidad de avanzar en la discusión del proyecto. Las críticas “de forma”, ajenas a cualquier abordaje más o menos profundo de su contenido, marcaron entonces el pulso. Y con él, la mediación periodística cayó derrotada ante el enojo mal editado, y la presión corporativa devino histeria desembozada y desnudez empresarial. Con el proyecto en el Congreso, el grifo saltó por los aires, incontenible, y muchas de las cuestiones medulares que permanecían en un segundo plano ganaron luz pública. Atados a argumentos de baja calidad, la respuesta no se hizo esperar y tomó nuevas formas. En muchos casos, con propaganda engañosa y manipulación lisa y llana como únicos canales posibles.
Las grandes empresas de medios recorrieron un largo espinel en un corto tiempo para hacer frente al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, impulsado por el gobierno nacional y respaldado por un amplio abanico de organizaciones sociales. Dueñas de una posición dominante dentro del mercado y con una capacidad notable para influir en la opinión pública, apelaron a distintas argucias para defender sus intereses y lograr que éstos fueran asumidos como propios por el resto de la sociedad. Así, la ley fue presentada casi como un anatema, y la posibilidad de su sanción, como una afrenta para la libertad de prensa o para la misma democracia. En una curiosa apropiación de algunos términos y resignación de otros, hablaron de la posibilidad de que algunos medios “desaparezcan” (así, con la carga simbólica que tiene el vocablo), etiquetaron el esfuerzo acumulado de muchos actores como “ley de control de medios K” y lanzaron una serie de epítetos, en forma de videograph o de zócalos, para estigmatizar cualquier cosa relacionada con el proyecto, con “mordaza” o “cepo” a la cabeza. Todo eso, sin dejar en claro nunca el conflicto de intereses que existe de por medio o desde dónde se enuncia eso tan terrible que se dice.
CLICHÉS
El tipo de autoridad de aplicación que se pondrá en funcionamiento, en reemplazo del Comfer, y la participación o no de las empresas telefónicas en el negocio de las telecomunicaciones fueron los puntos de discusión principales que surgieron una vez que el debate por el contenido del proyecto se hizo inevitable. La modificación parcial de su conformación, en el primero caso, y la eliminación del artículo que permitía lo segundo despejaron el camino para su media sanción en Diputados. Aun así, el consenso logrado entre el oficialismo y parte de la oposición no evitó que aparecieran otros cuestionamientos que ya forman parte de la discusión en el Senado. Pero, además, tomaron más cuerpo nuevos y viejos clichés que los grandes medios se desviven por imponer. Y que, lógicamente, trabajan sobre el miedo y los resquemores del grueso de la sociedad.
El más difundido de ellos fue, sin duda, la posibilidad de que algunas de las señales deje de transmitir y arroje a sus trabajadores a la calle. A tal punto tomó fuerza, que se constituyó en uno de los institucionales del canal de cable Todo Noticias, del Grupo Clarín, el más afectado por la puesta en marcha de los artículos desmonopolizadores del proyecto debido, precisamente, a su concentración. Desde el Gobierno salieron a criticar la actitud de la empresa y negar la especie. “Hay una gran victimización del Grupo Clarín. Acá lo que se busca es que haya más canales, más señales, no que de-saparezca ninguna”, respondió categóricamente Gabriel Mariotto, el interventor del Comfer y factotum del proyecto. Pero la política de “victimización” de la empresa siguió su curso con nuevos spots, que repite en cada uno de sus centenares de medios.
Entonces no basta que se diga que la ley no impacta sobre la programación ni fija criterios estéticos. Ni que habrá amplificación de la oferta y mayor transparencia sobre las condiciones de adjudicación. Tampoco que se aclare una y otra vez que no se deduce del proyecto que Todo Noticias (o cualquier señal de cable) deba “desaparecer”. Claro, si se cumple con el tope de licencias requerido o, en el caso de los cables, con el porcentaje del mercado al que se puede brindar el servicio.
“Se trata de una sobreactuación que, como toda actitud impostada, lesiona la eficacia periodística de los medios que la sostienen. A poco de andar, uno se da cuenta de que no están informando sino que están defendiendo posiciones corporativas”, cuestiona Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación y uno de los principales especialistas argentinos en la materia. Lo que no puede precisar es qué impacto tienen estas intervenciones un tanto groseras en la opinión pública. “Cuando la sobreactuación es tan significativa, a veces tienen algún efecto en lo inmediato, porque produce preocupación, pero la insistencia siempre es contraproducente”, le dice a Debate y advierte sobre la posible ruptura del lazo de solidaridad entre el destinatario de ese recurso y el enunciador. “Apuntan a lo emotivo y a la generación de temor. Es una manera de sesgar la discusión”, se refiere Glenn Postolski, el nuevo director de la carrera de Comunicación de la UBA.
Pero el de la eventual desaparición de alguna señal en particular no es el único cliché que anda dando vueltas. Algunos, incluso, rondan lo grotesco. La cuota prevista para la producción de contenidos locales en los distintos medios, por ejemplo, es presentada como la imposibilidad futura de poder escuchar tal o cual música. En tanto, la apertura del espectro a organizaciones sociales o comunitarias aparece como una automática apropiación por parte del Ejecutivo de esa nueva oferta. Éstos y otros ardides, de mala factura, permitieron -tal vez como nunca- que las últimas ediciones de la revista Barcelona hayan tenido la trascendencia que tuvieron. Hábil en el arte de combinar lo grotesco con fina lectura política y de parodiar como nadie el lenguaje del diario Clarín, la publicación dirigida por Pablo Marchetti tuvo sus días de gloria con el lacónico título “Murió” en tapa, en referencia a la suerte del Grupo. O el más desenfadado “Libertinaje de expresión” del número siguiente, que ironizaba sobre el destino incierto de los periodistas estrella de TN.
SELLOS
“Frente a cada intento de un Estado de regular tomando como base el principio de la comunicación como un bien social y no como una mera mercancía, la reacción fue victimizarse en nombre de la defensa de la libertad de expresión, pensando que los sujetos de ese derecho son las empresas y no los ciudadanos”. Así, con estas palabras, Postolski se refiere al entramado que esconde la discusión. “Temas tan complejos son imposibles de trasladar a spots publicitarios, se cae en el eslogan y en la desinformación”, agrega, no sin antes rescatar que por primera vez en la etapa democrática el tema haya ingresado en la agenda pública.
Está claro: los medios no son actores neutrales de la esfera pública, sino que actúan como dispositivos de selección y jerarquización de la información. O, en otros términos, son productores de realidad más que sus mediadores, por más que se presenten como tales. La presión corporativa que ejercen debido al lugar que ocupan en la sociedad y el grado de concertación que alcanzaron lo muestran. Y si quedan dudas, ahí está el caso del Grupo Clarín como ejemplo. El Grupo Clarín y su poder de fuego, tanto periodístico como empresarial.
La solidaridad gremial que recibió de parte del empresariado argentino y la manifestación pública de los distintos sellos que le responden directamente o de manera tangencial habla de su capacidad intacta de generar hechos políticos de peso. Que la Asociación Empresaria Argentina, de la que el CEO del Grupo, Héctor Magneto, es su vicepresidente, ponga el grito en el cielo, o que entidades como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se plieguen sin resquicios a las posiciones del Grupo, marcan el peso de la queja. Pero que lo haga la ignota “Fundación Valores para el Bien Público”, que no tiene página web ni figura como tal en ningún registro de la Inspección General de Justicia, ya habla de que ningún recurso parece válido para sumar adhesiones y poner en su favor a la opinión pública. Sobre todo, si se tiene en cuenta que sus spots han inundados los canales azuzando todos los fantasmas posibles. Lo mismo pasa con la relevancia que han tomado entidades como la Asociación de Prensa de Buenos Aires, que organizó un escuálido acto público en contra de la ley, a contramano de la mayoría de los gremios y asociaciones de trabajadores.
Todavía en el Senado, el proyecto espera la otra media sanción que la convierta en ley o alguna modificación que la regrese a Diputados. Mientras tanto, la discusión sigue en pie, tanto como las estrategias de los grandes medios para cerrar su paso. Hasta ahora, con muchos recursos para hacerse oír, pero sin los resultados esperados.
Parodias rosarinas
“En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir más la temperatura, la humedad ni tampoco los hectopascales? ¿Que a partir de ahora los aparatos de radio van a venir con un sistema incorporado para detectar a los que escuchan programas en contra del gobierno de turno que va a accionar una alarma ultrasónica conectada a todos los patrulleros de la Policía Federal y que éstos podrán presentarse ipso facto en el domicilio del oyente y meterlo preso sin decir A?”. Con tono catástrofe, el locutor de Radio Universidad de Rosario hace su aporte al “debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios”.
En línea con los irónicos mensajes impulsados desde la revista Barcelona, los spots de los rosarinos advierten que “los cables de los walkman pueden estrangular al usuario que escuche programas críticos al gobierno de turno”, habrá restricciones al fútbol que incluyen la potestad del Estado de anular un gol si la “o” relatada es excesiva, o que “no se va a poder decir culo, ni tampoco palabras de cinco sílabas que empiecen con n”. Éstos y otros mensajes inundan redes sociales como YouTube y Facebook y parodian el panorama desolador descripto por las campañas de los multimedios contra el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual.
N.M.
FUENTE: Revista Debate
