TeleSUR _ 04/06/2009 A veces como aparatos de hegemonía y dirigentes de la conciencia de parte de la sociedad civil, otras como partidos políticos y defensores de intereses económicos de grupos de poder, los medios de comunicación privados han emergido en Latinoamérica como entes que atentan contra las democracias progresistas que se han establecido en la región. Mientras existe una permanente y abierta campaña mediática en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela contra sus gobiernos; que en el caso venezolano incluye el llamado al Magnicidio, éstos son constantemente acusados por los medios de comunicación de violar el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión.
Desde los sectores oficiales se denuncia a los medios de ejercer un papel de empresa mediática que, lejos de cumplir la función esencial de llevar a cabo una acción social, defienden intereses económicos y políticos que se han visto afectados por los procesos de cambios que impulsan las democracias progresistas.
Existe en estas naciones una realidad y es que las famosas banderas éticas del periodismo: imparcialidad, objetividad, libertad de expresión, no son nada más que mitos encubridores de un negocio mediático que, en nombre de la libertad, emprende a diario acciones contra gobiernos democráticamente electos.
A partir de esta situación se ha comenzado a hablar en la región de terrorismo mediático, figura en la que se aglomeran todas las acciones desestabilizadoras que se emprenden a través de los medios de comunicación, que incluye, según expertos, violaciones a la normativa del ejercicio periodístico.
Los medios de comunicación privados constantemente minimizan los logros y avances de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, pese a que estos han emprendido procesos de profunda transformación e inclusión social, gracias a lo cual gozan de un amplio respaldo popular, como se ha observado en procesos electorales recientes.
Vivimos en mediocracias
En entrevista concedida a teleSUR, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero, sostuvo que los medios de comunicación modernos tienen la capacidad de poner y quitar gobiernos democráticamente electos, lo que significa que los ciudadanos viven en un sistema de mediocracias.
Monedero argumentó que quienes manejan los medios de comunicación han sido capaces de convencer a la ciudadanía de que la libertad de expresión no es sino la que les permite a ellos (dueños de medios) defender intereses particulares a través del negocio mediático.
En ese sentido, resaltó que el poder de los medios de comunicación es tal que organismos de derechos humanos internacionales sancionan sobre la base de informaciones de prensa y al final toman decisiones contra legítimos gobiernos.
Monedero se refirió a los informes que realizan organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), los cuales están basados en su mayoría en informaciones de medios de comunicación con una clara postura política.
Al respecto, el catedrático indicó que es necesario recordar que la información es un bien público, no es una mercancía ni algo que se pueda particularizar.
El pasado mes de mayo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual, arremetió contra Venezuela al dictaminar que ese país "necesita mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos", además de acusar al Gobierno venezolano de propiciar, entre otros aspectos negativos, obstáculos a la libertad de expresión.
Pese a su condición de organismo garante de los derechos humanos, la CIDH condena a Venezuela en la materia de libertad de expresión, mientras en ese país se desarrolla una permanente campaña contra el Gobierno desde los medios de comunicación, donde incluso se ha incitado al magnicidio y por lo que nunca han recibido sanción alguna.
Los medios de comunicación en Venezuela ejercieron un papel activo el 11 de abril de 2002 en un golpe de Estado que sacó del poder por 48 horas al presidente de ese país, Hugo Chávez, y en cuyo proceso se produjo una serie de hechos violentos, en los que murió más de una decena de civiles.
Ante esa conducta antidemocrática de los medios, que estimularon la violencia en las calles de la ciudad capital venezolana en abril de 2002, no se ha producido ningún pronunciamiento de la CIDH ni de algún otro organismo internacional de derechos humanos.
Por ello, Monedero justificó la propuesta de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, que en un encuentro que sostuvieron el pasado mes de mayo en territorio ecuatoriano propusieron la creación de un organismo subregional de derechos humanos, para atender, entre otras cosas, el papel que han jugado los medios en la desestabilización de gobiernos progresistas.
"Los medios de comunicación de hoy ponen y quitan gobiernos, vivimos en mediocracias. Es obligatorio y es una asignatura pendiente de todas las democracias, por eso emociona que por vez primera se agarre el toro por los cuernos y controlemos todo esto, que tiene poder económico, político y cultural", dijo Monedero a teleSUR.
"La propuesta de los presidentes Chávez y Correa va abriendo camino en algo que debía estar abierto hace mucho tiempo", agregó.
Enfatizó que los medios de comunicación han creado un sistema impune, a través de un blindaje que los protege de cualquier tipo de acción que busque regular sus ataques contra las democracias o sanciones por sus continuas irresponsabilidades mediáticas.
Insisitió en que "es tan importante que se creen organismos supranacionales para fiscalizar ésto que en el ámbito nacional es muy difícil de controlar, porque en el momento que se tocan intereses se comienza a decir que se viola la libertad de expresión y se pone en peligro la democracia".
Responsabilidad legal
Según el periodista cubano-ecuatoriano José Ignacio López Vigil, los medios de comunicación en Latinoamérica se han tomado la atribución de evaluar, fiscalizar y sentenciar cualquier cosa, sin que se establezca un marco legal sobre la responsabilidad de esas empresas mediáticas en sus operaciones.
"El problema es que los medios en América Latina y en otros continentes se han engreído mucho, se han imaginado que son jueces de vivos y muertos, que pueden evaluar, fiscalizar y sentenciar a todo el mundo y nadie les puede toca ni con el pétalo de una rosa", señaló López Vigil.
Por tal motivo, aseguró que es necesario cuestionar ese papel de los medios, a los cuales, a su juicio, no se les debe permitir degradar el ejercicio periodístico de la manera en que lo hacen, lo cual no quiere decir que se les censure.
Puntualizó que a los medios se les debe exigir una información verificada, que no esté basada en rumores o fantasías, al tiempo que la nueva Constitución ecuatoriana establece ese principio, que, según dijo, no está cobijado en ninguna otra Carta Magna de Latinoamérica.
"Esa arrogancia mediática hay que cuestionarla, porque el Estado no puede censurar a los medios, pero tampoco los medios pueden vivir en un fantasía o en periodismo, que ya no es sensacionalista, sino que cae en chisme y verdurería barata", sentenció López Vigil.
"En el artículo número 18 de la Carta Magna ecuatoriana, hay una palabra que no la he encontrado en ninguna Constitución latinoamericana, cuando habla de la información dice que la misma debe ser veraz, pero verificada", añadió.
Expuso que el rol de los medios ante el Estado y la sociedad debe ser el de informar con la utilización de una variedad de fuentes, sin incurrir en ocurrencias personales ni en ocultamientos de la realidad.
"Usted no puede decir lo que se le ocurre, que no puede inventar lo que no pasa ni puede ocultar lo que pasa, sino informar tomando todas las fuentes, verificando la información. Ese es el rol de los medios ante el Estado y ante toda la sociedad", aseveró.
Valoró también que el artículo 18 del Texto Constitucional ecuatoriano establece que el periodismo debe ejercerse sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior.
Detalló que lo establecido en la Legislación del país andino quiere decir que un periodista no puede tener censura previa, "pero tiene una responsabilidad ulterior que lo obliga a dar cuenta y responder, ante la ciudadanía, de lo que dice o publica.
"El problema está en que se cree que la libertad de expresión es un privilegio de los periodistas, cuando en realidad es un derecho universal", resaltó.
Abogó por la creación de instancias en Latinoamérica para la supervisión de los medios de comunicación, observatorios ciudadanos que le hagan frente a la arrogancia mediática presente en la región.
"Necesitamos observatorios de medios, veedurías ciudadanas de la comunicación social para que le pongan el cascabel a gatos y gatas arrogantes que existen en nuestros medios de comunicación social", expresó el comunicador cubano-ecuatoriano.
Destacó que en Venezuela, Ecuador y el resto de América Latina, se está entrando en una nueva época de la comunicación en la que se expresa que el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión debe ser universal y bien ejercida por todos los ciudadanos.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa ha calificado en reiteradas oportunidades a los medios de comunicación como los principales enemigos de los cambios que se desarrollan en su país y de la integración regional.
Degradación del oficio periodístico
En cuanto al oficio periodístico, el periodista y analista político boliviano Carlos Soria, sostiene que los medios de comunicación han abandonado la esencia de su función social para ocupar un vacío político que han dejado partidos de derecha.
"Ha sido de manera categórica que ante la declinación, prácticamente el desbaratamiento de las expresiones políticas de la derecha, los medios de comunicación han comenzado a ocupar ese vacío, ese lugar", dijo Soria en entrevista concedida a teleSUR.
Es decir, según el experto boliviano, los medios de comunicación, especialmente las grandes cadenas de televisión y algunas redes de periódicos están jugando el rol que los partidos de derecha deberían jugar en el ámbito democrático.
En su incursión política, según Soria, los medios de comunicación han degradado el oficio periodísitco, dejando a un lado la función de informar y toda la normativa que el desempeño de esas funciones implica.
De acuerdo con el periodista boliviano, se ha pasado a confundir directamente opininón e información, al difundir comentarios maliciosos en su afán de atacar a gobiernos progresistas, "violando toda la normativa, degradando el oficio periodístico".
"Antes de hacer información, están haciendo propaganda todo el tiempo, disminuyendo cualquier logro, adelanto, iniciativa política, social o económica del Gobierno, o ignorando todo este tipo de aspectos", recalcó Soria.
Recordó que, en el caso boliviano, el pasado mes de abril la Policía de ese país desarticuló una banda terrorista en el departamento de Santa Cruz (este) que planeaba asesinar al presidente de Bolivia, Evo Morales, ante lo cual los medios de comunicación social intentaron desviar la atención sobre el hecho.
Soria denunció que esa postura mediática obedece a vínculos del grupo terrorista desmantelado con sectores empresariales de derecha, entre ellos propietarios de medios de comunicación.
"En Bolivia lo hemos visto, en los últimos meses, luego de que en abril la policía descubrió un grupo terrorista en Santa Cruz, los medios han hecho todo lo posible por desviar la atención de los verdaderos responsables, de los vínculos de este grupo terrorista con núcleos empresariales de la derecha en Santa Cruz", detalló Soria a teleSUR.
Este tipo de acciones las catalogó como una especie de terrorismo mediático al que se enfrenta el pueblo boliviano a diario, y recordó que algo similar ha ocurrido otros países, particularmente en Venezuela cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002.
Conspiraciones, golpes de Estado y planes injerencistas, son maquillados informativamente para justificar al mundo la necesidad de frenar cualquier visión o acción progresista en la región.
En América Latina, los medios de comunicación han emergido como aparatos de hegemonía dominante que, prioritariamente, persiguen moldear y dirigir la conciencia de la sociedad civil contra el orden democrático.
Ante la realidad, se plantea un tema de revisión no sólo para las instancias nacionales, sino para los organismos que a nivel internacional les interesan los derechos humanos y el respeto por la democracia.
