Un rápido balance de los dos años de gestión de Carlos Stornelli en el Ministerio de Seguridad bonaerense nos deja estimar que pronto, desde el vértice de la pirámide gubernamental, le pedirán la renuncia. En el momento más crítico de su carrera, el funcionario perdió su condición de fusible y entonces -para seguir con la metáfora electrotécnica- puso en riesgo toda la instalación.
En sus primeros meses de ministerio, Stornelli, con furia de converso, se lanzó a desmontar pieza por pieza el plan de reformas a la estructura de Seguridad que había diseñado el ministro saliente, León Arslanián. Con su llegada, la fuerza policial volvió a tener un jefe salido de sus propias filas (y no del gobierno civil, como algún iluso demócrata imaginaba). Además, la recién creada Bonaerense 2 fue disuelta, integrando sus efectivos a la primera y borrando así toda intención de reeducación o cambio. Para colmo, gran parte de los casi dos mil agentes exonerados durante la gestión Arslanián (muchos de ellos, procesados por delitos graves) fueron amnistiados y reincorporados.
En el plano político, con la llegada de Stornelli, el gobierno de La Plata volvió a tratar los grandes temas de Seguridad con los intendentes y caciques del Conurbano (en otras palabras, hizo un nuevo reparto de prebendas, kiosquitos y negocios).
Finalmente, se impulsó una reforma procesal inconstitucional y regresiva, en reemplazo del régimen de garantías que se había conseguido en el último cuarto de siglo. Según la iniciativa -a punto de convertirse en ley- la policía puede detener, por simple presunción de conducta delictiva, “a vagabundos, mendigos, merodeadores, borrachos, trapitos o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, intérpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y trabajadoras sexuales” (así lo publicaron los diarios).
El paquete de Stornelli fue envuelto en fraseología fascista del tipo “Más poder de fuego a la policía” ó “Más patrulleros en las calles”, con la intención de ganar apoyo en algunos medios de comunicación y en sectores de la opinión pública que históricamente han sido partidarios de la mano dura (clientes del no-ingeniero Juan Carlos Blumberg y del ex comisario, condenado por crímenes de lesa humanidad, Luis Patti, en el pasado reciente).
Efectos del no-plan
Los efectos del no-plan de Seguridad del ministro Stornelli quedan a la vista al cabo de dos años de gestión: los exonerados se juntaron con sus socios de adentro y volvieron a las andadas. El crimen organizado, con la debida “protección” y las debidas “zonas liberadas”, se profundizó y extendió en sus dos históricas direcciones: la exacción violenta a los que tienen dinero (secuestros extorsivos, robos en countries, piratería del asfalto, contrabando de narcóticos, robo de automotores) y el reclutamiento de distribuidores de droga, sicarios y colaboradores informales en las franjas más vulnerables de la sociedad.
Claro que con la mafia -lo sabe cualquier lector de novela negra y relatos policiales- nunca se pacta a medias. Y los malentendidos, en ese campo, suelen hacer correr ríos de sangre. Cuando ciertos directivos de la fuerza afectados al secuestro y custodia de automotores robados y cuando ciertos desarmaderos de autos del gran Buenos Aires fueron repentinamente investigados –dice la historia oficial- los poliladros subieron la apuesta y le arrojaron al ministro Stornelli (y a los medios) tres crímenes horrendos, de alto impacto sobre la opinión pública.
Fue ahí cuando el Ministro se equivocó y, en un desliz, dijo la verdad: declaró a los medios que él sabía que había policías en actividad y retirados que reclutan menores para cometer delitos. También dijo que los asesinatos de la arquitecta Renata Toscano en Wilde, de la maestra Sandra Almirón en Derqui y de la bioquímica Ana María Castro en Lanús, formaban parte de un mismo “complot desestabilizador”. Tamaña revelación, por parte del Ministro de Seguridad bonaerense, ameritaba una intervención federal en esa área del gobierno, o tal vez en toda la provincia.
Para colmo, se publicó por esos días que la sección Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad tenía bajo observación a policías y ex policías acusados de reclutar menores para cometer delitos. “Son expedientes abiertos a partir de anónimos que llegaron a la auditoría en los últimos meses”, declaró ante el juez la directora del área, María Alejandra Provítola.
Fue entonces cuando la jerarquía secreta de la Fuerza (esto es pura ficción) se reunió y decidió que había que apoyar públicamente a Stornelli y decir que la misma Policía Bonaerense colaboraría con la investigación, para eliminar de sus filas a los elementos corruptos o vinculados al crimen organizado, etcétera, etcétera. Eso sí: que la investigación, para que estuviera libre de toda sospecha, la realizara la Justicia…
El día antes de Nochebuena (esto ya parece el desenlace de El Padrino III), Stornelli despidió a varios abogados y a personal civil de Asuntos Internos, dejando que más de 200 expedientes abiertos, relacionados con la corrupción policial, pasen a ser manejados por la misma Fuerza (¿en qué quedamos? ¿investigan los jueces o investiga la policía?).
Colorín colorado, el cuento de la instigación y la utilización policial de menores para cometer asesinatos y delitos, ha terminado.
"Así como me llamó la atención aquello -declaró el Gobernador este lunes- también me llama la atención y, en buena hora, que en todos estos días, gracias a Dios, no hubo que lamentar más episodios de esas características…"
Oscar Taffetani (APE)
Fuente: Argenpress
