Por Walter Goobar
La campaña en contra de lo que fue el proceso de sanción de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales se convirtió en uno de los espectáculos más groseros y pornográficos de nuestra vida en democracia. El Grupo Clarín, que en la actualidad maneja 264 licencias de medios de comunicación en todo el país, agitó los fantasmas de que la nueva Ley de Radiodifusión atenta contra “el pluralismo de ideas”, “la independencia periodística”, “la libertad de expresión” y “la libertad de prensa”. Sin embargo, la virulencia que tuvo la campaña y el cúmulo de falacias empleadas tienen más que ver con lo que Clarín siempre calló que con lo que informó.
En lugar de recurrir al básico ejercicio del periodismo, Clarín apeló a la inflamada retórica de una propaganda que forma parte de la banalización del periodismo. La dureza de su retórica verbal fue (es) un reflejo del silencio de años. La decadencia de los sectores que defendieron la vieja ley de la dictadura quedó evidencia en los spots televisivos que –a falta de argumentos– apelaron al miedo, utilizando términos como “ley mordaza”, “ley K”, y agitando los fantasmas de la censura, la desaparición de medios y de fuentes de trabajo.
En los canales del Grupo Clarín, como Todo Noticias (TN), y también en los de América TV, llamó la atención el bombardeo de spots apocalípticos producidos por una fundación llamada “Valores para el Bien Público”. Esa entidad no tiene existencia real, no figura en ningún registro de la Inspección General de Justicia, donde debería estar inscripta, y ni siquiera tiene una página web.
Varias fuentes sugieren que detrás de esa organización fantasmagórica se encuentra el diputado nacional y accionista de América TV Francisco de Narváez. Parece un contrasentido que las empresas de medios recurrieran a una campaña de propaganda –en lugar de la información– para comunicar su oposición a una ley, pero no lo es. A Clarín lo que le preocupa no es la perspectiva de tener que deshacerse de algunos medios, ni tampoco la posibilidad de que haya nuevos medios independientes, sino la perspectiva concreta de perder la potestad de construir la agenda única.
Pese a contar con excelentes profesionales, hace tiempo que el multimedios ha sacrificado su obligación de informar, en beneficio de la dinámica del insaciable crecimiento del consorcio grupal. Lo que este debate ha puesto al desnudo es que Clarín es un supermercado comunicacional que, a través del ejercicio selectivo de la información, persigue la gestación de negocios que son simples subproductos comerciales.
Padres de la ley. El multimedios, que ha bautizado a la ley de Servicios Audiovisuales como “ley K”, tiene la paternidad de tantas leyes y decretos confeccionadas a su medida, que no alcanzarían todas las letras del alfabeto para enunciarlas. Ninguna de esas leyes –que deberían llevar las iniciales de Videla, Menem, De la Rúa o Duhalde, entre otros– fue sometida a debate, audiencias públicas ni campañas propagandísticas. Nunca se cuestionó la legitimidad de los Parlamentos que las sancionaron en momentos en que toda la sociedad reclamaba “que se vayan todos”.
Con Jorge Rafael Videla, Clarín accedió a Papel Prensa, con Carlos Menem logró que se anulara el artículo 45, sancionado durante la dictadura, que prohibía la conglomeración de medios. A través de una licitación que estaba pactada para que la ganara Clarín, el holding accedió a las licencias de Radio Mitre y Canal 13 con lo que comenzaba la gestación del gran imperio que hoy conforma.
El 27 de diciembre de 1999, el Grupo Clarín S.A. y el banco de inversiones Goldman Sachs suscribieron el acuerdo de incorporación del banco norteamericano como socio minoritario. En esa operación, se vendió por 500 millones el 18% de todo el Grupo Clarín, con la excepción de Multicanal. Por increíble que parezca, todo este proceso de acumulación dio como resultado, a fines de los ’90, un holding endeudado en 1.000 millones de dólares, que llevó a todo el Grupo a un proceso de decadencia en el que tuvo que invertir todo su poder de presión para el salvataje.
En el libro El Hombre de Clarín –que es una benévola biografía autorizada de Héctor Magnetto–, el periodista José Ignacio López refleja la versión edulcorada de un modelo que legitima la eficacia de la extorsión como metodología sistemática para el crecimiento periodístico y empresarial. Si es preciso, se estigmatiza, hasta la destrucción, a los enemigos. Con los derrocamientos de De la Rúa y de Rodríguez Saa, Clarín logró sanear su economía. Abandonar la “pelea del descenso”, o sea, del quebranto. Al transferir, hacia la sociedad, los efectos residuales, del admirable crecimiento empresarial. Antes del 2001, el Grupo Clárin tenía una estimación de valor en el mercado de 3.200 millones de dólares; una estimación de facturación en 1999 de 2.000 millones de dólares y una deuda de alrededor de 1.700 millones de dólares que pesificó Duhalde pasando a deber sólo la tercera parte.
En la página 457 de El Hombre de Clarín se brinda una exculpación fundamental de la pesificación asimétrica que coronó la salida de la Convertibilidad. Dice el libro: “La idea de la licuación, casi un slogan, ya estaba instalada, y sería difícil cualquier esfuerzo por matizarla”. La “instalación” a la que hace referencia incluyó a AGEA, o sea a Clarín y a La Nación, entre las empresas que se beneficiaron ampliamente con la “licuadora” del 2002. Con Duhalde, Clarín, ostensiblemente, se dedicó a callar y a explotar los beneficios del silencio.
Gracias Duhalde. La Ley de Protecciones Culturales también pasó a la historia, como la Ley ProClarín y fue votada durante la presidencia de Eduardo Duhalde. El gran benefactor de los pesificadores asimétricos gestó la Ley Clarín para salvar al Grupo. En el peor momento de la crisis, en febrero de 2002, llegó la primera modificación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, cambios que llevaron a bautizarla nuevamente con el poco original rotulo de Ley Clarín, porque favorecía la posición del diario. La nueva ley extendía los plazos de negociación, que eran 7 a 9 meses de 14 a 24, y eliminaba la posibilidad del cram down, una etapa que inquietaba a Ernestina Herrera de Noble y sus ejecutivos, ya que podría permitir que un acreedor se apropiara de la compañía en una fase previa a una eventual quiebra. El caso tuvo un nuevo capítulo el 4 de diciembre de 2003, cuando el Senado de la Nación aprobó una segunda modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, según las especificaciones aportadas por Clarín.
A partir de la sanción de esta nueva ley, para Clarín, ya nada será igual. El multimedios, que entre sus 3600 empleados tiene excelentes periodistas, no ha permitido que ni uno sólo se haya podido expresar a favor de la ley, y no es porque esas opiniones no existan. Lo que ocurre es que Clarín aplica la política de la “tolerancia cero” con el disenso, como lo demuestra el hecho que desde hace cinco años la empresa no permite ninguna actividad gremial de la profesión que dice defender. En la pelea con el Gobierno, ha terminado pulverizando la materia fundamental para el ejercicio del periodismo. La credibilidad.
FUENTE: El argentino.com
NOTA: Debido a un detalle en la primera infografía que me marcó el amigo Fernando, pongo esta otra también. En la primera aparece el diario Página 12 como que es 100% del grupo Clarín. En esta última, no aparece...
En Wikipedia y en otras páginas donde busqué el dato, tampoco figura Página 12.
Trataré de buscar en algún otro sitio y si encuentro algo, lo aclararé aquí...
